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Condenan por terrorismo a implicados en intentar “quemar vivos” a policías en el estallido social
Los condenados deberán pagar su pena en centros penitenciarios.
Un juzgado especializado de Bogotá condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por su participación en el ataque al CAI del barrio La Aurora, en la localidad de Usme, durante el denominado estallido social de mayo de 2021.
Ambos fueron hallados culpables de los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.
Los hechos ocurrieron la noche del 4 de mayo de 2021, cuando un grupo de manifestantes atacó el CAI con piedras, palos y bombas incendiarias, conocidas como “molotov”, mientras 15 policías se encontraban refugiados en su interior.
Según relató el juez, los uniformados vivieron “un estado de desesperación total”, temiendo por sus vidas ante las amenazas de los atacantes, quienes gritaban: “¡Matemos a esos cerdos! Si no salen, los quemamos adentro”.
Durante el juicio, se presentó evidencia que vinculó directamente a Murcia Rodríguez y Hernández Socha con el atentado.
Murcia habría sido el encargado de prender las bombas incendiarias, mientras que Hernández las lanzaba contra la infraestructura policial. También se probó que ambos participaron en agresiones físicas a los uniformados.
Aunque la defensa argumentó que era imposible identificar a los atacantes y cuestionó la validez de las declaraciones de los policías, el juez desestimó estas afirmaciones.
Además, reprochó el comportamiento de los acusados, quienes se rieron durante el juicio, incluso mientras un policía rompía en llanto al recordar los hechos.
Los testimonios de las víctimas fueron fundamentales para el fallo, ya que describieron cómo los atacantes destruyeron el lugar, quemaron una motocicleta oficial y lanzaron objetos contundentes mientras los amenazaban.
El juez quinto especializado condenó a Murcia Rodríguez y Hernández Socha a penas que oscilan entre los 18 y 20 años de prisión. Sin embargo, el tribunal absolvió a ambos de los cargos de daño en bien ajeno agravado y empleo de sustancias peligrosas, al no demostrar estos delitos más allá de toda duda razonable.
A pesar de la gravedad del fallo, los condenados se encuentran en libertad, aunque el juzgado podría ordenar su captura inmediata para garantizar el cumplimiento de la condena y evitar interferencias en la justicia.
Información de Colprensa.
