Contralor de la República: “Entre 2011 y 2022 se triplicó el presupuesto para el sector penitenciario y carcelario, pero las condiciones siguen siendo deplorables”

En la mañana de este viernes la Contraloría General de la República publicó un estudio en el que se evidencia que durante los últimos 20 años las billonarias inversiones realizadas, han sido insuficientes para superar la grave crisis que enfrenta el sistema carcelario y penitenciario en Colombia.

El estudio ‘Desafíos de las políticas públicas, la Institucionalidad y el uso de recursos en la crisis carcelaria y penitenciaria en Colombia’, mostró que el problema de hacinamiento persiste a pesar de que entre los años 2011 y 2022, el presupuesto del sector penitenciario y carcelario se triplicó, pasando de $1.128 billones a $3.408 billones.

“Además, concluimos que todos los programas de alimentación que se han hecho en las cárceles siguen siendo insuficientes, deficientes y no cumplen las condiciones mínimas para que podamos tener una alimentación adecuada en los centros penitenciarios. Sin embargo, lo más delicado de todo esto es que a pesar de las muchas inversiones que se han realizado, sobre todo en infraestructura, hoy persisten proyectos siniestrados, que están suspendidos y que no garantizan que podamos mejorar sustancialmente las condiciones de los detenidos”, indicó, en medio de una visita a Cali, Carlos Mario Zuluaga, contralor general de la República.

El funcionario también sostuvo que “entre 2011 y 2022 se triplicó el presupuesto para el sector penitenciario y carcelario, pero las condiciones siguen siendo deplorables”.

El estudio de la Contraloría General dice que “no se han tomado acciones efectivas que permitan un manejo eficiente de las causas estructurales de la problemática como son, el aumento de los índices de delincuencia y violencia, el deterioro de gran parte de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, la falta de aplicación de la alternatividad penal, el populismo punitivo y las múltiples modificaciones del Código Penal”.

Desde la visión del Contralor, el objetivo de este estudio es ayudar a evaluar la política pública y su impacto. “Estas recomendaciones finales que hacemos tienen el objetivo de que cuando se vayan a tomar decisiones nuevamente frente a la asignación de presupuesto se tengan en cuenta que muchos de ellos no han sido eficientes y, durante 20 años, ha fracasado la inversión que se ha hecho y los programas que se realizan al interior de los centros penitenciarios en el país”.

Además, fue enfático en decir que se debe evaluar si se están seleccionando los mejores proveedores para prestarle sevicios básicos a las personas que están privadas de la libertad en Colombia: “En esta política de inversión que ha tenido tantas difícultades se requiere tener un programa mucho más articulado, tener mejores operadores, lograr garantizar la selección objetiva de personas y empresas que se hayan especializado en estos tipos de servicios. Además, hay que tener mejores seguimientos en la construcción de centros penitenciarios, pues hoy en todo el país hay varios sin terminar”.

Según la Contraloría, “el propósito de resocialización no se está logrando porque los establecimientos carcelarios se convirtieron en universidades del crimen y el impacto negativo de la reincorporación del exconvicto a la sociedad es cada vez mayor”.

Finalmente, a juicio de la Contraloría General, no habrá resultados efectivos, si las dos instituciones que tienen bajo su responsabilidad el manejo de los centros penitenciarios y carcelarios; INPEC y USPEC, no incorporan cambios estructurales a su gestión, a la manera de articular acciones, a trabajar hacia el mismo propósito y a mejorar sus procesos en especial de planeación y control, que den garantía de las inversiones de los presupuestos públicos.