Corte solicitó al Gobierno responder a crisis carcelaria en Plan Nacional de Desarrollo

A menos de una semana para que el Gobierno radique el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso, la Corte Constitucional pidió al Gobierno incluir un plan para solucionar el estado de cosas inconstitucionales de la crisis carcelaria.

En el auto, la Corte le solicita al gobierno que se establezca un plan de inversiones como objetivo de acción estatal, un programa de acción concreto y un esquema financiero para superar la crisis en el sistema carcelario y los centros de detención transitorias. Además, solicita al gobierno que informe al alto Tribunal qué acciones se adelanten para superar el problema a corto, mediano y largo plazo.

Por otra parte, solicitó al Congreso de la República a que estudie y tramite las propuestas que el gobierno presente para superar la crisis judicial y penitenciaria que se viven en toda Colombia.

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Desde 1998, en la sentencia T-153, el Alto Tribunal declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional (ECI) en las prisiones del país, al evidenciar las vulneraciones que se hacían a las condiciones de vida de la población privada de la libertad. Fue el primero de ese tipo declarado en el país.

En esa sentencia, se relacionaban condiciones insalubres, irrespeto por la intimidad, máxima incomodidad, violencia y agresiones que sufrían las personas recluidas a causa de deficiencias estructurales que se había gestado hace años, hasta llegar a una situación de hacinamiento.

Posteriormente, aunque se implementaron medidas legislativas y administrativas, en 2013, la Corte identificó la persistencia de problemas de hacinamiento y vulneración de derechos y evidenciando que el sistema penitenciario y carcelario en Colombia se encontraba nuevamente en un estado de cosas, contrario a la Constitución Política.

A diferencia de 1998, donde la causa de la crisis carcelaria fue el abandono del estado, en 2013, la Corte aseguró que el hacinamiento se derivó de fallas estructurales de la política criminal en su conjunto.

Estos llamados fueron reiterados por la Corte Constitucional durante 2013, 2015, 2017 y hasta 2022, sin soluciones claras y concretas como lo expresa en el documento.

“Al analizar las respuestas verbales y escritas dadas en la sesión técnica del 21 de noviembre de 2022, tanto el Gobierno Nacional como las demás instituciones involucradas en el ECI no han logrado formular una estrategia o plan de acción concreto para superar la vulneración de derechos y traducirla en una política pública”, asegura.

25 años después, la Corte sigue realizando llamados para superar la crisis penitenciaria derivada de muchos problemas estructurales y hasta de la justicia criminal. "Persisten los problemas en materia de cupos, así como las deficiencias para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”.

Según cifras entregadas por el alto tribunal, la población privada de la libertad era de 98.469 personas. Esto significa una sobrepoblación de 17.321 personas, lo que representa un hacinamiento global del 21,34%.

A juicio de la corte, estos datos se ven mucho más críticos si se analiza que 20 Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON), ubicados en Colombia, tienen más del 80% de hacinamiento. Por ejemplo, en la cárcel de La Paz en Antioquia, el hacinamiento es de 210% debido a la cantidad de 1.164 reclusos cuando realmente la capacidad es de 375.

Y aún peor cuando se analizan las Unidades de reacción Inmediata (URI), que, según la Corte, tienen hacinamientos de 110%, con 1.816 presos cuando las capacidades son de 863 personas. Lo mismo ocurre con algunos Centros de Atención Inmediata (CAI) que llegan al 280% de hacinamiento, pues con capacidad de 270 internos llegan hasta 1.026.

Según expresa el auto de la Corte Constitucional, desde 2013 el Estado colombiano no ha tomado las medidas adecuadas que permitan seriamente garantizar los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

“Se hace necesario que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, diseñen, elaboren, adopten, implementen y ejecuten las acciones, decisiones, políticas o medidas legislativas y administrativas que sean necesarias, encaminadas a cumplir las órdenes proferidas hasta ahora por la Corte Constitucional, tendientes a superar los problemas estructurales que afectan al sistema penitenciario, carcelario y de los centros de detención transitoria”, expresa la decisión.