Debate: ¿es conveniente permitir el porte de armas "por razones de seguridad"?

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, explicó que desde su despacho se estudiarán los casos en los que ciudadanos deban portar armas, teniendo en cuenta que el decreto que firmó el presidente Iván Duque mantiene suspendidos los permisos para el porte de armas durante todo el 2019.

"El decreto simplemente tiene una variación sobre los decretos anteriores en el sentido que el Ministerio de Defensa va a expedir unas directrices para que los permisos sean otorgados de manera más objetiva, eliminando discrecionalidad de los funcionarios que tenían la oportunidad de crear permisos especiales", dijo el Ministro en diálogo con Caracol Radio.

Si bien el jefe de la cartera anunció que es necesario verificar los permisos especiales, reiteró que el monopolio de las armas debe estar enteramente bajo el dominio del Estado.

“Los particulares no deben estar armados, pero reconocemos que puede haber un caso especial que será estudiado y que posiblemente puede haber un permiso si así se requiere”, añadió el alto funcionario del Gobierno.

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En cuanto a los líderes sociales, el Ministro aseguró que desde el sector defensa no consideran que ellos tengan un permiso especial. Reiteró que la seguridad de los mismos debe estar a cargo de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, general Nicasio de Jesús Martínez, coincidió con el Ministro en que se debe realizar un estudio de seguridad detallado de las personas que requieran tal permiso.

“Estoy de acuerdo en que quien reciba esos permisos especiales no sea quien crea que los necesita, sino que objetivamente un estudio de seguridad de capital, movimientos y actividades personales lo obligan a tener salvoconducto especial”, dijo el oficial.

Según Botero, en declaraciones a la emisora W Radio, el que porte hoy armas y tenga salvoconducto solo la puede tener guardada en su casa. Quien tenga el permiso especial, contemplado en el decreto, sí la puede portar en la calle.

Este año se han revalidado en Cali 1850 salvoconductos (permisos legales para portar armas), según datos de la Tercera Brigada del Ejército. Además, se han vendido 150 de estos mecanismos en las instalaciones del Batallón Pichincha en este 2018.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos y Análisis para el Conflicto, Cerac, el nuevo parágrafo busca “cerrar una puerta a casos eventuales de corrupción y establece unos criterios para asegurarse de que esas armas no vayan a caer en manos de personas que no están aptas para portarlas”.

Restrepo añadió que el decreto firmado por el presidente Iván Duque no flexibiliza el acceso a las armas de fuego, sino que por “el contrario elimina la discrecionalidad que hasta hoy tenían los oficiales de las Fuerzas Armadas para otorgar permisos excepcionales con el fin de tener un arma por motivos de inseguridad o riesgo extremo”.

Sin embargo, el experto añadió que falta en el país hacer seguimiento más frecuente y periódico “a las personas que tienen armas de fuego para hacer un registro cuidadoso y de control de municiones, además de asegurarse de que los ciudadanos que porten las armas tengan un entrenamiento adecuado y cuenten con un depósito seguro para guardarlas”.

En un sentido similar se pronunció Katherine Aguirre, investigadora asociada del Instituto Igarapé de Brasil y experta en seguridad, quien se mostró de acuerdo con la ratificación de la restricción.

“Esto debe abrir caminos para una discusión amplia del control de armas, no solo basados en el porte de armas de los civiles, sino todo ese tránsito de las armas legales a las ilegales y poder identificar los puntos de desvíos, entendiendo la responsabilidad de las Fuerzas Militares y de Policía en estas dinámicas que nutren el mercado ilegal”, afirmó Aguirre.

El congresista del Valle Cristhian Garcés, quien lidera junto a 49 representantes la propuesta de flexibilizar el acceso a las armas en el país, celebró la decisión tomada al decir que hay “muchos ciudadanos que están todavía sin la posibilidad del derecho legítimo a la defensa por los traumatismos generados con la medida inventada por Santos”.

Añadió: “hay personas que necesitan acceder a las armas por problemas de seguridad como la extorsión o el secuestro. Con la reglamentación que expida el Ministerio se van a definir los criterios claros de quién debe o no tener un arma”.

De otro lado, el congresista Roy Barreras dijo que “flexibilizar porte de armas es flexibilizar posibilidades de que un ser humano mate a otro. La democracia y toda forma de Estado de Derecho implican monopolio de las armas por parte del Estado. Autorizar formas de autodefensa es declarar el fracaso del Estado”.

Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en un país donde “muchos ciudadanos no sienten que el Estado les responde en materia de seguridad y se toma la justicia por mano propia, no va a salir nada bien legalizar el porte de armas de fuego en el territorio nacional”.

Uno de los datos más fuertes en materia de uso de armas de fuego está en la capital del Valle, ciudad que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre pasado registró 1051 homicidios, 48 casos menos que 2017, según datos del Observatorio de Seguridad. El 80, 88 % de esas muertes violentas fueron cometidas con armas de fuego.

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