Demandan a juez del caso Bartolo Valencia por prevaricato

La demanda la interpuso Gustavo Moreno, abogado del alcalde de Buenaventura.

Por prevaricato fue demandado el juez Hernando Rafael Agudelo Chárris, quien lleva el caso del hoy detenido alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia. Lea también: Pruebas contra Bartolo Valencia son "ilícitas", alega su abogado defensor.La demanda la interpuso el abogado del alcalde Valencia, Gustavo Moreno, para quien el juez, al parecer de manera predeterminada, “fungió como juez de Control de Garantías".

Explicó que el jurista legalizó la captura y privó de la libertad a Bartolo Valencia y no se declaró impedido, "sabiendo que él ya había prejuzgado, porque las acciones que ordenó tomar contra Valencia se dieron sin una sola prueba conducente".

Añadió que la decisión tomada por el juez "fue soportada por la espectacularidad de la captura del mandatario afro, donde además le mintieron a la opinión, filtrando informaciones falsas y entregando actuaciones reservadas”. También consideró que “preocupa que hoy en nuestro país a los colombianos se les envíe a la cárcel sin respetar los mínimos derechos y garantías a que tienen lugar todos los ciudadanos en un proceso judicial, donde es claro que la justicia se debe apartar de los intereses personales del ente acusador. Lo anterior entendiendo que la medida de aseguramiento no es la anticipación de la pena”. Dijo Moreno que pedirá el traslado del juicio a Cali para que también sea a la vista pública para “demostrar la inocencia de Bartolo Valencia, y que no hubo detrimento patrimonial”. 

Desde comienzos de septiembre Bartolo Valencia Ramos y otros tres de sus funcionarios están recluidos en un centro carcelario luego de que el juez decretara medida de aseguramiento porque podrían entorpecer, obstruir, el desarrollo de  las investigaciones. 

Bartolo Valencia Ramos, de 59 años, es abogado de profesión y se le acusa, junto a los funcionarios, de defraudación que llega a los $919 millones. 

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Valencia y los otros detenidos habrían incurrido en un caso de defraudación en 2012, cuando el Ministerio de Educación giró a Buenaventura $103 mil millones, de los cuales $25 mil millones estaban destinados a la ampliación de cobertura. 

Fue parte de este dinero, según sostuvieron los fiscales, el que se malgastó por los funcionarios públicos en contrataciones con colegios que no cumplían los requisitos mínimos de la ley.