Denuncian negligencia en investigación por caída de ascensores en Palacio de Justicia​

Debido a que la Fiscalía aún no habría contratado al día de hoy los peritos para hacer la valoración del ascensor desplomado hace ocho meses en el Palacio de Justicia, episodio que dejó dos muertos y cuatro heridos, las familias de las víctimas pedirán recursos a la ciudadanía para contratar los expertos y así adelantar la investigación.

“Ante la negligencia de la Fiscalía, vamos a iniciar la búsqueda de los $13 millones que cuesta el peritaje”, aseguró Beatriz Barros, cuyo hermano Álvaro León, murió en la tragedia ocurrida el 15 de agosto del año anterior.

El pronunciamiento tuvo lugar ayer en una rueda de prensa en el edificio Josénao, en el centro de Cali, encuentro en el que el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, dio detalles del supuesto incumplimiento de la Fiscalía.

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“Esta investigación primero estuvo a cargo de un fiscal que nos dijo que habían contratado los servicios de tres peritos para determinar las causas exactas del desplome, pero nos dimos cuenta que eso era mentira, no se había hecho ninguna contratación”, aseguró Montaña.

El abogado indicó que dicho fiscal fue reemplazado más tarde por otro funcionario “por razones de salud”.

Ese último, de acuerdo con Montaña, encontró que la Fiscalía no contaba con los técnicos adecuados para el proceso, por lo que hizo una solicitud hace tres meses a la central de Bogotá para que autorizara el pago de la contratación. Pero hasta la fecha no habido una respuesta.

“Aquí hay un riesgo enorme de que esa evidencia se pierda, que haya sido adulterada por la inoperancia de la Fiscalía. Es inaceptable que esta, con los recursos que cuenta, no disponga de los medios para atender investigaciones de esta naturaleza”, manifestó.

Montaña también aseveró que la investigación se encuentra detenida por supuestas influencias en el proceso por parte de Clara Inés Ramírez, directora seccional de la Administración Judicial de Cali.

“Más inaceptable resulta que las familias de las víctimas y los afectados tengan que apelar a la caridad pública, porque ellos no tienen los recursos para sufragar ese peritazgo”, comentó el abogado.

El País intentó contactarse con alguna fuente de la Fiscalía para se pronunciara al respecto de estas acusasiones, pero se informó que el ente no emitirá comentarios por el momento.

Y en cuanto a Ramírez, quien fue contactada por esta casa periodística, esta solo se limitó a decir: “No estoy enterada (del pronunciamiento de Montaña y la familia de los afectados). No puedo responder nada al respecto. Cuando tenga algo oficial diré algo”.

Cabe recordar que Clara Inés Ramírez, junto con Diógenes Villa Delgado, director ejecutivo de Administración Judicial, fue demandada por las familias de las víctimas en septiembre del año pasado por el delito de homicidio culposo, dado que ellos estaban a cargo del mantenimiento de los ascensores.

En esas mismas fechas también se descubrió que los equipos fueron modificados dentro del Palacio, y no dentro de un laboratorio, porque no cabían dentro de los huecos en donde iban a operar, lo que generaría daños estructurales en el sistema de frenado y que sería una de las causas de la tragedia ocurrida el año pasado.

Por otra parte, el pasado 26 de marzo inició la instalación de los nueve ascensores en las dos torres del Palacio tras el desmonte de los antiguos.

Otis Elevator Company fue la empresa contratada en febrero de este año para la instalación y ejecución de las obras civiles y eléctricas para la puesta en marcha de estos equipos. La inversión por estas labores es de $3564 millones.

Según declaraciones de Clara Inés Ramírez, directora seccional de la Administración Judicial de Cali, suministradas el pasado 26 de marzo, el contrato fue suscrito por un periodo de diez meses, es decir, se espera que a finales de diciembre de este año sean entregados los ascensores nuevos.

La funcionaria dijo en su momento: “Hoy (26 de marzo) todo el equipo de trabajo de la Otis realizó la inspección de los pozos donde se van a colocar los nuevos ascensores e inició el proceso de desmonte de los antiguos equipos”.

Agregó: “Paralelamente, también se hizo la solicitud de compra para la importación de los elevadores, que deben estar llegando para finales de junio, de acuerdo con el cronograma que ellos (Otis) han establecido”.

Sin embargo, Ramírez precisó, en ese momento, que aún no pueden intervenir el ascensor siniestrado, pues en sus puertas hay una cadena de custodia por parte de la Fiscalía.

“En este momento no podremos empezar obras hasta que esa entidad nos lo entregue, y tampoco sabemos cuánto se pueda demorar ese proceso”, aseguró la directora seccional de la Administración Judicial de Cali.

En septiembre del 2018 la familia de las víctimas denunció a la directora de la Administración Judicial de Cali por el supuesto delito de homicidio culposo.

Los juzgados de familia, civiles y laborales están trabajando en otros edificios, producto de las instalaciones de los nuevos ascensores en el Palacio.

Hernán Lozano, uno de los cuatro heridos que dejó el incidente en el Palacio de Justicia y quien sufrió 120 fracturas, contó que se encuentra en una fase de recuperación de masa muscular y de fuerza muscular.

Esto se debe al tiempo que estuvo postrado: 45 días en cuidados intensivos y cuatro meses de atenciones en el HUV.

”Mi recuperación va bien. He pagado terapias más de las que me mandan y espero volver a aprender a caminar otra vez”, aseguró Lozano.

Pero agrego: “Más allá de las secuelas de carácter físico, piensen en las morales, afectivas, esas que son irreparables y no pueden quedar impunes. Este caso es una crónica de una muerte anunciada, porque desde antes de ocurrir la tragedia se sabía que había problema con esos ascensores”.

Además de los dos muertos y cuatro heridos, con la emergencia se suspendió el servicio en más del 90% de los despachos judiciales ubicados en el Palacio.