El coronel (r) Jorge Alberto Amor fue condenado a 31 años de cárcel por facilitar que paramilitares asesinaran a 24 personas en Buga

La Fiscalía General de la Nación, informó en la mañana de este domingo 7 de enero, que logró una condena ejemplar en contra de excomandante del batallón Palacé del Ejército Nacional por la muerte de 24 personas en Buga, Valle del Cauca.

“El coronel en retiro Jorge Alberto Amor Páez omitió su deber de proteger a la población civil y facilitó el actuar de la estructura paramilitar que perpetró la masacre en octubre de 2001″, dijo el ente de control.

El tribunal Superior de Buga condenó al coronel (r) a 31 años y 11 meses de cárcel por su participación criminal en una acción que dejó a 24 personas muertas el 10 de octubre de 2001 en este mismo municipio del Valle del Cauca, lo que revocó la decisión que lo había absoluto.

Amor fue condenado por el delito de homicidio en persona protegida. Los hechos fueron cometidos por una acción de las Autodefensas Unidas de Colombia en las veredas La Alaska, La Habana y La Magdalena, cuando hombres armados llegaron hasta las viviendas y sacaron a 24 pobladores; posteriormente les dispararon a quema ropa.

“El coronel Amor Páez desentendió varias denuncias presentadas con anterioridad por la comunidad, en las que alertaban sobre patrullajes, retenes y hostigamientos en zona rural de Buga por parte de grupos paramilitares”, dijo Hugo Tovar Pérez, director especializado contra las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía.

Al omitir su obligación y deber constitucional de proteger a la población civil, no ejercer actividades de control territorial y ordenar a sus unidades alejarse del área donde ocurrió la masacre, el entonces comandante del batallón Palacé del Ejército Nacional, fue condenado.

El coronel (r) también habría participado en otros hechos delictivos, según la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidió negar la petición del militar de anular la imputación de cargos que el tribunal de paz le formuló los delitos de desaparición forzada y el homicidio de persona protegida, considerados crímenes de guerra, además es señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos en Dabeiba.

Respecto a las masacres presentadas en los municipios de La Habana, Alaska y La Magdalena, la justicia determinó que el oficial incumplió con su deber de implementar acciones para proteger a la población civil, esta acción de exmilitar fue reconocida como un factor fundamental que facilitó y permitió que los paramilitares llevaran a cabo la masacre de las 24 personas.