El dilema: Identificar 20 cuerpos de mujeres muertas en choque de pandillas de cárcel de Honduras

Los médicos forenses de Honduras tienen problemas para identificar 20 cuerpos de las 46 mujeres que murieron el martes en un choque entre pandillas dentro una cárcel, informó este jueves el Ministerio Público de ese país.

“Equipos médicos forenses ya realizaron las 46 autopsias médico-legal de las personas que fallecieron en esta cárcel de mujeres”, pero “por entregar faltan 20 cuerpos” ante las “dificultades para identificarlos”, dijo la portavoz de la Dirección de Medicina Forense, Issa Alvarado.

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De acuerdo con las autoridades, reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando con armas de grueso calibre en el edificio donde se ubican sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13), y posteriormente le prendieron fuego.

“El módulo está completamente destruido, fue quemado en su totalidad”, aseguró la presidenta de la asociación de familiares de privados de libertad, Delma Ordóñez.

Un total de 46 reclusas murieron. Siete heridas fueron trasladadas al capitalino Hospital Escuela, donde se recuperan.

Un total de “26 de ellas fueron plenamente identificadas” por las huellas digitales que se comparan con las del Registro Nacional de las Personas o por “pruebas odontológicas”, explicó la portavoz.

En el “proceso” el cuerpo que ingresa se etiqueta con un número de autopsia, se le toman radiografías y se practican pruebas de laboratorio, para la elaboración de un dictamen que se entrega a la fiscalía.

“Cuando un cuerpo no puede ser identificado” por huellas o dentadura, por el alto grado de incineración, se continúa el trabajo con ADN”, añadió el portavoz.

Parientes de las fallecidas permanecían en tiendas de campaña instaladas por la Cruz Roja e instituciones del gobierno frente a la Dirección de Medicina Forense, este de Tegucigalpa.

La presidenta Xiomara Castro se declaró “conmocionada” por el “monstruoso asesinato de mujeres planificado por maras” y anunció medidas “drásticas”.

Así destituyó al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y a una junta interventora encabezada por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.

Villanueva dijo a periodistas que la reyerta fue “producto de las acciones del crimen organizado” en respuesta a la intervención anunciada por las autoridades en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara, en el occidente del país, y de La Ceiba, en el Caribe.

En Cefas se ha “reactivado el vandalismo y mujeres, con armas y pasamontañas, generaron quemas”, pero el fuego fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de Honduras, señaló Villanueva, designada por la presidenta hondureña, para liderar una intervención de las cárceles del país.

Sabillón, que fue enviado a un cargo diplomático, fue reemplazado por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.

Desde abril, Castro había nombrado a Villanueva, después de que varios enfrentamientos registrados en cuatro cárceles dejaran un muerto y siete heridos.

En diciembre pasado, Castro declaró un “estado de excepción” para enfrentar a las violentas pandillas, en una medida que se asemeja a las impuestas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año, aunque con menos acciones y resultados que en territorio salvadoreño.

El gobierno decidió el miércoles que la “Policía Militar de Orden Público asume a partir del 1 de julio” el “control de los 21 centros penales del país por un periodo de un año”, mientras capacita 2.000 nuevos custodios de las prisiones.

Asimismo, ordenó a las Fuerzas Armadas habilitar una instalación que tienen en las caribeñas Islas del Cisne “como granja penal para el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales, considerados de alta peligrosidad”.

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