Jefe del Inpec confirma que se decreta la emergencia carcelaria en Colombia, tras asesinato del director de La Modelo

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, teniente coronel Daniel Gutiérrez, confirma que se decreta la emergencia carcelaria en el país, tras el asesinato del director de La Modelo de Bogotá, coronel retirado Elmer Fernández, y en medio del aumento de amenazas y ataques contra funcionarios de esa entidad.

Como se sabe, el director de la cárcel fue ultimado a balas, al parecer, cuando salía de este centro penitenciario, ubicado en la localidad de Puente Aranda.

De acuerdo con Gutiérrez, la emergencia carcelaria busca “articular las capacidades de otras instituciones, porque no tenemos las capacidades en el Inpec para salvaguardar la vida de todos los servidores penitenciarios” y agregó en que se persistirá en esa articulación “para que sea efectivo el impacto” de la medida.

“Le hemos pedido a la Unidad Nacional de Protección, UNP, y a todas las autoridades investigativas y judiciales que adelanten las investigaciones para poder determinar todas las hipótesis sobre lo ocurrido”, afirmó el funcionario con respecto a los hechos que rodearon el asesinato de la cabeza de La Modelo.

A propósito, Augusto Rodríguez, director de la UNP aseguró que la seguridad del funcionario asesinado estaba a cargo del Inpec.

“Lamentablemente, el coronel Elmer Fernández no había solicitado protección a la Unión Nacional de Protección. Acabo de hablar con el coronel Gutiérrez, el director del Inpec, quien me comentó que sí había habido amenazas contra el coronel Fernández”, señaló.

Rodríguez agregó que el director de La Modelo había puesto en conocimiento de la Fiscalía Genera de la Nación las amenazas recibidas el pasado 9 de mayo, pero que no solicitó protección, porque, “aparentemente, él no consideraba que fueran suficientemente serias como para pensar que se pudieran cristalizar en un atentado”.

De su lado, al anunciar la vigencia de la emergencia carcelaria, el director del Inpec denunció que en los últimos dos años sus funcionarios han recibido más de 550 amenazas.