El jugoso negocio del oro ilegal colombiano

En el mercado de los metales preciosos no todo lo que brilla es oro… legal. Hay datos y cifras que aportan visos de opacidad en este renglón de la economía colombiana que, junto al petróleo y el café, aporta los mayores ingresos al Producto Interno Bruto del país.

De acuerdo con analistas consultados, apenas un 15% del oro que produce Colombia cada año corresponde a la minería legal. El 70% de esa producción es extraída por la minería informal (pequeños productores artesanales que no están legalizados) y el 15% restante es producto de la minería ilegal que se realiza en entables controlados por organizaciones criminales.

Solo en las refinerías de OPM Metals LLC., ubicadas en Ohio, Estados Unidos, en los últimos cinco años fueron procesadas más de diez toneladas de oro con un valor aproximado a US$336 millones de dólares y que fueron extraídas ilegalmente en Colombia. Detrás de este millonario tráfico estuvo la Comercializadora Internacional NTR Metals Zona Franca SAS, ubicada en la ciudad de Palmira, subordinada de la corporación Elemetal Direct de Dallas (Texas) y creada en Colombia con un capital de cien millones de pesos.

De acuerdo con información de la Fiscalía, esta empresa con registros mercantiles en Cali y Palmira compró bases de datos de la población de algunos municipios para hacer falsas inscripciones de mineros artesanales y conformó empresas de papel que presentaba como proveedoras y que le servían no solo como escudo fiscal y penal, sino para legalizar el oro extraído a costa de la destrucción del medio ambiente en amplias zonas de Nariño, Cauca, Chocó y Valle.

El modelo es el mismo que utilizó la comercializadora internacional Goldex, desmantelada en 2013 y señalada de lavar activos de minería criminal por $2,5 billones de pesos (US$714 millones de dólares). Pero por más que NTR Metals Zona Franca logró desaparecer mediante hackers todos los registros digitales de su propietario, hace pocos días las autoridades colombianas, con ayuda del gobierno de Estados Unidos, llegaron a un lujoso apartamento en el oeste de Cali para capturar a Said Kamle Bustos, dueño también del 50% de la empresa Precious Metals Investments SAS y considerado por las autoridades como el “capo del oro”.

Siete estructuras delincuenciales que operaban como comercializadoras internacionales de oro “han sido desmanteladas en Colombia en los últimos cinco años y con unas transferencias representadas en billones de pesos. Con esas ganancias incalculables, muchas de las personas que hacían parte de esas estructuras se han reciclado en otras empresas que siguen operando y a las que les seguimos el rastro dentro y fuera del país”, explica un agente del CTI de la Fiscalía que pide no revelar su identidad porque tienen una investigación en curso.

El desmantelamiento de la comercializadora Goldex dejó al descubierto que cientos de miles de amas de casa, estudiantes y profesionales fueron incluidos en listas falsas de barequeros para justificar compras de oro y que se crearon compraventas de papel. A partir de ello, el Gobierno Nacional incrementó los controles en toda la cadena de suministro.

Con esta decisión, muchas comercializadoras internacionales de metales preciosos, como NTR Metals, encontraron en las diversas zonas francas del país una posibilidad de trabajar con las ventajas fiscales que ofrecen estos territorios de régimen aduanero especial.

Frédéric Massé, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral), indica que hasta hace poco las zonas francas “eran un hoyo negro; con muchas empresas que supuestamente transforman el oro, pero era un lío porque al final el control era muy poco sobre lo que entraba y salía del país”.

Además, Massé indica que “en zonas francas hubo durante un tiempo oro proveniente de otros países que entraba a la zona y después no se sabía para dónde salía ni cómo salía. Hoy en día es más controlado, pero muchas de esas empresas desaparecieron, mucha gente se fue o estuvo presa y otros están prófugos”.

El caso más reciente fue el de CI. J Gutiérrez, que operaba en zona franca en Antioquia y que fue durante muchos años el más grande exportador de oro colombiano, hasta que en abril de 2019 se ordenó la captura de once personas vinculadas a operaciones ficticias por más de $2,4 billones de pesos, entre quienes figuraban los dueños de la empresa, contadores, revisores fiscales y personas naturales que ayudaron a concretar un cartel de falsos proveedores.

En los últimos cinco años, a donde más se exportó oro desde Colombia fue a Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes, India y las Zonas Francas en Ríonegro (Antioquia) y Palmira (Valle), mayoritariamente. Es decir, buena parte del oro que se extrae en departamentos como Nariño, Antioquia, Córdoba, Cauca, Chocó y Valle sale del país hacia zona especial en Medellín y Cali.

Para el abogado Martín Gustavo Ibarra, quien conoce bien el funcionamiento de la figura de zonas francas en el país y forma parte de la Junta Directiva de una de ellas, las zonas francas son activos muy importantes para las regiones y sus directivos son los más interesados en mantener los más cuidadosos mecanismos de selección y verificación de las empresas que se asientan allí.

“Los operadores de la zona franca están respondiendo por su patrimonio con el buen manejo que hagan de las empresas que califiquen y por eso son muy cuidadosos de analizar a quién reciben y a quién no. No me parece inteligente hablar mal de empresas honestas por culpa de algunos malhechores que haya habido en alguna parte del país”, considera el abogado Ibarra.

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Varios de los exalcaldes del Pacífico colombiano han sido capturados por presunta participación en redes dedicadas a extraer oro producto de las actividades ilícitas.

Colombia, curiosamente, ha tenido años en los que es más el oro que exporta que el que produce. La cifra más reciente fue la de 2019, antes de la afectación por pandemia, cuando los yacimientos de oro reportaron una producción de 37,4 toneladas, pero según los registros de la División de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se exportaron 42,6 toneladas. ¿De dónde salieron las otras 5,2?

Eso es lo que tratan de establecer las autoridades mediante varias investigaciones que hay en curso contra comercializadoras de oro y contra personas que, en una especie de “puerta giratoria”, fueron funcionarios de autoridades mineras o aduaneras y ahora trabajan con las exportadoras aprovechando su conocimiento en el tema y que saben cuáles son las debilidades del sistema.

El fraude con la facturación comercial sería uno de esos métodos que se han perfeccionado como producto de esa “puerta giratoria”. “El oro es un metal vulnerable ante la explotación ilícita, el tráfico y el lavado. No solo es tremendamente valioso, sino que es fácil de transportar y, en gran medida, difícil de rastrear”, explica el informe Hacia una minería de oro transparente en Colombia, realizado en febrero de este año por Global Financial Integrity, la Alianza por una Minería Responsable y por el centro de pensamiento Cedetrabajo.

Mario Valencia, investigador de Cedetrabajo, habla precisamente de las dificultades que enfrenta el país en el comercio internacional de oro por la facturación comercial fraudulenta, definida por Global Financial Integrity “como una forma de mover dinero ilícitamente a través de las fronteras mediante la falsificación deliberada del valor o del volumen de una transacción comercial internacional de bienes o servicios por al menos una de las partes involucradas”.

“Las grandes empresas en sus transacciones de exportaciones, especialmente de recursos naturales, utilizan un mecanismo de facturación fraudulenta en el que los valores que dicen que han exportado son inferiores a los valores que los países que compran esas mercancías dicen haber recibido. Esa diferencia desde el punto de vista de facturación comercial se queda en paraísos fiscales mediante una triangulación en la que no quedan registros en ninguna parte y por ende no pagan impuestos al país que vende ni al que compra”, explica Valencia.

En el caso de Panamá, por ejemplo, Colombia exportó entre el 2010 y el 2018 un total de US$4,3 millones de dólares en oro. Sin embargo, Panamá tiene en sus registros haber importado desde Colombia en esos años un total de US$60,8 millones de dólares en oro, una diferencia de US$56,5 millones de dólares.

En Colombia han sido capturados ciudadanos de origen mexicano, brasileño y chino, entre otros, que se encontraban en entables ilegales en zonas montañosas del país.

Las dificultades que han encontrado las organizaciones criminales para sacar el oro del país, producto de mayores controles, han obligado a estas mafias a utilizar algunas de las modalidades y rutas que han servido para el tráfico de drogas.

Durante años se ha hablado de las “mulas del narcotráfico”, que sacaban en maletas, entre su organismo o adheridas al cuerpo grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos o Europa. Pero más recientemente aparecieron las “mulas del oro”.

A finales del 2019 fueron capturadas ocho personas, incluido un funcionario de Migración Colombia y funcionarios aeroportuarios que sacaban desde Bogotá, Barranquilla y Cali hacia Panamá el oro oculto en equipajes o disfrazado en accesorios que era comprado en el vecino país por las empresas Gold America y Alpha Trading.

Estas empresas realizaban los pagos con joyas en oro italiano que regresaban a Colombia a través de las mismas “mulas” que entregaban el material a los integrantes de estas mafias del oro para ser distribuidas luego y puestas en venta a través de joyerías en las principales ciudades del país.

A través de lanchas rápidas también se conoce del tráfico de oro desde municipios en el Caribe colombiano como Necoclí hasta las costas de La Miel o San Blas, en Panamá. O municipios del Pacífico como Guapi, Timbiquí, Olaya Herrera o Pizarro hacia Ecuador; al igual que avionetas hacia el caribe o contenedores que llevan los lingotes a Estados Unidos y Europa desde puertos como Buenaventura o Barranquilla.

El tráfico de oro aumentó en los últimos años, explica Massé, porque antes la mayoría del material obtenido de manera ilegal se legalizaba muy fácil en Colombia. Lo adquirían las compraventas que luego lo vendían a las comercializadoras y ya aparecía en las estadísticas de oro producido en Colombia. “No era extraído legalmente, pero sí exportado legalmente”.

“Con el reforzamiento de las medidas de control en toda la cadena de suministro, desde la mina hasta la comercializadora internacional, se volvió un poco más difícil legalizar ese oro de origen ilegal criminal y ahora los traficantes están tomando un riesgo que antes no era necesario y es sacarlo del país de contrabando”, explica Massé.

Esa modalidad, según Daniel Rico, director de C-Análisis: Criminología Aplicada, no es tan rentable para las empresas criminales “porque el negocio del oro está en exportarlo, en traer la plata y en lavarlo. Entonces si usted se puede ganar dos premios, para qué se va a ganar uno solo”.

“Porque estas empresas sacan el oro, lo venden, pero también se ganan el componente de lavado de activos que hay detrás y por eso, incluso, hay muchas operaciones de oro que no tienen oro sino que hacen lo segundo que es ganarse el dinero del lavado y que son ficticias; como exportar el mismo lingote de oro tres o cuatro veces o hacer contrabando técnico y sobrerreportar, mandar otros materiales o mezclarlo para tener menor calidad y traer más dinero”, señala Daniel Rico.

De una u otra forma, por las vetas de la ilegalidad no solo se escapa buena parte del oro extraído con el financiamiento de las organizaciones criminales, también se plantea el reto diario a las autoridades de saber de qué forma se están moviendo estas mafias para sacarle el mayor jugo al negocio del contrabando y el lavado de activos.

Este trabajo fue realizado por Hugo Mario Cárdenas López para El País y Connectas dentro de Arco, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.