El secreto a voces de la violenta campaña electoral en el norte del Cauca

En el norte del Cauca hay un secreto a voces que algunos candidatos a concejos y alcaldías susurran entre dientes: los grupos armados que operan en esa zona son una autoridad ilegal a la que no se le puede decir “no”.

Varios de los aspirantes a estos cargos de elección popular en Suárez, Santander de Quilichao, Corinto, Caloto, Buenos Aires, Timba, Caloto, Miranda, Villa Rica y Puerto Tejada -municipios catalogados por la Defensoría del Pueblo como de extremo y alto riesgo de violencia electoral- han tenido que reunirse con miembros de los grupos armados.
Dichos encuentros, dice un candidato al Concejo, se realizan en las montañas o “donde ellos digan”. Básicamente, los seis grupos armados que operan en el norte del Cauca piden lo mismo: conocer las propuestas de campaña, sus posturas frente a los cultivos ilícitos. Y de paso exigen una “contribución para su causa”.

Esos montos varían según el candidato y el grupo que los pide. Por ejemplo, El País conoció de aspirantes a los que se les solicitó $5 millones y de otros a los que la “contribución” asciende a los $50 millones. De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación, los seis grupos que operan en el norte del Cauca son tres disidencias del Sexto Frente de las Farc, el EPL, el ELN y un cartel de narcotraficantes mexicanos.

En Corinto, Caloto y Miranda opera la autodenominada disidencia el ‘Nuevo Sexto Frente’ que, según datos de las autoridades, es la más grande de esta región del país; en Santander de Quilichao y su zona rural hacen presencia un pequeño grupo de exmiembros de las Farc que se separó del Sexto Frente antes de entregar las armas y el EPL; el ELN, con su frente José María Becerra trata de ganar terreno desde El Tambo; y ltta parte occidental, que comprende Suárez, Timba, Buenos Aires y la ruta hacia el río Naya, la controla la columna disidente de las Farc Jaime Martínez, cuyo líder es Leider Noscué Bototo, alias Mayimbú, por quien el Gobierno Nacional ofreció $1000 millones de recompensa.

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Esta última columna fue, según las autoridades, la causante de la masacre del pasado domingo en La Betulia, Suárez, donde fue acribillada e incinerada Karina García Sierra, aspirante a la Alcaldía de ese municipio y cinco personas más, entre las que estaba su mamá, Blanca Otilia Sierra.

Hace dos meses, cuando inscribió su candidatura, ‘Mayimbú’ citó a Karina y a otros cuatro aspirantes a una reunión de carácter urgente. En ese encuentro, el líder guerrillero les pidió exponer sus objetivos de campaña y trazó las reglas para dejarlos realizar su proselitismo en la zona rural de Suárez.

“Les dijo que solo les pedía transparencia dentro de la Administración, compromisos que fueran cumplibles y que ellos no se iban a meter en ese proceso. Pedían que no hubiera compra de votos. Les dieron recomendaciones como, por ejemplo, quitarle el polarizado al vehículo, que el esquema de seguridad en lo posible anduviera sin armas y con los vidrios abajo”, contó Alonso Giraldo, padrastro de Karina.

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Sin embargo, una fuente cercana a la campaña de la política liberal le confirmó a El País que esa no fue la única reunión citada por ‘Mayimbú’.  En total fueron tres encuentros en la zona rural y en el último, una semana antes del trágico desenlace, el máximo cabecilla de la Jaime Martínez le pidió participación política. Para él, García Sierra era la más opcionada para llegar al primer cargo del Municipio. La candidata le respondió con un “no rotundo”, ratifica la misma fuente.

Esa negación habría puesto furioso a ‘Mayimbú’, quien finalmente, aseguran las autoridades, ordenó su asesinato con sevicia: la idea era mandar un mensaje a los otros candidatos, quienes después de la masacre no se han expresado públicamente y decidieron suspender las campañas.

“Hace cuatro años, las Farc, que era el grupo predominante, estaba inmerso en un proceso de paz, lo que llevó a que tuviéramos unas elecciones muy tranquilas. Hoy el comportamiento es diferente porque la violencia no está basada en la intimidación, la amenaza o el impedimento del desarrollo del proceso electoral. Hoy la violencia ya ha escalado tanto que se traduce en hechos letales”, señaló Andrés Chilito, coordinador de la Misión de Observación Electoral, MOE, en el Cauca, departamento que en la actualidad ocupa el primer lugar en violencia política.

Los aspirantes a cargos de elección popular de esa región lo saben. Por eso sus declaraciones son pausadas y cuidadosas. El miedo se puede sentir, porque la vigilancia militar parece quedar corta ante el accionar criminal de los grupos armados.

En un recorrido realizado por El País se pudo constatar la poca presencia del Ejército entre Cali y Suárez, en cambio, el poder de la ilegalidad está latente todos lados.

Por ejemplo, en Corinto una persona se acercó a los periodistas de este diario y les preguntó: “¿Ustedes ayer estaban en Suárez?”. Ante la respuesta positiva añadió: “Ellos (la columna Jaime Martínez) sabían que ustedes iban desde que pasaron Timba”, distante 22 kilómetros del municipio donde ocurrió la masacre del domingo.

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Para los candidatos que, como Karina, se han atrevido a decirle “no” a los grupos armados, las amenazas e intimidaciones son el pan de cada día.

En Corinto, Óscar Quintero, aspirante a la Alcaldía por el Partido Colombia Renaciente, vive en zozobra desde que rechazó un encuentro en la zona rural. “Me advirtieron que si seguía insistiendo en ser candidato, podían afectarme a mí y a mi familia. Yo les respondí que ya había perdido lo que tenía que perder y que no iba a declinar la candidatura. Si por esa razón voy a perder la vida, entonces que sea Dios el que haga su voluntad”.

Óscar ya ha sido alcalde de Corinto en dos ocasiones. En la segunda (2011) le asesinaron a su hijo mayor 24 días después de haber asumido el cargo y el año pasado, cuando anunció su intención de regresar a la Administración, secuestraron a uno de sus hermanos. “Me mandaron la razón de que yo no debía aspirar a la Alcaldía”.

Corinto está en la lista de municipios con riesgo extremo en materia de violencia política, según la Defensoría. Las otras localidades del norte del Cauca que lo acompañan en ese deshonroso listado son Suárez, Miranda y Santander de Quilichao. Este último con un presente marcado por la extorsión y el incremento en homicidios por cuenta de una cruenta guerra entre dos disidencias de las Farc y el EPL.

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“Es muy preocupante la situación en el norte del Cauca y vemos que por más consejos de seguridad que se hacen, por más estrategias que se aplican, no hay seguridad ni garantías para hacer un proceso político pleno”, asevera Andrés Sadovnik, candidato por el Partido de la U a la Alcaldía de Santander.

En Suárez, los aspirantes y en especial en la campaña de Karina piensan igual: “Uno queda defraudado, adolorido, pensativo y con miedo”, agrega Alonso Giraldo. Y es que según datos de la MOE, desde el 18 de noviembre del 2018 a la fecha se han presentado 64 hechos de violencia (amenazas, atentados o asesinatos) contra líderes políticos en esa parte del departamento.

“Pero desde el 27 de julio del 2019, cuando se inscribieron las candidaturas, se agudizaron las amenazas, intimidaciones y asesinatos de líderes políticos, lo cual nos lleva a concluir que hay una conexión entre el calendario electoral y los hechos de violencia”, asegura Chilito, de la MOE.

Lucy Amparo Guzmán, aspirante por el Partido Liberal a la Alcaldía de Santander, dice que están ante un “panorama triste para la región, en un momento donde pensamos que habíamos pasado la página de la violencia volvemos a encontrarnos con este tipo de escenarios”.

“La política no es fácil en estos territorios”, complementa Jefferson Rivera, candidato por el Partido Mais al primer cargo público en Corinto.

Ubicado en el sur del Valle, Jamundí limita con municipios del norte del Cauca y su área rural hace parte del accionar de la columna Jaime Martínez. Incluso, los primeros reportes de criminalidad de ‘Mayimbú’ llegaron desde esa zona del país, a principios del 2018.

“Está un poco delicado visitar la zona rural y se nos ha dicho que es mejor no subir por cuestiones de seguridad”, relata Martha Betancourt, candidata al Concejo de esa localidad vallecaucana por Cambio Radical.

En Jamundí, como en Suárez, los grupos armados desde la montaña envían mensajes a los candidatos. En algunos casos, su forma de intimidar es casi calcada. “El día de nuestra inscripción hicieron un montaje y me vincularon con las Farc. Algo muy similar a lo que le pasó a Karina. Ese día ella recibió lo mismo, pero vinculándola con el paramilitarismo. Posteriormente, ella y yo recibimos, el 28 de agosto, una orden para dejar el territorio. De negarme, dijeron que pondrían una recompensa de $15 millones por mí”, manifiesta Lina Tabárez, candidata al Concejo por el Partido Alianza Verde, quien en varias ocasiones le ha dicho “no” a invitaciones de grupos armados.

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