ELN se adjudica el atentado en Tibú que cobró la vida de dos policías

El pasado martes 24 de mayo en Tibú, municipio de Norte de Santander, se perpetró un atentado terrorista contra una patrulla de Policía. En el ataque, dos uniformados fallecieron, respecto a esto, el ELN se adjudicó la autoría del crimen.

En un comunicado que habría sido redactado por la organización criminal se lee lo siguiente: “La más reciente acción tiene como escenario la cabecera municipal de Tibú, Norte de Santander donde el pasado 24 de mayo unidades pertenecientes al Frente de Guerra activan minado al avance al paso de una patrulla de la Policía Nacional, que se movilizaba en vehículo de la institución dejando como saldo cuatro policías dados de baja y cinco más, heridos”.

El ataque no solo cobró la vida de los dos miembros de la fuerza pública, también la de una mujer que pasaba por el lugar en el momento de los hechos. El ELN se refirió a ello diciendo que lamenta “que en curso de la acción, por accidente, hayan sido afectadas la señora Lucy Katherine Castillo Cárdenas, quien fallece, y la señora Elizabeth Rosales, quien resultó herida. Nos solidarizamos con los familiares y amigos de las víctimas”.

Según el ELN, dicha acción “no tenía como propósito producir estas afecciones”. No obstante, en el saldo del trágico evento también se suman cinco uniformados lesionados y también habitantes del sector.

El mayor Wilson Millán Triana, comandante del Distrito de Policía de Tibú, el intendente Édinson Niño Hernández y los patrulleros Germán Yahir Gómez Monsalve, Brando Coronado y Ezequiel Felipe Pérez Arciniegas fueron los servidores públicos que sufrieron afectaciones físicas.

Sin embargo, el ELN no solo se atribuyó el ataque perpetrado en territorio norsantandereano, sino que lanzó dardos al Gobierno nacional, con el ánimo de poner responsabilidad sobre el mismo por lo ocurrido.

“En este sentido, el FGNO (Frente de Guerra Nororiental) viene desarrollando acciones para enfrentar el aparato militar estatal y paraestatal que continúan en su propósito de desestabilizar los territorios acudiendo al genocidio, sembrando miedo y terror entre la población (....). El Gobierno nacional está obligado a explicar al pueblo de la frontera el tipo de operaciones que vienen ejecutando sus organismos de seguridad en el territorio que atenta contra los derechos humanos y trae a la memoria de la población el terror y muerte provocados por el ejército y la policía durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez”, se sigue leyendo en la misiva.

Mientras la organización delictiva da esas declaraciones, en Norte de Santander se realizó un Consejo de Seguridad, el cual tenía como objetivo ayudar a esclarecer los acontecimientos y establecer acciones de parte de las autoridades.

MinDefensa dice que solo el municipio de Tibú tiene 22.000 de las 42.000 hectáreas de coca en el Catatumbo. Al término de dicho Consejo de Seguridad en Norte de Santander, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, expuso una radiografía sobre la actividad del narcotráfico en la región, puntualmente en el municipio de Tibú.

Según detalló el funcionario, Tibú tiene 22.000 de las 42.000 hectáreas de coca en el Catatumbo.

“Si existe una plantación en extensión de tal naturaleza, indudablemente tiene que existir una producción elevada por lo menos de la pasta base, si no es del propio clorhidrato de cocaína”, precisó Velásquez.

El jefe de la cartera de Defensa anotó que, eventualmente, la pasta de base podría ser trasladada a Venezuela o el sur del departamento de Norte de Santander.

“Lo que quiero señalar es que hay una realidad en algo que, como lo hemos señalado desde el principio, como lo ha dicho el presidente de la República desde el día de su posesión, en el centro de las violencias en Colombia se encuentra en narcotráfico”, expresó el ministro Iván Velásquez.

A renglón seguido, manifestó que “el narcotráfico alimenta a las organizaciones criminales”, de manera que una forma de enfrentar a estos grupos es “afectar sensiblemente” dicha actividad.

No obstante, indicó que las acciones no deben ser dirigidas contra “los campesinos pobres que cultivan la coca”, sino contra quienes realmente se benefician del comercio de la cocaína.