Emilio Tapia asegura que fue él quien destapó el escándalo de corrupción en Emcali

Desde la cárcel en Barranquilla, donde se encuentra recluido y un día después de que fuera imputado por el caso de corrupción en Emcali, el contratista Emilio Tapia le reclamó a la Fiscalía, porque él fue quien denunció los hechos.

“Tales hechos, objeto de imputación fáctica y jurídica, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, precisamente, por el suscrito ciudadano en su primera declaración, una vez vinculado dentro de la investigación iniciada por la celebración de contratos entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados”, dice la carta de cinco puntos firmada por Tapia.

En este sentido, Tapia explica que denunció estos hechos, porque tiene una clara intención de colaborar con la justicia, y agrega que lo hace “con la absoluta observancia de los principios de verdad, reparación y no repetición con los que he obrado firmemente dentro de las actuaciones judiciales en las que se me ha vinculado”, dice la carta.

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Por último, el hoy condenado por el Carrusel de la Contratación e investigado por el escándalo de Mintic, dice que desde su lugar de reclusión continuará colaborando con la justicia.

Por este caso, Tapia fue imputado por la Fiscalía el pasado 12 de octubre por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.

Esto porque, según la entidad, Tapia, en compañía de otras tres personas, habría gestionado la obtención de documentos con información falsa para soportar licitaciones ante EmCali en 2021.

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De acuerdo con la investigación, Tapia controló un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos contractuales relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR), de Puerto Mallarino Fase 1, los cuales ascienden a un valor de 3.798 millones y 2.414 millones de pesos, respectivamente.

Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30 % del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación, presuntamente, no la cumplía el consorcio de Tapia. Por esta razón, habrían sido falsificados dos documentos denominados Certificado de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali.

Con esta información habrían hecho incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación, quienes permitieron al conglomerado de Tapias perfeccionar la oferta y dieron el aval administrativo para que se quedara con los dos contratos.