En 2023 fueron asesinados 45 firmantes del Acuerdo de Paz

El 2023 fue un año difícil para los firmantes del Acuerdos de Paz en Colombia, quienes a pesar de las políticas de seguridad del Gobierno como la Paz Total y los esfuerzos por implementar los tratados, continuaron siendo víctimas de homicidio.

Según las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, desde el 1 de enero hasta el 28 de diciembre de 2023 ocurrieron 44 delitos contra la vida de excombatientes de las Farc, dos de ellos en Cali, la única ciudad capital incluida en la lista de municipios más afectados. Sin embargo, en la madrugada del 31 de diciembre ocurrió en Sucre el último hecho del año, alcanzando la cifra de 45 muertes, solo cinco menos que en 2022.

De acuerdo con el Instituto, los departamentos con más número de reincorporados asesinados en Colombia fueron Cauca, con siete registros; seguido por Meta, con seis; Huila, con cinco y Antioquia, con cuatro asesinatos. Por otra parte, Arauca, Chocó y Nariño presentaron tres crímenes cada uno; Caquetá, Guaviare, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Sucre tuvieron dos casos; y Bolívar y Norte de Santander, uno por departamento.

De la misma manera, los municipios con más homicidios a firmantes fueron La Plata (Huila) y Tame (Arauca) con tres muertes, seguidos por Toribío (Cauca), Cali (Valle), Mesetas (Meta) y Puerto Rico (Caquetá) con dos.

Si bien las zonas rurales son las más afectadas por este flagelo, en las ciudades también hubo registros. Esto se debe, según el investigador y corresponsal de conflictos armados, Néstor Rosanía, a que los excombatientes han migrado desde sus territorios a las áreas urbanas por la falta de medios económicos, lo que ha trasladado el conflicto a otros lugares del país.

Además, a pesar de la creencia de que estos crímenes se dan por hechos relacionados con el narcoterrorismo, la realidad es hay multiplicidad de factores. Algunos de los asesinatos se perpetraron contra firmantes que luchaban por restitución de tierras, por liderazgos regionales, represalias por haber pertenecido al grupo ilegal o por temas personales y es por ello que en muchas ocasiones no se logran determinar los autores de los delitos.

Cabe destacar que de acuerdo con el informe anual de Violencia en Colombia de Indepaz, en el tercer trimestre del año pasado se presentó una disminución en el número de muertes, puesto que entre julio y septiembre se registraron 15 homicidios, mientras que entre octubre y diciembre sucedieron 10, tendencia a la baja que se espera se mantenga en 2024.

Para el experto, la dificultad de bajar el número de firmantes fallecidos radica en la inseguridad física, jurídica y económica de los excombatientes debido a que el Estado no ha cumplido, por ejemplo, con los planes de desarrollo con enfoque territorial.

“Pese a que el año pasado disminuyeron los casos, tan solo un asesinato es un reto para la paz porque genera desconfianza y podría incentivar nuevamente el reclutamiento y la retoma de armas”, indicó.

Debido a lo anterior, la prevención debe ser una prioridad en 2024, según el investigador, por lo que se deben replantear los esquemas y las medidas de seguridad para que sean más eficientes. “Hay un altísimo nivel de burocracia dentro de la Unidad Nacional de Protección porque los procesos son muy lentos y mientras la Unidad siga con tantos problemas seguirán matando a la gente, por eso creo que uno de los temas fundamentales es una reestructuración”, concluyó Rosanía.