En 2024 han sido asesinados 80 uniformados en Colombia; estos son los departamentos más afectados

En lo corrido de 2024 diferentes atentados terroristas y otras situaciones de orden público han afectado a los colombianos y la Fuerza Pública no es la excepción, pues 80 uniformados han fallecido en el cumplimiento de su deber entre el 1 de enero y el 21 de noviembre de 2024.

De acuerdo con las cifras del informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales del Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad, en los primeros diez meses del año ocurrieron 77 homicidios a uniformados, siendo octubre el mes más violento, con 13 hechos lamentables, seguido por mayo, con 12; julio, con 11; septiembre, con 10; y enero y febrero con 7 casos cada uno.

Cabe destacar que de los 77 miembros de la Fuerza Pública que fallecieron en este periodo de tiempo, 46 eran soldados, 20 hacían parte del nivel ejecutivo, 8 eran suboficiales, dos eran oficiales y uno era auxiliar regular.

Además, el 52,5 % de los casos de asesinatos contra uniformados se concentran en los departamentos de Antioquia, Cauca y Norte de Santander.

Uno de los hechos recientes que conmocionó al país ocurrió en Anorí, Antioquia, donde cuatro soldados profesionales y un cabo segundo fallecieron tras un atentado terrorista del ELN el pasado 21 de noviembre.

Según el coronel (r) Carlos Soler, abogado asesor en seguridad y defensa nacional, estos crímenes se deben a la concentración de grupos ilegales en estas zonas del país. “En Antioquia existen áreas en las que hay una influencia de grupos armados ilegales que tienen control territorial y Norte de Santander, por encontrarse el Catatumbo, es una zona con gran capacidad de hectáreas de coca”.

De la misma manera, en el caso del Cauca, estos homicidios también se estarían presentando por la presencia de estructuras irregulares como varios bloques de las disidencias de las Farc y de la Segunda Marquetalia, además de pequeños grupos de autodefensas o de justicia privada que se disputan todo el control de las rentas del narcotráfico.

Cabe mencionar que además de asesinatos, entre enero y octubre de 2024, 390 miembros de la Fuerza Pública han resultado lesionados en labores propias de su ejercicio de seguridad, 29 registros más que en el mismo periodo de 2023, cuando hubo 251 hechos, de acuerdo con los datos del informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales.

Por lo anterior, Héctor Herrera, analista y experto en seguridad, aseguró que la situación es preocupante y deben tomarse medidas de protección para los combatientes, principalmente en zonas rurales donde delinquen estructuras como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo, entre otros.

“En estos puntos del país las estructuras atacan por la espalda, nunca de frente porque son cobardes y porque saben que la institucionalidad es mucho más fuerte, por este motivo los uniformados deben estar alerta por posibles emboscadas y atentados terroristas”, añadió Herrera.

El blanco de los delincuentes

Soler añadió que desde el momento en que los miembros de la Fuerza Pública llegan a prestar sus servicios de seguridad y protección a las comunidades, se convierten en el objetivo militar de los grupos ilegales, ya que están en función permanente de combate.

Según el coronel (r), los uniformados realizan tareas clave que hacen parte de la estrategia del reposicionamiento en terreno para movilizarse, bloquear, presionar, generar acciones de combate, búsqueda y provocación, entre otras maniobras para preservar la seguridad, lo que no es conveniente para los ilegales.

“El conflicto ha mutado y por ello tiradores de alta precisión, artefactos explosivos improvisados, minas, tatucos y diferentes tipos de armas son las que se emplean contra la Fuerza Pública en una guerra irregular con el objetivo de afectar a la institucionalidad”, expresó Soler.

De otro lado, Herrera sostuvo que en ocasiones los grupos al margen de la ley ordenan planes pistola, es decir, exigen a sus hombres asesinar a los militares que vean, lo que aumenta sustancialmente las cifras de homicidio y de lesiones graves.

Por ello, y para evitar que sigan presentándose casos similares, Soler aseguró que se deben retomar los planes de reacción y contraataque de las bases, realizar patrullas perimétricas permanentemente alrededor de las estructuras castrenses, activar las alarmas telefónicas y utilizar medidas pasivas de control como cámaras.

“En un conflicto armado interno siempre se van a presentar estos ataques, pero las vidas de los combatientes se salvan dependiendo del nivel de entrenamiento, de alistamiento, de las fortificaciones y de condiciones de dignidad que son una obligación de los comandantes a todo nivel, empezando por el Presidente de la República, el Ministro de la Defensa, los comandantes de Fuerza, el Comandante General y los comandantes a nivel táctico, división, brigada y batallón”, enfatizó Soler.

Herrera, por su parte, indicó que es vital que los uniformados en campo tengan la preparación necesaria para actuar en terreno y no se conviertan en carne de cañón.

“Si se hace la salvedad y se revisan las edades de los fallecidos en estos ataques, la mayoría están entre los 20, 24, 26 años, son jóvenes y muchos de ellos no tienen experiencia en estas zonas de conflicto armado donde se necesita de la pericia de soldados experimentados”, concluyó Herrera.