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CONCEJO DE CALI

¿Es conveniente cambiar políticas de seguridad en Cali?, lo que dicen autoridades y expertos

Analistas y concejales piden no cambiar estrategias de prevención fijadas con el apoyo estadístico del Observatorio. Auge de homicidios es hoy la mayor preocupación.

10 de febrero de 2020 Por: Redacción de El País
El CTI de la Fiscalía, junto a la Sijín de la Policía, 24 horas al día tienen personal de servicio en la URI para atender de inmediato los homicidios que ocurren en Cali. | Foto: Foto: Archivo de El País

En los últimos 26 años Cali ha venido ejecutando una política de seguridad basada en la prevención y el registro unificado de las cifras de homicidios y otros delitos. Todo se apoya en los datos del Observatorio de Seguridad creado en 1993 para que las autoridades locales, judiciales, la Policía y el Ejército adopten las medidas del caso, profundizando a su vez en los factores que generan violencia en el territorio de esta capital.

Pero esas estrategias podrían tener un giro el cual algunos analistas y concejales no lo comparten, aunque, coinciden en darle un compás de espera a la nueva administración mientras define la nueva hoja de ruta para los próximos cuatro años en materia de seguridad y convivencia.

Varios de esos cambios consistirían no solo en la forma de presentar los datos, sino que el Observatorio pasaría a convertirse en una especie de centro de pensamiento.

Y así lo dijo a El País, Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad, al señalar que “el Observatorio va a pasar de un objetivo observador a una estrategia de análisis y de intervención. Ese trabajo tendrá como base un paquete de indicadores denominado ‘Comportamientos Contrarios a la Convivencia Ciudadana’, que interpreta muchas de las normas del Código Nacional de Policía para que también sea sujeto de análisis estadístico y cualitativo”.

Asimismo, recalcó que “dado el tamaño de los problemas que Cali tiene, necesitamos una herramienta de gestión del conocimiento más poderosa, robusta y con un mayor equipamiento para que nos acerquemos a lo que se denomina la inteligencia estratégica para la intervención de los problemas graves de ciudad”.

Pese a lo anterior, el tema preocupa ya que solo durante enero del 2020 se reportaron 91 muertes violentas, 14 más que en igual mes del año pasado. Es decir, tres homicidios cada 24 horas. Y a la fecha suman 100.
Aún así, la Alcaldía resaltó que el dato del primer mes del año fue el segundo comportamiento con menos número de homicidios en la historia de registros, que es de 28 años. Y anotó que “el promedio histórico para el mes de enero es 149 homicidios con una tasa promedio de 146”.

Con base en lo anterior, la administración Ospina hizo cábalas: “De continuar el mismo promedio diario de homicidios (2,94 casos diarios), a 31 de diciembre tendríamos una tasa de 43,0 por 100.000 habitantes (1074 homicidios en números absolutos), siendo un 5,3% más baja que la presentada en el año 2019”. Sin embargo, esa proyección está por verse.

La realidad de las cifras

El reporte semanal o mensual del número de homicidios y delitos que ocurren es un reflejo de lo que viene sucediendo en la ciudad para adoptar los correctivos necesarios.

De allí que un exasesor de seguridad señale que “esos datos son el insumo que ha alimentado las estrategias de seguridad de Cali a través del Observatorio durante los últimos gobiernos municipales, aunque hay que fortalecer los programas sociales y de prevención con mayores inversiones. Es un trabajo de años que no se puede perder”, subrayó.

Con base en esa estrategia durante el gobierno del alcalde Maurice Armitage hubo días y semanas durante el 2019 donde no se registraron homicidios.

La meta era haber bajado a menos de 1000 las muertes violentas al cierre del 2019, aunque la cifra final fue de 1114. A pesar de ello, fueron 56 casos menos respecto al año 2018, cuando se registraron 1170 casos.

La anterior cifra se convirtió en la tasa más baja en los últimos 35 años, lo que se tradujo en 45,1 homicidios por cada 100.000 habitantes; una tendencia a la baja que se mantiene desde 2014, cuando eran en promedio 66,6 casos de asesinato.

En ese sentido los expertos consideran necesario mantener la continuidad de las políticas que vienen aplicando en aras de reforzar la seguridad y la prevención frente a ese tipo de delito y de otros como el hurto, el fleto, el atraco y el microtráfico.

La Alcaldía prometió la creación de un fondo de recompensas e incluso en la conformación de una Policía Cívica con ese objetivo.

Al respecto, el exdirector del Observatorio de Seguridad Álvaro Pretel, recalca que “es interesante crear ese centro de pensamiento, pero que no haya una demora en los procesos y soluciones”.

“Hay que darle una espera a los cambios, aunque es importante que se siga comunicando la información de homicidios y hurtos y demás delitos, como pasaba en la administración pasada, donde se discutía mensualmente un informe de seguridad con la ciudadanía, con cifras, mapas, avances de los planes y políticas”.

Eso genera tranquilidad no solo al tomador de decisiones, sino a las empresas que están pendientes del factor seguridad para ejecutar sus inversiones, acotó Pretel.

En lo anterior coincide Adalberto Sánchez, director del Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social, Cisalva, tras señalar que “estamos a la expectativa de lo que quiere el alcalde Ospina y la Secretaría de Seguridad”.

“Tenemos discrepancias y asimetrías con respecto a la línea que tiene la nueva administración local respecto al Observatorio. Pero definitivamente los datos son datos y no se puede descalificar un trabajo, y si esas políticas (del pasado) fallaron o fueron mal encaminadas”, subrayó.

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Los nuevos escenarios

Los expertos sugieren que dentro de las próximas estrategias deben contemplarse los nuevos escenarios de criminalidad que vive la ciudad. Por ejemplo, la llegada cada vez mayor de ciudadanos venezolanos y la incidencia que tiene el auge del narcotráfico desde Jamundí y otras zonas cercanas.

En ese sentido, el Director de Cisalva, entidad adscrita a la Universidad del Valle, señaló que “durante el Gobierno de Armitage a finales del 2018 esa migración venezolana no era un problema serio y no se ajustaron determinadas políticas y estrategias, pero todo eso cambió en el 2019. Ese factor pudo haber influido en parte en los índices de violencia, y en la meta de reducir los homicidios a menos de 1000 el año pasado y en la incidencia de otros delitos en la ciudad”.

Esa misma percepción la tiene el concejal Fernando Tamayo, quien sostiene que “por ello el número de homicidios se mantiene y la percepción de inseguridad de los caleños no ha cedido y está desbordada”.

Y asegura, por ejemplo, “que ya se han conformado bandas organizadas de delincuentes venezolanos dedicados al hurto, al atraco y al fleteo. En los cambuches en las inmediaciones de la Terminal de Transportes donde se han detectado dos bandas”.

Frente al papel del Observatorio, el cabildante dice que “se queda corto desde mi óptica en el sentido de que solo muestra el nivel de homicidios en cifras”. Pero agrega: “No es acabar el Observatorio sino trascender más allá del concepto de las cifras o estadísticas. Debe ser un centro de pensamiento basado en las cifras y los datos”.

Más pie de fuerza e inversión

Los concejales Fernando Tamayo y Milton Castrillón proponen como solución que Cali adopte un plan de choque o un plan maestro de seguridad, basado en la información del Observatorio. Y que todo eso se complemente con mayor inversión social.

En ese sentido el concejal Castrillón recalca sobre la importancia de que se refuerce el pie de fuerza, especialmente en 22 barrios del Distrito de Aguablanca y las laderas, que ya se sabe, son los más peligrosos, y donde existen al menos 200 pandillas y bandas dedicadas al sicariato y al microtráfico.

“Hay que exigirle al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que como vallecaucano nos apoye con más policías, y que ojalá la Policía Militar ingrese a la ciudad para trabajar en conjunto con la Policía para generar planes de contingencia en esas zonas”.

Según algunos estimativos, Cali requiere al menos 1500 Policías más, y preocupa que otros 300 saldrán pensionados este año.

Para Castrillón, ese plan de choque debe expedirse por un Acuerdo del Concejo y ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo para que tenga financiación de la Nación.

Tamayo advierte que sin ese plan de choque, la capital del Valle podría sufrir un desbordamiento de los índices de homicidios y de delitos como el hurto y atraco, como sucede hoy.

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