Escándalo de la UNGRD: Sandra Ortiz seguirá recluida en una guarnición militar, tras solicitud de libertad por parte de su defensa

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones durante el Gobierno Petro, seguirá detenida en la Estación de Carabineros.

Así lo definió este viernes, 24 de enero del 2025, un juez quien le negó su libertad en medio del proceso en su contra por presunta participación en actos de corrupción relacionados con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El pasado 18 de diciembre del 2024, la juez tercera de control de garantías de Bogotá ordenó la detención preventiva en una guarnición militar de Ortiz por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la UNGRD. Sin embargo, su defensa apeló buscando su libertad alegando que es madre soltera, pero un mes después no lo consiguió.

Cabe recordar que aunque en un principio durante ese día se conoció que la exfuncionaria iba a ser recluida en la Cárcel El Buen Pastor, en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá, unas horas después la juez tercera de control de garantías decidió enviarla a la Estación de Carabineros por motivos de resguardar su seguridad.

En la decisión de este viernes, la juez 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, señaló que todas las pruebas que fueron presentadas por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, tuvieron contundencia para evidenciar que sí existen las posibilidades de que Sandra Ortiz haya cometido los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, los cuales se los imputó la Fiscalía y que no los aceptó.

La investigación apunta a que dentro de esa entidad se creó una “organización criminal”, como lo denominó la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.

El entramado fue dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.

En ese contexto, Ortiz resultó ser la más alta ficha del gobierno del presidente Gustavo Petro, salpicada por este escándalo, fue señalada por la Fiscalía de entregar $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, por orden de Carlos Ramón González.

*Con información de Colprensa y redacción de El País