Exdirectora del Inpec de Buenaventura, María Liliana Vivas, fue acusada por soborno a presos a cambio de beneficios en la cárcel

Por, presuntamente, ser la responsable de ofrecer beneficios a reclusos a cambio de dinero, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a María Liliana Vivas Paz, quien fungió como directora del Inpec en Buenaventura (Valle del Cauca) y es la actual secretaria de Gobierno del puerto sobre el Pacífico colombiano.

De acuerdo con la investigación, liderada por un fiscal de administración pública, de la Seccional Valle del Cauca, Vivas Paz les habría cobrado a los internos sumas de un millón de pesos, como contraprestación para realizar traslados en centros transitorios de detención.

Del mismo modo, la exfuncionaria les habría cobrado además a los reclusos por cambios de patio.

Los supuestos beneficios incluían además facilidades de comunicación con sus abogados, familiares o mejores condiciones, durante su permanencia en los centros de reclusión.

Información en poder del ente acusador difiere que dichas exigencias económicas se habrían realizado en, al menos, cuatro ocasiones entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022. Durante este periodo, al parecer, Vivas Paz y un dragoneante recibieron 15 millones de pesos producto del ilícito.

Así las cosas, la mujer fue imputada por el delito de concusión, que consiste en exigir o recibir indebidamente dinero o cualquier otra utilidad, valiéndose de la autoridad o influencia del cargo.

Por estos mismos hechos, y en desarrollo de la investigación, desde marzo de 2023 el dragoneante del Inpec, Jhon Fredy Casanova Jaramillo, se encuentra privado de la libertad en su domicilio.

Investigada por la Procuraduría

Esta situación también llevó a que, en mayo del año en curso, la Procuraduría General de la Nación ordenara la apertura de una investigación disciplinaria contra la exdirectora del establecimiento penitenciario.

Con esta investigación y la solicitud de pruebas que hizo el ente de control busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.