Fiscalía ejecuta un gran operativo contra la trata de personas en Colombia. Varias de las víctimas son menores de edad o extranjeras

La Fiscalía General de la Nación entregó el balance de un gran operativo ejecutado en diferentes regiones del país en contra de la trata de personas en el que conocieron casos de este delito que habrían ocurrido en Bogotá, Atlántico, Antioquia y Guaviare.

Las acciones fueron ejecutadas por integrantes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y tenía como objetivo afectar el patrimonio ilegal de organizaciones criminales responsables de incurrir en este delito, entre las que se encuentran Tango y Las Vegas que delinquían en la capital del país.

Los bienes que fueron afectados con estas medidas cautelares están ubicados en Sabanalarga (Atlántico); Bello y Medellín (Antioquia); San José del Guaviare (Guaviare), y en las localidades de Mártires y Teusaquillo en Bogotá.

“El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y Migración Colombia logró que fueran ocupados 29 inmuebles, entre urbanos y establecimientos de comercio que harían parte del patrimonio ilícito de estructuras ilegales dedicadas a captar a mujeres jóvenes con necesidades económicas y a menores de edad para inducirlos a la prostitución”, revelaron desde la Fiscalía.

Llama la atención de las autoridades que muchas de las víctimas eran ciudadanas venezolanas, varias menores de edad, quienes eran sometidas a diferentes vejámenes como sostener relaciones sexuales con hombres y mujeres, soportar extensas jornadas de trabajo, y consumir sustancias alucinógenas.

Uno de los casos fue denunciado por una ciudadana venezolana, madre de dos menores de edad, uno de 2 años y otro de 9 meses de nacido; en Sabanalarga que pertenece al departamento del Atlántico. La víctima narró cómo dos colombianas llegaron a Venezuela para contactar a mujeres con dificultades económicas. Señaló que a ella le ofrecieron trabajar como empleada doméstica en Sabanalarga y allí llegó con sus pequeños. El sueldo pactado inicialmente fue de $ 300.000, pero una vez en Colombia le informaron que debía pagar a la organización $ 6 millones por los gastos de traslado al país.

En todo el proceso de investigación, las autoridades pudieron constatar que a las mujeres les retenían el dinero que recibían.

De otro lado entrevistas, reconocimientos fotográficos e inspección a lugares, entre otras labores de policía judicial, evidenciaron que los propietarios y administradores de ocho inmuebles y seis establecimientos de comercio en Bogotá permitían que en esos lugares menores de edad sostuvieran relaciones sexuales con adultos, a cambio de dinero.

“Según la investigación, la inducción a la prostitución de niños, niñas y adolescentes era controlada por las organizaciones criminales Tango y Las Vegas, cuyos integrantes supervisaban moteles, hostales, hoteles y bares ubicados en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe en la localidad de Los Mártires, y en Las Américas de Teusaquillo”, indicó Liliana Donado Sierra, directora especializada de Extinción de Dominio.

En el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023 la Fiscalía General de la Nación ha capturado, por la comisión de este delito a 169 personas, y se han logrado 188 imputaciones. La contundencia del material de prueba aportado por el ente investigador ha permitió alcanzar 62 condenas.

“Los departamentos donde más se presenta este flagelo son: Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Santander, Tolima, Nariño, Meta y Risaralda. Por su parte, las ciudades más golpeadas por este delito son: Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cali, Cartagena, Ibagué, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira y Barranquilla”, indican desde la entidad.

De acuerdo con la directora los operativos ejecutados permitieron impactar las finanzas de las organizaciones ilegales responsables de explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes. “Fueron ocupados en total 29 inmuebles avaluados en más de $ 15.400 millones en donde serían inducidas a la prostitución mujeres, muchas de ellas de nacionalidad venezolana que presentan dificultades económicas”, afirmó la directora Donado Sierra.

Otra situación ilegal fue evidenciada en Medellín donde según las investigaciones menores de edad fueron sometidas a vejámenes sexuales. Las víctimas eran alojadas en inmuebles ubicados en la capital antioqueña y en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para posteriormente viajar a Santiago de Compostela y Talavera de la Reina en España, para ser explotadas sexualmente.

Al llegar a Europa las notificaban de una deuda a su nombre por más de 12.000 dólares, por gastos de traslado. Llamó la atención de las autoridades el caso de tres menores de edad de 10, 14 y 17 años. Las dos primeras eran obligadas a sostener relaciones íntimas con varios hombres. Las víctimas reportaron graves daños psicológicos y de comportamentales debido a los vejámenes a los que fueron sometidas.

La Sociedad de Activos Especiales administrará las propiedades afectadas, anunció la Fiscalía.