Fiscalía llama al general (r) Maza Márquez a declarar por el magnicidio de Carlos Pizarro

El general (r) Miguel Maza Márquez tiene programada una nueva comparecencia ante la justicia el 31 de mayo a las 9:30 de la mañana. En esta ocasión, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia escuchará su versión en relación al asesinato del dirigente político Carlos Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990.

A pesar de que el general retirado ha estado involucrado en este caso desde hace años, es la primera vez que un funcionario judicial lo convoca para brindar su testimonio. Esta decisión reactiva las investigaciones de un expediente que ha estado marcado por la impunidad.

La citación a Maza, quien ocupó el cargo de director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se produce seis años después de que el fiscal principal del caso, Mauricio Ponce, solicitara a sus colegas de la Corte Suprema de Justicia que investigaran el papel del exfuncionario, ya que solo ellos tienen la jurisdicción constitucional para hacerlo.

La convocatoria a Maza Márquez no es un hecho aislado. En 2016, la Corte Suprema lo condenó a 27 años de prisión por debilitar intencionalmente el esquema de seguridad del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien fue asesinado el 18 de agosto de 1989.

El exdirector del DAS ha expresado su voluntad de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en enero de 2020 la Sección de Apelaciones le indicó que su ingreso a este sistema dependía de su compromiso concreto y detallado de esclarecer los crímenes contra miembros de la Unión Patriótica.

Maza ha asegurado a la JEP que puede aportar información veraz sobre el surgimiento y desarrollo del fenómeno paramilitar en el Magdalena Medio, así como identificar a los agentes estatales que habrían facilitado o apoyado la formación de dicho grupo armado.

Su testimonio podría resultar clave para esclarecer el caso de Pizarro y otros, dado que el militar retirado ocupó el cargo de director del DAS entre mayo de 1985 y septiembre de 1991, período que coincidió con el asesinato de líderes nacionales y regionales como Jaime Pardo Leal, José Antequera, Teófilo Forero, Bernardo Jaramillo y Luis Carlos Galán.

La Fiscalía ha sostenido durante años la hipótesis de la participación de agentes estatales en el asesinato de Carlos Pizarro. Esta teoría se respalda no solo en las declaraciones de Carlos Castaño en su libro “Mi confesión”, sino también en la identificación de otros funcionarios que presuntamente estuvieron involucrados en el magnicidio.

Otros casos relacionados

Uno de los casos más avanzados es el de Jaime Ernesto Gómez, ex escolta de Pizarro y ex agente del DAS, quien enfrentó un juicio y la Fiscalía General solicitó su condena. Según la argumentación del fiscal, el guardaespaldas tenía la tarea de eliminar al sicario, acabando así inmediatamente con la vida del líder político para asegurar su silencio como potencial testigo, y garantizar, en gran medida, la impunidad durante décadas.

Jaime Ernesto Gómez estuvo sometido a juicio durante más de un año y justo cuando el juez estaba a punto de emitir su fallo, decidiendo si lo condenaba o absolvía por el delito de homicidio agravado con fines terroristas, el exagente del DAS solicitó acogerse a la JEP y el proceso quedó congelado.

La justicia transicional revisó el caso y en marzo del año pasado cerró la puerta a su ingreso en ese sistema. Desde entonces, volvió a manos de la justicia ordinaria. Sin embargo, hasta el día de hoy se desconoce la sentencia contra Gómez, a pesar de las peticiones de las víctimas para que se resuelva de una vez por todas.

Además de Jaime Ernesto Gómez, quien también ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con otros asesinatos de alto perfil como los de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo, la Fiscalía tiene conocimiento de la presunta implicación de otros dos agentes del Estado en el asesinato de Carlos Pizarro. Se trata de Manuel Antonio González, exjefe de protección del DAS, y Flavio Trujillo, exjefe de la sección de sociedades anónimas. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido formalmente vinculado a ninguna investigación.

En el expediente solo se han obtenido dos condenas. Doce años después del magnicidio, los tribunales sentenciaron en ausencia a los exlíderes paramilitares Carlos y Fidel Castaño a 24 años de prisión. De lo contrario, no se ha logrado ninguna condena.

La falta de verdad y resultados en el ámbito judicial llevó a la familia de Pizarro y a su defensa a presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual aceptó examinar el expediente y la presunta responsabilidad estatal en septiembre de 2019. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido avances significativos en esta instancia internacional.

Un caso que lleva 33 años

La Fiscalía, además de convocar a Maza para una entrevista voluntaria, tiene preparadas otras acciones para reactivar la investigación. Entre ellas, el fiscal Ponce tiene previsto tomar declaración a dos testigos que podrían aportar más información sobre la presunta implicación de funcionarios públicos en el asesinato de Pizarro.

Uno de ellos es Jacinto Alberto Soto Toro, conocido como alias “Lucas”, quien fue el líder del brazo financiero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización paramilitar y narcotraficante responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad entre 1997 y 2004.

Alias “Lucas”, quien era de confianza de los hermanos Castaño, fue recapturado en abril de 2021 y ha brindado declaraciones en diversos casos desde entonces. Por esta razón, la Fiscalía desea indagar sobre su conocimiento del caso Pizarro y qué información podría proporcionar sobre posibles acuerdos entre los líderes de las AUC y funcionarios públicos para llevar a cabo el asesinato.

Según fuentes cercanas al caso, alias “Lucas” podría convertirse en el primer testigo indirecto en abordar estos vínculos ilícitos. Otro individuo que será interrogado por el ente investigador es el general (r) Óscar Peláez Carmona.

Durante el momento de los hechos, ocupaba el cargo de director de la Policía Dijín y aparentemente habría ordenado varias detenciones en Bogotá y Medellín para desviar la investigación del caso Pizarro.

Aunque no ha sido formalmente vinculado a este caso, el alto funcionario enfrenta un juicio desde 2022 por haber obstruido la investigación del asesinato del ex candidato liberal Luis Carlos Galán. Sin embargo, existen dudas sobre la capacidad del general (r) para ofrecer un testimonio lúcido debido a su avanzada edad, según explicaron fuentes relacionadas con el caso.

No obstante, la Fiscalía está decidida a intentarlo. Además de las declaraciones de los testigos, el ente investigador planea llevar a cabo otras diligencias judiciales con el fin de avanzar en el esclarecimiento del caso, mientras que la familia del dirigente político y sus abogados conmemoran 33 años de búsqueda y exigen poner fin a décadas de impunidad que han caracterizado este expediente, uno más en el contexto de la guerra que cobró la vida de políticos, periodistas, abogados y líderes sociales.