Funcionarios acusados por cooperar con bandas criminales en la Fiscalía rompieron el silencio: “fue un montaje bien orquestado”

En el año 2017, la Fiscalía General de la Nación anunció que había capturado a 15 integrantes de la institución tras encontrarse, presuntamente, vinculados con una organización de narcotraficantes.

La acusación realizada en contra de varios fiscales, asistentes, notificadores e investigadores de la entidad afirmaba que ellos eran responsables de delitos como cohecho propio, revelación de secretos y concierto para delinquir agravado. Sin embargo, los implicados en este hecho se enfrentaron a un proceso penal que se caracterizó por la ausencia de pruebas.

A pesar de no encontrarse un respaldo que pudiera darle peso a las acusaciones, la Fiscalía en marzo de 2017 anunció que había desarticulado a una banda compuesta por varios integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. El hecho no pasó desapercibido y el fiscal general de esa época, Néstor Humberto Martínez hizo énfasis en la lucha contra la corrupción al interior de la entidad.

Gran parte de los condenados por este hecho cumplió una condena en prisión durante más de un año. Sin embargo, ante el silencio que ha tenido el caso, uno de los afectados por las acusaciones que, según él, no pudieron demostrarse habló con los medios de comunicación.

En entrevista con el periodista nariñense Winston Viracacha Pava, el uniformado ofreció detalles sobre el proceso que, a su juicio, calificó de falso positivo, debido a que la Fiscalía estaba interesada en mostrar resultados.

“Según la Fiscalía hacíamos parte de una organización criminal dedicada a manipular la información que se encontraba dentro del sistema SPOA. Pero, pruebas en contra nuestra no existían, la única fuente dentro de la Fiscalía era una persona que trabajaba en una URI de Tumaco”, explicó.

El afectado denunció que el funcionario acusador tenía un proceso judicial en su contra y con el propósito de obtener beneficios jurídicos, al parecer, la Fiscalía le había ofrecido ayudar a identificar un caso de corrupción al interior de la organización.

“Conocía a la persona que nos acusó era el coordinador de la URI de Tumaco en su época. Trabajábamos en la misma unidad. Su testimonio fue producto de una estrategia de la Fiscalía para fabricar un caso y demostrar resultados”, afirmó el integrante del CTI en diálogo con Winston Viracacha Pava.

El regreso a la institución

El uniformado indicó que todas las personas procesadas por el caso fueron reintegradas a sus puestos de trabajo, luego de demostrarse que no existía ningún tipo de prueba que demostrara su participación en la comisión de algún tipo de delito.

“Nunca se encontró una sola prueba y la Fiscalía tuvo que reintegrarnos a nuestro trabajo. Todos fuimos reintegrados y seguimos haciendo lo que nos gusta que es ayudar a todos los que lo necesiten”, resaltó.

Frente a su interés por hacer visible el caso, sostuvo que desea hacer justicia porque se trató de un hecho falso, el cual les ha perjudicado la vida en gran medida.

“Quiero hacer público el caso porque fue una injusticia y un montaje bien orquestado para manipular a la opinión pública donde se nos utilizó como chivos expiatorios para demostrar que la Fiscalía estaba teniendo resultados sobre casos de corrupción interna”, expresó.

Afirmó que no hubo ningún tipo de represalia en su proceso de reincorporación a la Fiscalía General de la Nación, por tal motivo, en este momento, evalúa la posibilidad de interponer una demanda ante el Estado colombiano por daños y perjuicios.

“Estoy evaluando interponer una demanda ante la Nación por los daños que se registraron en nuestra contra. Violaron la presunción de inocencia y se nos estigmatizó sin pruebas, afectando nuestra reputación”, señaló.