Garantizar todos los derechos de la población migrante, un reto para Colombia

Más de 7.7 millones de ciudadanos venezolanos han salido de su país con el fin de buscar mejores oportunidades de vida debido a la difícil situación humanitaria que enfrentan y unos 3 millones están actualmente en Colombia. Sin embargo, se han encontrado con retos y vulneraciones a sus derechos.

De acuerdo con datos de Swisscontact la quinta ciudad colombiana con mayor incidencia de población venezolana es Cali con más de 160.000 personas, por lo que fue escenario del Foro Internacional ‘Movilidad Humana y Patrones de Vulneración: Experiencias para la Garantía y Protección de Derechos’, con el objetivo de generar soluciones entre los sectores público, privado y la academia.

El evento fue organizado por Swisscontact en el marco del Programa Regional de Protección y Migración, financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Cosude, con apoyo del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi y según Saúl Díaz, director regional de Swisscontcat América Latina, se compartieron instrumentos para la gestión de buenas prácticas basadas en evidencias exitosas para garantizar sus derechos en el Valle y en Colombia.

“Son muchos los desafíos que plantea la movilidad humana en Colombia y el continente. Entonces la promoción de la protección de los derechos de estas personas es sumamente importante. Se calcula que al menos 7.7 millones de venezolanos han salido de su país y el 80% de estos se encuentran en América Latina, es decir no salieron de la región, y aún más importante es que cerca del 38% están en Colombia”, explicó Díaz.

Una realidad cruda

Desde hace más de una década la migración desde Venezuela ha sido una realidad que ha acompañado a millones de familias. Si bien muchos ciudadanos lograron obtener documentación para vivir en otros países, la inmensa mayoría son indocumentados, vulnerables y blanco de diversos fenómenos.

Debido a esto, entre los temas tratados durante el evento se destacó la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes desde la perspectiva de los derechos humanos; acciones desde los enfoques diferenciales; la movilidad humana, género e identidades diversas; seguridad, desplazamiento interno forzado, integración regional y gestión local de la movilidad humana y los delitos transnacionales.

Lucas Gómez, exgerente de Fronteras de la Presidencia de Colombia, explicó a El País que la migración es una realidad en la que muchos ciudadanos en condiciones precarias transitan hasta otros territorios, circunstancias aprovechadas por “estructuras criminales que les venden un futuro mejor, pero en realidad se presentan muchos abusos”.

Como se mencionó anteriormente entre la población más afectada se encuentran los menores de edad, sujetos especiales de derechos, por lo que es urgente concretar planes de protección. Daniel Gallegos, del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, afirmó que 1 de cada 4 migrantes es un menor, lo que exige políticas de protección infantil.

Además, Gallegos aseguró que las personas con discapacidad también enfrentan obstáculos como la falta de acceso a servicios esenciales, estigmatización y violencia según lo han denunciado organizaciones como Fecoldis, por lo que es urgente que se lleven a cabo políticas inclusivas.

Asimismo, las mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual, explotación laboral y riesgos derivados del tránsito, por ello en el foro se propuso fortalecer las capacidades de resiliencia y la red binacional de casas refugio para mujeres en esta situación.

Sin embargo, no solo estos grupos son víctimas ya que los hombres pueden ser reclutados a la fuerza para formar parte de grupos armados y bandas delincuenciales. También son forzados a trabajar en cultivos de coca principalmente en los departamentos de Cauca y Norte de Santander.

“Hay quienes están casi privados de la libertad y que se ven obligadas a trabajos forzosos. Población migrante también puede ser víctima de trata de personas, pero que también se focaliza en temas de clandestinidad en las maneras de transportarse al interior del país, porque legalmente las personas que están en situación irregular no pueden tomar transporte público, pero las estructuras criminales y estos coyotes lo que hacen es que están utilizando vehículos privados para transportarlos”, explicó Gómez.

Protección, una necesidad urgente

El foro ‘Movilidad Humana y Patrones de Vulneración: Experiencias para la Garantía y Protección de Derechos’ se centró en enfrentar los retos en torno a la movilidad humana y la vulneración de derechos, por lo que una de sus conclusiones fue que se trabajará en fortalecer las capacidades de los actores involucrados, públicos y privados, además de proporcionar herramientas concretas para actuar en favor de las poblaciones migrantes y desplazadas.

Por ello, Lucas Gómez afirmó que para que no sigan ocurriendo acciones criminales en contra de los ciudadanos venezolanos en el país, se debe realizar un trabajo interinstitucional para dar respuesta a las dificultades que enfrenta la población. “Se articula el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para defender a la niñez, el Ministerio del Interior tiene por obligación legal la constitución de mesas de trabajo a nivel nacional y territorial de prevención de trata de personas, y Migración Colombia realiza sus operativos desde el punto de vista administrativo para combatir este tipo de estructuras”.

Sin embargo, el experto concluyó que no es suficiente el trabajo del sector público y privado si los colombianos no se unen para apoyar a quienes hoy transitan por el país. “La inmensa mayoría de esta población tiene el único objetivo de buscar un mejor futuro para sus familias y ya le está aportando al país con los temas de consumo. Debemos ser solidarios, nosotros como colombianos también vivimos épocas difíciles y si trabajamos juntos vamos a hacer un mejor país”.