Gobernación del Valle hizo un llamado a la UNP para proteger la vida de servidores públicos amenazados en Tuluá

A raíz de los incidentes de orden público presentados en Tuluá las últimas semanas, donde se destaca el asesinato hace dos semanas del concejal Carlos Londoño, y las amenazas de muerte a varios funcionarios de la administración municipal, desde la Gobernación del Valle del Cauca hacen un llamado a la Unidad Nacional de Protección, “a trabajar articuladamente para proteger la vida de estos servidores públicos amenazados y defender la institucionalidad”.

Por medio de una carta publicada en las redes sociales de la gobernación, Ana María Sanclemente, Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento, se dirigió al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, a raíz de una publicación por parte de la organización, en el cual se adjunta al trino un documento sin firma y “se hace un pronunciamiento respecto de la dramática situación que viven los concejales y el alcalde de Tuluá, dejando dudas sobre a quién corresponde la responsabilidad de la protección de dichos servidores públicos”.

Entre los puntos de vista que destaca el DNP en el documento citado por la Secretaria, tras declaraciones de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se precisa que “no es cierto que este asunto (de prevención, seguridad y protección) sea de responsabilidad exclusiva de la UNP, como la funcionaria dejó entrever, salvando su compromiso con la seguridad y protección de todas las personas y en particular de los funcionarios” del Valle.

Además, se aclara, que según señala la norma, “los primeros respondientes en materia de prevención, seguridad y protección, son las gobernaciones y las alcaldías, con el apoyo de los ministerios de Defensa, Interior y Público, quienes deberán detectar y asumir las competencias, para responder al riesgo de líderes y lideresas sociales y defensores de DDHH”.

El documento sin firmar, publicado en las redes del UNP, hace énfasis en que “no pueden limitarse la gobernadora ni el alcalde a dar declaraciones donde dirigen la responsabilidad a la UNP”.

Por su lado, en la comunicación de la Gobernación del Valle, Sanclemente hace énfasis en que la situación de riesgo de los servidores públicos de Tuluá, es extraordinaria, “es una emergencia inminente y, lamentablemente, los hechos que están ocurriendo, nos dan la razón”.

Cabe recordar que el primer hecho trágico ocurrió iniciando el 2024, durante la noche de año nuevo, cuando el concejal del municipio de Tuluá, Eliecid Ávila, fue asesinado el primer día del gobierno municipal.

De manera simultánea, el Alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, y otros funcionarios de esta Administración fueron objeto de amenazas, evidenciando una situación de riesgo inminente.

Posteriormente, un ataque ejecutado por parte del grupo delincuencial ‘La Inmaculada’, y cuyos cabecillas delinquen desde las cárceles, dejó como saldo un guardia de tránsito asesinado, otro herido y varios vehículos incinerados.

La funcionaria también recuerda que el 19 de abril fue asesinado el concejal Carlos Londoño, “quien contaba con medidas blandas de la UNP (un hombre de protección y un chaleco balístico)”. En dicho atentado sicarial, también falleció la funcionaria Clarivet Ocampo, cuando salían de un evento que daba cuenta de los avances de la alcaldía municipal de los primeros 100 días de gobierno.

La encargada de la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento, señala que “es tan grave la situación, que el Concejo de Tuluá sesiona de manera virtual, porque los concejales están amenazados y atemorizados, motivos por los cuales no pueden ir a sus instalaciones para cumplir con sus funciones institucionales”.

Según la funcionaria de la Gobernación, “pese a todo eso, la UNP, al día de hoy, no ha adelantado todos los estudios de seguridad de la población en riesgo (alcaldes, concejales, diputados, funcionarios y líderes). Tampoco se ha realizado un CERREM poblacional que permita determinar el nivel de riesgo de las personas amenazadas ni expedido medidas contundentes que permitan salvaguardar la vida de estos vallecaucanos”.

Es por esto que insta al director de la UNP a realizar un trabajo articulado con el objetivo de “proteger la vida y la institucionalidad en medio de esta delicada situación que nos amenaza como Estado y que está asesinando funcionarios. No es tiempo de divergencias, sino de trabajo articulado”, además de reiterar el llamado que se ha hecho a autoridades regionales, tales como Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Alcaldía de Tuluá, Concejo y Procuraduría general.