Grupos armados en Cauca se disputan rentas del narcotráfico: Defensoría del Pueblo

En un informe de 20 páginas dirigido a la ministra del Interior, Alicia Arango, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, expuso los riesgos a los que están expuestos los colombianos en varias regiones del país, a causa de la violencia, que continúa a pesar de la cuarentena decretada para enfrentar la expansión del Covid-19.

El documento fue entregado a la funcionaria el pasado 30 de abril y allí explicó que las disidencias de las Farc, el ELN, Los Pelusos y desmovilizados de las AUC, han cometido alrededor de 72 actos que atentan contra la vida de los colombianos.

El registro que tiene el órgano defensor data del 23 de marzo hasta el 27 de abril, es decir, en la época en la que el Gobierno decretó el aislamiento preventivo. Lo que advierte la entidad es que pese al aislamiento la guerra no da tregua.

De acuerdo con el informe, de las 72 acciones, 41 serían desencadenantes de expresiones de violencia, justificadas en la emergencia ambiental y sanitaria, concentrándose el 57.5% de en áreas rurales del país, a pesar de que la propagación del virus ha tenido una mayor incidencia en contextos urbanos.

Lo que informó el documento es que al menos 14 acciones se les han atribuido a los disidentes de las Farc, 11 al ELN, 6 a grupos desmovilizados de las AUC o sucesores del paramilitarismo, 2 a los miembros del EPL o los Pelusos, y 1 corresponde a fuego cruzado entre el ELN y el EPL, en donde había presencia de población civil. El resto de acciones son, al parecer, autoría de los grupos armados de delincuencia organizada.

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“Durante el período de implementación de las medidas de prevención de la propagación del Covid-19, el repertorio de violencia de los actores armados ilegales se ha concentrado en la emisión de amenazas contra la población civil, particularmente en contextos donde su control es hegemónico o bien hay coexistencia”, expresó el Defensor.

Por ello, el informe da cuenta de que departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle, Guaviare, entre otros, este material abunda e impone regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio.

La Defensoría reseñó que en los documentos difundidos por disidentes de las Farc y el ELN es común un mensaje imperativo a los gobiernos locales para la atención de la población vulnerable, aduciendo que su presencia permitirá hacer frente a los vacíos del Estado, ubicándose como protectores de la población civil.

De este escenario no escapan los líderes sociales. La Defensoría reseñó que se han registrado estrategias de instrumentalización de defensores en cuanto a la difusión de normas de conducta, así como la puesta en marcha de retenes ilegales, instrumentalizando también a miembros de la comunidad para tal efecto, especialmente en el sur occidente del país.
Situación en el Cauca

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, señaló que las rentas ilegales que convergen en el departamento del Cauca son las que propician factores de violencia.

La época de cuarentena parece no darle tregua a los líderes sociales en el Cauca. ¿Cuál es la situación que padece esta parte del país?
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En el Cauca enfrentamos una situación que tiene dos caras. Una de carácter estructural, consistente en las condiciones históricas e identitarias del departamento como lo es su geografía quebrada, con accesos recónditos al Océano Pacífico a través de los ríos Naya y Micay, la dificultad de intercomunicar a los poblados más alejados, la ausencia de condiciones para construir cadenas de suministro a los territorios con mayor vocación agraria por los altos costos logísticos.

Además, el abandono histórico del Estado determinado por lo anterior, y el uso de las vías de hecho para hacer frente a las carencias de la población. Todo lo anterior ha sido capitalizado por los actores armados no estatales, en un primer momento para la confirmación de estructuras guerrilleras de vocación agraria, y en los últimos años por estructuras que pretenden explotar y disputarse las rentas ilícitas del narcotráfico.

La segunda cara es de carácter coyuntural y se trata de la consolidación de un frente de coordinación de occidente entre las facciones disidentes de las extintas Farc EP, que se autodenominan Carlos Patiño, Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.

"Los grupos armados usan la emergencia sanitaria para emprender acciones que les permita tener ventaja militar en sus propósitos de dominio y expansión”.

La Defensoría en más de una ocasión ha alertado al Gobierno Nacional y autoridades para mitigar el riesgo de la población vulnerable en esta zona ¿El Estado ha hecho caso omiso a las alertas emitidas?
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De ninguna manera. Periódicamente estamos registrando la respuesta a nuestras alertas tempranas. Ahora bien, nosotros creemos que se puede mejorar en primer lugar con una metodología más explícita para la adopción de decisiones que tengan la característica de respuesta rápida; y en segundo lugar en la focalización de acciones en los territorios advertidos que en la gran mayoría de ocasiones son al nivel de veredas, corregimientos, comunas o UPZ.

¿Cuáles son los grupos que se disputan el control del territorio?
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La Defensoría monitorea la presencia y accionar de actores armados no estatales parte del conflicto armado como el ELN, AGC y facciones disidentes de las extintas Farc-EP.

¿La falta de oportunidades laborales y de educación hacen de este territorio un lugar vulnerable que es aprovechado por las mafias?
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Estas carencias son vulnerabilidades que potencian el riesgo de violaciones a los derechos humanos en territorios donde hay presencia accionar de actores armados no estatales parte del conflicto y grupos armados de delincuencia organizada. Es decir, es más factible que donde hay esas carencias se puedan materializar atentados contra la vida, libertad y seguridad.

“Hemos emitido alertas de salud, ya que nos preocupa un contagio masivo en los territorios donde no hay urgencias o UCI”, Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo

La Defensoría ha pedido reinversión social, ¿esto se ha registrado por parte de las autoridades locales y nacionales?
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Estamos en el proceso de construcción de los planes de desarrollo. El Estado cuenta con numerosos recursos, no infinitos, para ello. Si se ejecutan con rigor y sin corrupción se debería poder mitigar esas vulnerabilidades.

¿El pie de fuerza es el adecuado para la zona?
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Es adecuado y debe completarse con mayor capacidad del Estado civil para atender las demandas sociales de las comunidades.

¿Cuál es el registro de líderes sociales muertos que tiene la Defensoría en todo el territorio nacional?
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En lo corrido del año son 56 líderes asesinados, 14 de ellos en el departamento del Cauca.

¿Qué otras partes pueden estar enfrentando una situación similar?
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Para nosotros la situación es crítica y evoluciona a la par en subregiones como el Bajo Atrato, Bajo Putumayo, Bajo Cauca Antioqueño, costa pacífica y cordillera Nariñense, entre otros.