Hubo 90 casos de desplazamiento y confinamiento forzado en Colombia en el 2020

El año 2020 cerró con alrededor de 90 casos, en los que 28.509 personas de 8192 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento a causa de hechos violentos vinculados al conflicto armado, de acuerdo con la Defensoría de Pueblo.

El organismo entregó un informe en el que se detalla que la principal causa de desplazamientos en el país fueron los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan los territorios, y cometen otros delitos como amenazas, hostigamientos, estigmatización, homicidios, violencia sexual, riesgo y materialización de reclutamiento, territorios contaminados por minas antipersona y munición sin explotar, secuestro y desapariciones.

“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, hay una crisis recurrente por el desplazamiento forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En cuanto a los confinamientos, se estableció que aumentaron los casos en al menos un 252% con respecto al 2019, y que estos hechos se presentaron sobre todo en el Catatumbo, con alrededor de 33.627 personas, es decir, 9997 familias confinadas, a razón del paro armado impuesto por el ELN y EPL en el primer trimestre del 2020.

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En la subregión del Baudó y Pacífico Chocoano, fueron 23.128 personas, es decir, 5210 familias confinadas por los enfrentamientos entre el ELN, las AGC y Gaor de las Farc.

Nariño es un departamento afectado tanto por el confinamiento como por el desplazamiento. En este territorio se reportaron 43 eventos en los que se desplazaron alrededor de 14.048 personas, es decir, 4711 familias, en Telembí, Sanquianga y Pacífico Sur.

Asimismo, allí ocurrieron cinco eventos en los que 9979 personas, alrededor de 2457 familias tuvieron que confinarse para salvaguardar su integridad de los combates entre 'Los Contadores', ELN, AGC y disidencias las Farc.

Para el Defensor Nacional del Pueblo, otro aspecto que se debe tener en cuenta de manera urgente es que a la crisis humanitaria que padecieron estas familias, se sumó el impacto de la pandemia del Covid-19.

“Hay demoras en la atención a las víctimas, restricciones de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de propagación del virus en las comunidades, especialmente por los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso a servicios de salud”, aseguró Camargo.

Retorno de familias indígenas
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El próximo 13 de enero se reunirán diferentes entidades del Estado y las autoridades indígenas Embera, con el fin de evaluar las condiciones de retorno de cerca de 200 familias de esta comunidad que fueron desplazadas de Bahía Solano, Chocó.

Según indicó la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, es necesario evaluar las posibilidades para garantizar el restablecimiento de los derechos de las familias, afectadas por las acciones de los grupos armados organizados que hacen presencia en la zona.

“El trabajo interinstitucional permitió brindar la atención de emergencia a las 200 familias desplazadas y garantizar su estabilización. Ahora el reto que tenemos es lograr un efectivo retorno”, señaló Gutiérrez
La Consejera además destacó el trabajo realizado por diferentes organizaciones nacionales e internacionales, así como el de las autoridades y entidades locales, que permitió proteger a las familias indígenas que tuvieron que desplazarse hacia el corregimiento El Valle del municipio de Bahía Solano.

De acuerdo con lo manifestado por Gutiérrez, con ayuda de la cooperación internacional, representada por Naciones Unidas y el Consejo Noruego, se logró entregar a la comunidad Embera afectada alimentación, implementos de cocina y de aseo, kits de higiene personal y bioseguridad”.

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A través de la Unidad Nacional de Víctimas, 141 familias afectadas por el conflicto armado recibieron elementos para montaje de restaurantes, salones de belleza, tiendas, talleres de confección y cafeterías, avanzando hacia la consolidación de sus proyectos de vida en los municipios del norte del departamento del Cauca.

Las familias beneficiadas se encuentran en los municipios priorizados de Miranda y Santander de Quilichao (Cauca), donde recibieron unidades productivas por un total de $700 millones, mediante los llamados Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar (EEAF).