JEP envió compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar a políticos y general (r) salpicados por ‘Otoniel’

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia en contra de un general en retiro del Ejército, seis agentes del Estado en Casanare y Arauca, y tres civiles, por haber contribuido a la consolidación del poder paramilitar de las extintas AUC en dichos departamentos.

Dicho documento, que tiene las firmas de los magistrados Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli, ya fue entregado a los togados de la Sala de Instrucción del alto tribunal, con el fin de que hagan una evaluación sobre el inicio de las respectivas investigaciones.

Todos ellos fueron mencionados por el condenado y extraditado jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, en los días 9, 10 y 11 de abril de 2024 en Estados Unidos. “En el marco de los casos 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas, y 06, que se centra en la victimización de la Unión Patriótica”.

Para llegar a esa decisión, el tribunal de paz realizó un proceso de contraste y recolección de pruebas de las declaraciones de Otoniel en las que se refirió a la presunta responsabilidad de los implicados en la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos.

Según su relato, en Casanare, actores políticos y empresariales facilitaron recursos y contratos que financiaron las operaciones del Bloque Centauros, lo que permitió a este grupo incrementar su poder en la región.

En Arauca, detalló cómo el Bloque Vencedores, una extensión del Bloque Centauros, contó con el respaldo de miembros de la fuerza pública y autoridades locales, consolidando así su dominio para combatir a otros grupos insurgentes y asegurar el control territorial.

“De acuerdo con la magistratura, las conductas que motivaron esta decisión se relacionan con el presunto apoyo, financiación y promoción de grupos paramilitares. Por tal motivo, podrían enmarcarse en el delito de concierto para delinquir agravado, el cual se clasifica como un delito de lesa humanidad, conforme a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia”, precisó la JEP.

En ese contexto, las personas señaladas son Julio Acosta Bernal, exrepresentante a la Cámara por Arauca, excónsul de Colombia en Singapur y exgobernador de Arauca; Helí Cala López, exgobernador encargado de Casanare y exrepresentante a la Cámara por el mismo departamento; Óscar Raúl Flórez Chávez, exdiputado y exgobernador de Casanare: y los exsenadores Milton Rodríguez Sarmiento y Carlos Cárdenas Ortiz.

En la lista también aparecen el mayor general Carlos Omairo Lemus; Alfredo Guzmán Tafur, exalcalde de Tame; Andrés Rueda Gómez, empresario y exsecretario de infraestructura de Casanare; Sergio Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena; y Sigifredo Gómez Torreglosa, contratista de la Universidad de Cartagena.

*Con información de Colprensa