JEP imputa a diez miembros del Ejército por falsos positivos en Dabeiba

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 10 miembros del Ejército por su responsabilidad en varios crímenes de guerra y de lesa humanidad que ocurrieron en Dabeiba e Ituango, Antioquia.

Por estos crímenes que ocurrieron entre 2002 y 2006 la JEP llamó a responder como máximos responsables por jerarquía a tres coroneles y dos mayores en retiro.

De igual manera en calidad de máximos responsables por participación la JEP llamó a tres sargentos y un soldado profesional en retiro.

Este llamado a imputación es inédito debido a la inexistencia de informes oficiales y de víctimas, la destrucción de documentos operacionales, y los muy precarios avances (archivos) de las justicias ordinaria, penal militar y disciplinaria, por lo que la investigación se soportó por completo sobre los aportes a verdad plena realizados por diversos comparecientes de la Fuerza Pública, contrastados con las evidencias forenses, así como con las pruebas decretadas y practicadas por la JEP.

Esta investigación logró que tras la intervención de 29 fosas se lograrán recuperar 49 cuerpos.

A lo largo de la investigación del caso se lograron identificar tres patrones macrocriminales. El primer patrón determinado se refiere a un conjunto de homicidios perpetrados contra personas puestas fuera de combate (desmovilizados), así como asesinatos de víctimas señaladas previamente como auxiliadores, informantes o milicianos de la guerrilla, con la finalidad de exterminar al enemigo identificado a partir del prejuicio insurgente sobre los campesinos de la región, entre los años 1997 y 2005.

El segundo patrón hallado coincide con el señalado en otros sub-casos referidos a territorios críticos del Caso 03 y demuestra hechos repetidos y uniformes de homicidio contra civiles, de nuevo, con el fin de presentar resultados operacionales y demostrar control territorial, entre los años 2005 y 2007, en un contexto de desmovilización de grupos paramilitares, entre víctimas que no son consideradas enemigo, pero si percibidas como “ fungibles”, traídas bajo engaño y trasladadas en transportes intermunicipales desde Turbo, Medellín y otras localidades, hasta el lugar donde se les daría muerte.

El tercer patrón criminal determinado, de carácter autónomo y transversal, se encuentra conformado por un amplio espectro de hechos repetidos y uniformes de desaparición forzada, perpetrados en los cementerios de Dabeiba e Ituango, durante muchos años (el primer crimen esclarecido data de 1982 y los demás casos promedian los 20 años), con la finalidad inmediata de encubrir los homicidios cuya ilegalidad es conocida por sus autores, impidiendo la identificación de las víctimas y con el propósito estratégico de reforzar la idea de control territorial.