JEP inició audiencia a exmilitares vinculados a la toma de Palacio del Justicia: los detalles

“No puedo aportar nada porque no estaba. Me encontraba en vacaciones, no tuve oportunidad de conocer absolutamente nada. Cuando me presenté, ya habían sido muchos días de lo del Palacio de Justicia. No puedo aceptar absolutamente nada, no tengo conocimiento y, si lo tuviese, de rodillas les pediría perdón a las víctimas y hablaría todo lo que supiese al respecto”.

Estas fueron las palabras del sargento retirado del Ejército Bernardo Alfonso Garzón,durante la Audiencia Única de Aporte a la Verdad de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, para esclarecer los hechos acontecidos en la toma del Palacio de Justicia por parte del M19 y las acciones para la retoma por parte del Ejército en 1985.

Los hechos ocurrieron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, cuando la Fuerza Pública realizó la retoma del Palacio de Justicia, situación que, según las víctimas, fue un pacto de silencio entre los responsables del operativo, de los cuales dos ya han sido expulsados de la JEP.

El sargento viceprimero en retiro Bernardo Alfonso Garzón fue miembro del Batallón Charry Solano, seccional de Inteligencia, comandado por el general retirado Iván Ramírez Quintero y acusado en la década de los 80 de cometer torturas y desapariciones forzadas.

Luego de varios años logró infiltrarse en el M-19 por varios años y era conocido como ‘Lucas’, y ha sido visto durante mucho tiempo como un vínculo crucial para clarificar lo que ocurrió durante el asalto al Palacio de Justicia.

Para el año 2017 recibió una sentencia de once años de prisión por intento de homicidio, secuestro y tortura de Guillermo Marín Martínez, un miembro del M-19 que sobrevivió a un intento de desaparición forzada.

En su participación, Jorge Eliécer Molano, representante de las víctimas, le preguntó al sargento viceprimero Garzón Garzón que si supo de radiogramas, que desde el mes de agosto inteligencia militar sabía que iban a hacer la toma del Palacio de Justicia, a lo que respondió Garzón: “Yo no estaba en la unidad. Yo trabajaba en la ciudad, en la parte civil, de fachada. Para ese entonces no recuerdo, si yo aún hacía parte del M-19 (como infiltrado). Yo no tenía acceso al puesto de mando y por eso no podría tener conocimiento”, respondió.

A su turno, Eduardo Carreño, representante de víctimas del sur del país, le preguntó: ¿Quién le ordenó infiltrarse en el M-19?, “Una orden directa, no. Cuando uno trabaja en inteligencia tiene que buscar la información. Yo siempre busqué por iniciativa propia en el M-19″, respondió Garzón.

Familiares de las victimas asistentes a la audiencia como Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera; Débora Anaya Esguerra, hija de Norma Constanza Esguerra Forero; Dámaris Oviedo Bonilla, hermana de Lucy Amparo Oviedo Bonilla; y Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán, solicitaron la exclusión de la JEP de Bernardo Alfonso Garzón Garzón.

La petición se da por la omisión de verdades que, según las víctimas, se realizan por parte de Garzón, siendo este el motivo para que la magistrada Claudia Rocío Saldaña suspendiera la diligencia e informara que continuará este jueves con el sargento mayor en retiro Gustavo Arévalo Moreno.

Con la versión de Moreno se pretenden esclarecer los hechos de la toma al Palacio de Justicia junto al mayor en retiro Óscar William Vásquez, ambos condenados por desapariciones ocurridas durante el asalto, aunque Vásquez fue absuelto en 2011, pero siempre estuvo vinculado al caso.

Cabe mencionar que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. Su existencia no podrá ser superior a 20 años.