La abogada que defiende gratis a 16 colombianos presos en China

"El señor tenía una finca por Pereira y hasta allá llegaron los traficantes y le ofrecieron el viaje y la plata. Él no aceptó y se fue de ahí. Volvió a los dos años y reaparecieron las amenazas, pero a través de fotos que le mostraron de su familia, lo obligaron a viajar. Él dijo que iba para el Amazonas a ver una casa de campo, pero nunca volvió. Su familia supo de él cuando ya estaba detenido en China”.

Este es uno de los 16 casos de colombianos presos en el país asiático que lleva la abogada Blanca Cecilia Henríquez Baquero, quien es docente de la Universidad Autónoma de Colombia y cumple con esta labor de manera gratuita gracias a que la institución acogió la defensa jurídica a través del Centro de Ayuda a la Persona Extranjera.

Esta mujer, al otro lado de la línea, dice que algunos de sus apoderados fueron víctimas de redes que los obligaron a viajar como salida desesperada al acoso de las deudas, por eso denunció ante la Fiscalía una supuesta trata de personas.

“La gente fue presionada para llevar la droga y luego caer en aeropuertos, mientras otros pasaban grandes cantidades de droga. Para muchos era la primera vez en un avión”, afirma la abogada Henríquez Baquero.

Las redes estarían operando en Cali, Pereira y Bogotá. “Cuando la persona es puntual con sus cuotas, no pasa nada, pero empiezan los atrasos y a la tercera vez le entran a plantear el viaje”, denuncia.

La mujer dijo que está a la espera de que una comisión de investigadores de la Dijín y la Fiscalía pueda viajar a China para tomar declaraciones a los detenidos. Para llevar droga al país asiático estarían pagando tres mil o hasta diez mil dólares, en algunos casos.

“Dos de las personas que tengo, por ejemplo, eran campesinos con poco estudio que fueron acosados para llevar la droga, claramente ellos no son delincuentes ni narcotraficantes. Solamente con pensar que para muchos era la primera vez que tocaban un aeropuerto”, cuenta.

Dice que entre 2010 y 2015 sus apoderados, la mayoría oriundos del Eje Cafetero, fueron capturados en diferentes aeropuertos chinos. Algunos han sido condenados a penas de años, pero otros esperan el llamado a la ejecución luego de ser sentenciados a la pena capital, en la mayoría de casos sometidos a la inyección letal en cuartos acondicionados solamente para ello.

En su diálogo recuerda al caleño Ismael Arciniegas, de 74 años, el primer colombiano ejecutado por narcotráfico en China.

Su muerte se dio el 27 de febrero de 2017 y en una corta comunicación desde la cárcel se despidió de su hijo y demás familiares.

“Fabián Enrique Buitrago Gordillo, de Bogotá, podría ser el segundo que muera en prisión porque los chinos le confirmaron la pena de muerte en febrero y en junio se la ratificaron. A ellos no les avisan del día final, simplemente llega la citación”, dice.

La mujer, especialista en derecho internacional, cuenta que el trabajo con las familias de los detenidos inició en 2015 como un ejercicio académico.

“Todo comenzó con las estudiantes Cindy Callejas y Lina Trujillo, quienes me pidieron que les asesorara el trabajo de grado sobre el tema. Arrancamos con familias de Pereira y luego con otras de Bogotá, se cobraba por cada caso hasta un millón de pesos, pero luego ya la Universidad acogió la labor”, expresa.

Blanca Henríquez ya perdió la cuenta de las comunicaciones que ha intercambiado con el Ministerio de Justicia y la Cancillería de Colombia. Sus clamores también han llegado en papel o correos electrónicos al Ministerio de Justicia de China.

Cuenta que, paradójicamente, no conoce suelo asiático. Su labor a la distancia se materializa a través de poderes que envía a las cárceles para que los compatriotas los firmen con el fin de continuar la lucha por traerlos.

El paso a paso es así: ella redacta el poder, lo envía a la Cancillería, allá lo revisan y se lo devuelven por si hay que hacerle cambios. Si está listo ellos lo mandan a los diferentes consulados de Guangzhou, Beijín y Honk Kong donde cada cónsul lo imprime y se lo dirige al detenido para que les pongan ellos la huella y la firma. Luego regresa a Colombia. Las familias pagan la apostilla.

Pero, ¿por qué los colombianos detenidos están casi condenados al “exilio” entre los barrotes?

La jurista tiene la explicación que alguna vez se la dio un abogado chino a través de WhatsApp en una comunicación lograda en 2016. “Él me decía que la defensa de muchos son estudiantes chinos en práctica que no tienen la experiencia para delitos que tienen que ver con narcóticos y que, como involucra a extranjeros, debe ser tratado con especial cuidado. No han tenido una verdadera asistencia jurídica y por eso ya le pedí a la Cancillería que pusiera abogados a estas personas allá, pero todavía no hay respuesta”, narra.

La jurista, que administra un grupo de WhatsApp en el que están 74 familiares de presos en China y que es canal de comunicación para conocer los avances de cada caso, está pendiente de ser la apoderada de la pereirana Jacqueline Gómez Ramírez, de 36 años, condenada a pena de muerte. Ya la familia la contactó.

Henríquez Baquero ha recibido cartas escritas a puño y letra de los presos contando detalles de cada caso.

Por ejemplo, El País conoció apartes de la misiva de un hombre confesando que como salida desesperada a la crisis económica aceptó llevar droga a China. Debía $12 millones entre bancos y particulares.

“(...) El día 5 de junio vino (un hombre) a las dos de la tarde a mi negocio, una salsamentaria, y me llevó a un sitio que parecía un inquilinato.
Entramos a una alcoba que solo tenía una mesa, dos sillas y un lavamanos. Allí me entregó un paquete con 88 cápsulas y dos botellas de agua. Además, me dejó unas pastillas para el vómito y un lomotil para la diarrea.

Durante ocho o diez horas me tragué dichas cápsulas y me fui a dormir a mi casa. Al día siguiente tomé el vuelo hacia Bogotá. En el aeropuerto me recibieron una mujer, de unos 25 años y con acento bogotano, y un hombre que tendría 32 años. Los dos me llevaron a un hotel de baja categoría.

Al día siguiente, a las 5:00 a.m., me recogieron en el hotel, me entregaron el pasaporte y el itinerario del vuelo. También mil dólares y un celular que me dijeron solo prendiera cuando saliera del aeropuerto de Shanghái porque a ese número me iba a llamar una persona para recogerme(...) Cuando llegué a Shanghái, en la aduana había un policía que pareciera que me estaba esperando(...) ”.


El hombre de la carta cuenta que en su caso la ruta utilizada para llevar la droga fue Bogotá con conexiones primero a Lima (Perú) y luego a São Paulo (Brasil). Una vez se cumplió el itinerario en estas dos ciudades, el vuelo salió hacia Dubái (Emiratos) para, finalmente, llegar a Shanghái.

El relato del colombiano, escrito en 2016 desde el Distrito de Qingpu, jurisdicción de Shanghái, podría ser similar al testimonio de los más de 140 connacionales presos por narcotráfico en cárceles de China y Hong Kong.

1. Sigifredo Aguirre, de la Celia, Risaralda, condenado a pena de muerte en agosto 25 de 2013. Tiene 75 años y estaría en grave estado de salud. Detenido en cárcel de Shanghái.
2. Luis Leoncio Pérez Correa, de Anserma Nuevo, Valle. Condenado a pena de muerte en 2013. El hombre, de 58 años, estaría delicado de salud en la prisión de Shanghái. 
3. Miguel Ángel Tovar Arévalo, privado de su libertad en la Casa de Detención N° 3 de Guangzhou. Lleva cuatro años detenido sin definir situación judicial. Oriundo de Bogotá y tiene 38 años.
4. Juan Carlos Giraldo Gutiérrez, de Pereira, privado de su libertad en el Centro de Detención de Guandu, en la ciudad de Kunmig. 
5. Luis Eduardo Ramírez López, condenado a pena de muerte el 14 de noviembre de 2012.
6. Jhoan Sebastián Guerrero Fernández, de Cali, privado de su libertad en Qingpu.
7. Francisco Javier Rondón Castrillón, de Cali, detenido en Qingpu County, de Shanghái. Tiene 39 años.

Abogada en derecho internacional con maestría en este campo de la Universidad de Rusia. Tiene una especialización en Derecho Internacional en la Universidad Externado de Colombia.

En la Universidad Autónoma de Colombia hizo especialización en Derecho Público Laboral.

Docente e investigadora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Profesora de la Universidad Autónoma de Colombia desde 1995.
El servicio a presos en China lo hace a través del Centro de Ayuda a la Persona Extranjera de la Universidad Autónoma.