La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por desaparición forzada durante la Operación Orión

La Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó que Colombia es responsable por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina en hechos que ocurrieron el 30 de noviembre de 2002, en la Comuna 13 de Medellín, en el marco de la controversial Operación Orión, uno de los diecisiete operativos militares de la guerra urbana de dicha zona por parte de la Fuerza Pública colombiana.

Colombia, tras un reconocimiento de responsabilidad en la Corte, fue hallada por el Tribunal de las Américas como responsable no solo de la desaparición de Arles, sino también por negarle a su familia garantías judiciales y el derecho a conocer la verdad.

Es la primera sentencia en la historia que la Corte IDH emite frente a las desapariciones de la Operación Orión, que de acuerdo con los datos de la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la organización Corporación Jurídica Libertad, fueron 92 casos.

En noviembre de 2002, Arles Edisson Guzmán tenía 29 años, estaba casado y vivía con Luz Enith Franco. Ambos administraban un restaurante en el barrio 20 de julio, ‘Asados el 20′, que estaba ubicado a pocos metros de un puesto de control de la Fuerza Pública.

La Corte IDH recalcó que la Operación Orión se realizó en asociación con grupos paramilitares que luego consolidaron su control en la Comuna 13 y relató que el 30 de noviembre de 2002 dos hombres llegaron al lugar de trabajo de Arles Guzmán y le preguntaron a su esposa por el nombre de la persona que trabajaba con ella.

Luz Enith les dijo que Arles Guzmán era su compañero de empleo y su esposo. A las 7:30 de la noche, aproximadamente, otros dos hombres vestidos de civil llamaron a Arles por su nombre y le indicaron que debía ir con ellos, dado que su ‘patrón’ necesitaba hacerle unas preguntas. “Arles Edisson procedió a ingresar al taxi, y desde entonces se desconoce su paradero”.

Tras el fatídico episodio, por años enteros no se supo de él, por lo que su hermano, Henry Orlando, intentó junto a la Defensoría del Pueblo hacer las denuncias correspondientes ante las autoridades, sin embargo, el Estado no le proporcionó a la familia del desaparecido las herramientas adecuadas para desarrollar una búsqueda que ofreciera resultados palpables, así como tampoco brindó oportunidades para que se esclareciera lo ocurrido con el ciudadano.

Un ejemplo de esto, de acuerdo con las investigaciones, es que el 6 de diciembre de 2002, aunque las autoridades ya habían recibido la notificación de la desaparición del joven, no idearon un mecanismo de búsqueda y dos años después, en 2004, la Fiscalía 114 Delegada de la Unidad de delitos contra la Libertad, Integridad y Formación sexual, suspendió la investigación, argumentando que había “transcurrido un lapso superior a 180 días”.

En 2005, el archivo del proceso se revocó luego de que fueran hallados 13 cuerpos en el corregimiento de San Cristóbal.

Por el momento la investigación continúa y está a cargo de la Fiscalía 212 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. “Todavía no se ha logrado determinar el paradero del señor Guzmán Medina”, afirmó la Corte.

Estado debe seguir investigando

Entre las órdenes que el Tribunal de las Américas le impartió al Estado está continuar con las investigaciones. Se debe tener en cuenta que el cuerpo de Guzmán no ha sido buscado en La Escombrera ni en La Arenera, dos lugares donde se enterraron restos mortales de personas desaparecidas luego de que el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia asumió el dominio de la Comuna 13 como resultado de la Operación Orión.

En ambos sitios la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, mantiene medidas cautelares para protegerlos y poder establecer un polígono en el que la Unidad de Búsqueda y otras autoridades puedan intervenir, pues varios cuerpos siguen inhumados de forma clandestina mientras sus familiares intentan recuperarlos.

Luego de ajustar esas medidas cautelares, el magistrado Gustavo Salazar, de la JEP, destacó que la Operación Orión causó una “desaparición masiva de jóvenes”, además añadió que “las operaciones Orión, Marisca, Antorcha, entre otras, no fueron operativos audaces ni batallas épicas, fueron acciones oscuras que deterioraron el estado de derecho que decían defender”, afirmó el togado.

Los operativos, de acuerdo con el Salazar, “no se validan ni excusan en los sonoros aplausos de quienes creen que los fines justifican los medios” y subrayó que el resultado de las operaciones fue la salida de las milicias del ELN y las entonces Farc de la Comuna 13, solo para ser remplazadas por “el impune dominio del Bloque Cacique Nutibara” de las Autodefensas.