La extorsión, un mal endémico que ahoga a la galería Santa Elena

Los comerciantes de Santa Elena viven desde hace décadas bajo un flagelo que no les permite avanzar en sus negocios: la extorsión. De acuerdo con los testimonios de los habitantes del barrio, los grupos criminales se han apoderado del sector cobrando ‘vacunas’ a todo aquel que venda algún producto en los alrededores de la plaza de mercado más importante de Cali.

Por ello, el Gaula de la Policía y la Fiscalía General trabajaron articuladamente durante diez meses hasta dar con la desarticulación de la banda Los Vigilantes, quienes se dedicaban a exigir dineros en la zona conocida como el Planchón.

“Este trabajo de los investigadores se llevó a cabo con análisis de videos, testimonios, seguimientos y entrevistas, lo que nos permitió realizar 16 allanamientos en diferentes comunas de la ciudad y capturar a 14 de estos delincuentes que hoy en día están cobijados con medida de aseguramiento intramural”, aseguró el comandante de la Policía de Cali, brigadier general Daniel Gualdrón.

El uniformado manifestó que esta organización habría comenzado a delinquir en octubre 2022, cobrando entre $10.000 y $50.000 a los transportadores, comerciantes, productores y vendedores, según su capacidad económica.

De la misma manera, la directora de la Fiscalía Valle, Sandra González, explicó que “esta estructura criminal venía asediando a los comerciantes robándoles el fruto de su trabajo a través de la solicitud de dineros semanales que debían cancelar por un presunto servicio falso de vigilancia y seguridad”.

Así lo confirmó Ana*, una mujer que lleva más de 30 años viviendo en el barrio Santa Elena, centro geográfico de Cali y quien aseguró que desde hace años la inseguridad se ha tomado las calles de la zona.

Cuando llegó al barrio comenzó a hacer el mercado en la galería, sin embargo, desde hace un tiempo prefiere comprar sus víveres en los alrededores de este importante punto del centro geográfico de la ciudad, desde donde se comercializa el 40% de los alimentos que se consumen en Cali.

“Yo suelo ir a comprar la papaya en un sector que se llama Puerto Mango porque allá hay muchas bodegas de frutas. En alguna ocasión, llegaron un par de sujetos, uno entró y el otro se quedó afuera. Apenas los vio, la señora la tienda le pasó alrededor de $50.000 al hombre sin decirle absolutamente, ella ya los conocía, pero los que estábamos allí mercando nos quedamos muy sorprendidos”, recordó Ana y agregó que la propietaria del negocio se había ido del lugar un tiempo después.

Y es que de acuerdo con un informe de la Policía consultado por El País, en Cali se han reportado 312 casos de extorsión este año, 95 más que en 2022 cuando se habían registrado 217, lo que representa un aumento del 44%.

María Isabel Gutiérrez, directora del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, aseguró que desde hace más de tres décadas en Santa Elena existe el derecho de piso, es decir, grupos ilegales organizados le cobran un dinero a los comerciantes por dejarlos trabajar.

“Incluso a las personas que tienen puestos ambulantes les cobran por vender en la calle, entonces los que apenas tienen para su sustento diario si no pagan los evacúan del lugar, los amenazan o incluso pueden presentarse lesiones personales”, expresó.

Por su parte, Juan Miguel Gómez, politólogo magíster en Defensa y Seguridad Nacional, explicó que las zonas de alto nivel económico, como la galería, pueden convertirse en un eje de acción para estructuras ilegales, pues saben que existen las condiciones en materia de recursos económicos para desarrollar y mantener sus economías criminales, por lo que la extorsión se puede presentar en cualquier parte de Cali.

¿Un delito que no tiene cura?

Las autoridades han desarrollado operativos de desarticulación de organizaciones dedicadas a exigir ‘vacunas’ en Santa Elena, sin embargo, nuevas estructuras llegan a ocupar estos puntos, puesto que de acuerdo con los expertos, el negocio delincuencial es altamente lucrativo.

Para evitar que esta vulneración aumente es necesaria la prevención, por lo que la Policía adelanta la campaña ‘yo no pago, yo denuncio’, en la que entregan volantes que explican la ruta que deben seguir las víctimas y testigos. Sin embargo, Gutiérrez enfatizó en que es necesario realizar un acompañamiento integral a estas acciones.

“Si se hace una campaña se debe responder de manera continua, porque si no se le dejan los espacios libres para que vuelvan y entren otros a hacer las mismas prácticas”, comentó. Además, es vital trabajar en la confianza en las instituciones, ya que muchas veces no se denuncia por miedo.

El politólogo concuerda. Para él, las campañas solo son exitosas si se desarrollan mecanismos seguros de protección al denunciante y resultados operacionales estratégicos que muestren una acción decidida contra la delincuencia que se dedica a la extorsión.

“Mientras que los gobiernos locales no implementen acciones integrales de desarrollo de dichos territorios y la Fuerza Pública no genere estrategias sostenidas a largo plazo y no simplemente de choque contra las organizaciones criminales, estará siempre la amenaza de que este tipo de delitos se vuelvan a presentar”, concluyó.

La directora de Cisalva también dijo que las acciones conjuntas sostenidas son la única manera de cambiar la situación, lo que debe incluir el orden y el mejoramiento de la infraestructura de la galería y las zonas aledañas. Además, los jóvenes, quienes principalmente integran estas bandas, deben tener apoyos reales para desarrollarse lejos de la violencia.

“No es dar subsidios, sino oportunidades de estudio, de un empleo sostenible y de bienestar para sus familias, estas son acciones integrales que evitan que los jóvenes sigan cometiendo estas acciones criminales, porque esto es un problema intergeneracional, y la única manera de romper esas cadenas es con intervención social”, indicó.

*Nombre cambiado por seguridad.