Las decisiones tras los diálogos de las Disidencias de las Farc con el Gobierno en el Cauca; inician cese al fuego en octubre

El Gobierno Nacional y los miembros del principal grupo de disidentes de las Farc comenzarán diálogos de paz y un cese al fuego el próximo 8 de octubre, anunciaron ayer, desde las montañas del departamento del Cauca, luego de tres días de diálogos.

Rodeados de cultivos de hoja de coca, base de la fabricación de cocaína, los representantes del presidente Gustavo Petro y los integrantes del Estado Mayor Central de las Farc se reunieron en Suárez, departamento del Cauca.

De acuerdo con un comunicado conjunto, la mesa de negociaciones será instalada en Tibú, Norte de Santander. Ese mismo día entrará en vigor una tregua de 10 meses.

Por iniciativa de Petro, el Gobierno pretende dar una segunda oportunidad de dejar las armas al Estado Mayor Central de las Farc, conformado por guerrilleros que se negaron a acogerse al Acuerdo de Paz de 2016 bajo el mando de su comandante, alias Iván Mordisco.

Alias Andrey Avendaño, el vocero de la disidencia y su jefe negociador, dijo en una rueda de prensa que es el “momento oportuno para que Colombia transite por un escenario de paz”.

El cabecilla guerrillero de larga cabellera apareció junto al líder de los negociadores del Gobierno, el académico Camilo González Posso, y de Danilo Rueda, el consejero presidencial de paz.

“Hoy tenemos muchos retos frente al país, es enfrentar el escepticismo que existe en nuestra sociedad frente a este proceso de paz y por eso debemos mostrar con mayor claridad los hechos y la coherencia de lo que escribimos en el papel”, recalcó Rueda.

El Acuerdo de Paz de 2016, negociado en Cuba, permitió que unos 7000 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se reincorporaran a la vida civil, pero Iván Mordisco no quiso seguir el mismo camino.

Desde entonces, el Estado Mayor Central se fortaleció y aumentó su presencia en territorios ante la ausencia del Gobierno en regiones que antes ocupaban las Farc. Continuaron viviendo de las rentas del narcotráfico, extrayendo minerales de forma ilegal y atentando contra la Fuerza Pública.

En la reunión de estos tres días se aprobó, además del cese al fuego, el Acuerdo de Respeto a la Población Civil y la Implementación del Cese al Fuego Bilateral Temporal Nacional y Territorial, como también los protocolos que regirán el funcionamiento del Mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación.

Las partes señalaron que desde ayer y hasta el próximo 7 de octubre de 2023 se harán los ajustes a los acuerdos, protocolos, concertación de los que falten y diferentes consultas, mientras que el 8 de octubre se dará la instalación de la mesa y promulgación del decreto del Acuerdo de Respeto a la Población Civil y cese de operaciones ofensivas.

Igualmente, se indicó que del 8 de octubre al 11 de noviembre se continuará el proceso de discusión sobre agenda de la mesa de diálogos de paz, se mantendrán las visitas humanitarias en territorio y se conformará una comisión especial para atender la situación de integrantes del Estado Mayor Central de las Farc que están privados de la libertad.

Entre el 11 de noviembre y el 8 de agosto de 2024 se evaluará la implementación del acuerdo de protección de la población y cese al fuego.

“En ese momento se evaluarán los avances y el cumplimiento en el desarrollo de la agenda, los procesos participativos y los compromisos pactados. El Gobierno Nacional seguirá garantizando el libre ejercicio del voto y la transparencia en los procesos electorales”, explicaron en medio de las declaraciones ofrecidas a medios.

La guerrilla precisó que “el Estado Mayor Central de las Farc asume el compromiso en este proceso de paz de respetar el libre ejercicio al voto y de las campañas electorales. En este proceso de paz el respeto a la vida de todos los ciudadanos, sin excepción, y de la naturaleza, están en el centro de las discusiones y de las decisiones.

Los delegados de Petro e Iván Mordisco estuvieron acompañados por emisarios de la Unión Europea, la ONU, la OEA y de los gobiernos de Venezuela y otros tres países europeos, como Suiza, que están como invitados para garantizar transparencia.