Ley de sometimiento propone que bandas paguen entre seis y ocho años de cárcel

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó este miércoles la ley de sometimiento a las bandas criminales que presentará ante el Consejo Superior de Política Criminal y que espera radicar pronto en el Congreso de la República. Entre otros puntos, el proyecto contempla las condenas para quienes se acojan a esta ley. 

Según Osuna, este proyecto tiene una duración de dos años para que las bandas criminales decidan acogerse a la justicia y al desmantelamiento de la banda criminal a la que pertenecen.

El documento señala que esta ley busca establecer "mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones”.

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En 54 artículos están descritas las disposiciones del Gobierno Petro para otorgar beneficios a miembros de organizaciones ilegales que tengan relación directa con el narcotráfico y que se sometan a la justicia. 

De acuerdo con el articulado, los integrantes de bandas criminales que decidan someterse a la justicia pagarían penas entre los seis y ocho años de cárcel. La condición para acceder a esto es que proporcionen información clara sobre rutas y funcionamiento de las estructuras criminales.

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Al respecto, el Ministro de Justicia detalló que existirán dos etapas en las condenas. Inicialmente, un periodo en las cárceles ordinarias del país de seis a ocho años, sin beneficios y reducciones, según los delitos imputados.

Después, tendrán cuatro años obligatorios de justicia restaurativa. Este periodo será una libertad condicionada para realizar actividades de restauración a las víctimas y de reinserción a la sociedad.

Otro de los puntos de este proyecto es que los integrantes de las organizaciones criminales que no hayan cometido delitos graves podrían ser beneficiados con la renuncia de procesos en su contra.

Al acogerse a la propuesta del Gobierno, estas bandas criminales deberán entregar información sobre su organización, desmantelar la misma, reparación a las víctimas, aportar a la verdad y entregar bienes de la organización. Los bienes entregados entrarán directamente a extinción de dominio.

No obstante, los integrantes de estas bandas podrán mantener hasta un 6 % de ese patrimonio ilícito para sus familias, según manifiesta el documento.