Caso Marionetas 2: Contraloría inspecciona sede del DPS para buscar pruebas contra congresistas

En horas de la mañana de este martes, 30 de enero, funcionarios de la Contraloría General de la República adelantaron una inspección a las instalaciones del Departamento de Prosperidad Social, DPS, con el fin de recaudar información sobre contratos y documentos que permitan identificar alguna irregularidad en la entidad por el caso de corrupción de “Las Marionetas 2″.

Es de recordar que estos contratos fueron firmados por el exdirector del DPS, Pierre García, quien actualmente enfrenta una circular roja de Interpol para responder por un presunto entramado de corrupción, y que llevó a cabo su gestión en medio del gobierno de Iván Duque.

Según lo dicho por el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, el fin de estas visitas es determinar “si esas contrataciones que se hicieron cumplieron su objetivo, si estuvieron bien ejecutados los proyectos o en qué estado se encuentran aquellas partidas que se giraron y no han podido cumplir su destinación”.

Esta inspección está siendo realizada por un equipo especial conformado por la Dirección de Análisis y Reacción Inmediata, Diari, y por la delegada de inclusión social. Todo ello bajo la directriz del contralor encargado.

Al respecto, Zuluaga mencionó que “adelantarán unas visitas de manera inmediata al DPS, con el fin de obtener toda la información de aquellos contratos que han sido cuestionados y que han aparecido en noticias de los medios de comunicación, en relación con los casos que involucran presuntamente a varios senadores de la República”.

Sobre esto último, se debe destacar que el escándalo de “Las Marionetas 2″ salpica a seis senadores, entre ellos a Ciro Ramírez, quien se encuentra en prisión, Carlos Fernando Motoa, Juan Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe y Miguel Ángel Barreto.

Este caso sería un nuevo episodio del entramado de corrupción de ‘las Marionetas’, nombrado de esa manera por el excongresista liberal Mario Castaño, quien murió en la cárcel La Picota, y que durante años manejó la contratación en Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Risaralda y Valle del Cauca.