“Lo único que hace es desvanecer los sinceros deseos de paz de los colombianos”: Defensor del Pueblo sobre condición del ELN para dejar de secuestrar

Antonio García, comandante militar del ELN, volvió a causar polémica el fin de semana pasado al condicionar de nuevo el acuerdo de no secuestrar más, que se creía ya se había pactado con ese grupo guerrillero durante la quinta ronda de negociaciones, que concluyó hace pocos días en México.

Según García, “dicha suspensión de retenciones está relacionada con otro acuerdo referido a la financiación del ELN y del Proceso de Paz”.

Así lo consignó el jefe guerrillero en una columna de opinión del medio virtual de esa organización, ‘Voces’, en la que cargó contra los medios de prensa locales, a quienes acusó a manipular la opinión pública. También criticó al Gobierno, por algo de lo que ya se ha referido en el pasado, la introducción de temas a la mesa de discusión, en particular el asunto de los secuestros y los secuestrados.

Sostuvo que lo pactado en la mesa de negociaciones respecto de los secuestros se circunscribe una “prórroga del cese al fuego bilateral nacional temporal”.

García manifestó que antes de hablar del fin del secuestro deberá discutirse un mecanismo de financiación, recordando que ese ha sido el argumento con el que han defendido las retenciones y extorsiones en otras oportunidades.

El jefe guerrillero citó lo firmado en México e insistió en que la suspensión de los secuestros se dará únicamente en el marco de una prórroga del cese el fuego, “entendiendo que no está firmado ningún cese definitivo, sino temporal”. Además, anotó que este cese “no viene funcionando bien”, por lo que habrá que hacer ajustes.

“Pese a nuestra buena voluntad para cumplir este cese, siguen las masacres y asesinatos de dirigentes sociales, así como la persecución contra ellos. Y el Estado y sus Fuerzas Armadas tranquilos que no es con ellos”, escribió en una columna de opinión.

Para analistas como Gabriel Cifuentes, este no es más que un “nuevo golpe de soberbia y miopía de la mesa”.

“No hay otra vía que endurecer las condiciones por parte del Gobierno. Exigir seriedad, compromiso y respeto por lo acordado”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Y a su voz se sumaron otras como la del concejal electo de Bogotá, Daniel Briceño, quien fue más allá y señaló que “el ELN busca que con los impuestos de la gente honesta y trabajadora les paguen por no delinquir. A eso los está acostumbrando Petro”.

José Félix Lafaurie, quien hace parte del grupo negociador del Gobierno, indicó que el jefe del ELN está equivocado y que posiblemente no leyó bien lo que se pactó en México porque por ningún lado se habla de dinero para esa guerrilla a cambio de que dejen de secuestrar.

“Yo creo que él debería de leer con mucho detenimiento los acuerdos. El financiamiento del que se habla allí es para asuntos que tengan que ver con la paz y las mejoras que eventualmente se puedan hacer en un territorio que se intervenga por parte del proceso. En ese escenario es que se habló de dinero y es para que la población se beneficie, pero no para que dejen de secuestrar”.

Lafaurie dijo que no entiende la postura de García al seguir insistiendo en una financiación porque él sabe que por ser un grupo criminal no habrá financiación del Gobierno Petro ni de la comunidad internacional. “Bajo ningún punto de vista, y lo digo con toda claridad, se definió financiamiento para la tropa. No habrá recursos públicos ni internacionales para financiar una organización armada y mantener sus efectivos armados, eso no es posible. Mucho menos cuando las organizaciones internacionales consideran al ELN como un grupo terrorista”.

Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia, calificó como desfachatez las peticiones del ELN para sentarse a negociar: “Uno no puede sentarse en una mesa de negociación a que le garanticen cómo va a reemplazar el lucro criminal que ha tenido durante los últimos años”.

“Así como hace unos días valoramos el anuncio del acuerdo alcanzado en Ciudad de México, el cual da cuenta de que el ELN se compromete a renunciar al secuestro de personas, así mismo, decimos con vehemencia que es una afrenta contra el pueblo colombiano condicionar el cese de tan execrable práctica a la entrega de recursos para la financiación del grupo guerrillero. Es una vil extorsión al Gobierno, que evidencia su naturaleza criminal”, asegura Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo.

Camargo Assis agregó que una publicación de tal naturaleza, lo que hace es jugar con el mayor sueño de quienes habitan en Colombia: “La retórica improvisada, lo único que hace es desvanecer los sinceros deseos de paz de los colombianos. No pisoteen los anhelos de los habitantes en el territorio nacional, particularmente de quienes, por generaciones, han tenido que soportar en el campo los embates del irracional conflicto armado interno”.