Habla Mario Valencia, hijo de Luz Mery Tristán: “Es muy doloroso que a uno le maten a la mamá y el responsable vaya a obtener rebaja en la pena”

Por: Adolfo Ochoa / Especial para El País

Para Mario Valencia, uno de los hijos de la patinadora caleña Luz Mery Tristán, asesinada en Cali el pasado mes de agosto, las penas de las que escuchaba dictaban jueces de Estados Unidos condenando a delincuentes a varias cadenas perpetuas consecutivas no tenían sentido. No hasta ahora.

Y es que en una maniobra que podría alterar significativamente el proceso, el abogado defensor del presunto asesino de la deportista, su expareja Andrés Ricci, ha solicitado oficialmente un espacio para negociar un preacuerdo con la Fiscalía.

Esta solicitud, presentada el jueves 2 de octubre, busca explorar alternativas legales antes de la presentación formal del escrito de acusación.

El Fiscal 14 de la Unidad de Vida, encargado del caso, está evaluando la propuesta. Según fuentes cercanas, ya se ha dado un primer paso con una reunión preliminar entre ambas partes, marcando el inicio de lo que podría ser un camino hacia una resolución menos contenciosa del caso.

El abogado de Ricci, con un ojo en la ley y otro en las posibilidades que esta ofrece, busca aprovechar los beneficios que un preacuerdo podría brindar a su cliente. Estas negociaciones tienen el propósito de influir en la etapa previa al escrito de acusación, abriendo un margen de posibles reducciones de pena o ajustes de cargos.

Sobre los beneficios de llegar a un preacuerdo el abogado dijo que podría ser de “darle tratamiento de cómplice en lugar de autor, lo que implica una rebaja del 50 %; someterse a un cambio de calificación jurídica en el sentido que no sea feminicidio, sino un homicidio común y corriente; o una rebaja del 50 %; hay varias opciones y eso es precisamente lo que se está explorando”, mencionó el abogado del presunto asesino.

Aunque hace poco aclaró en una reciente entrevista con RCN Radio Cali que todavía no se ha concretado ningún preacuerdo y que solo se ha llevado a cabo una reunión preliminar para discutir posibles escenarios y está pendiente de futuras reuniones programadas para este mes.

Por su parte, el fiscal del caso ha confirmado esta serie de eventos, asegurando que todo se está desarrollando conforme a los preceptos legales y constitucionales.

Para Mario, la posibilidad de un preacuerdo entre el abogado de Ricci y la Fiscalía ha suscitado una mezcla de incertidumbre y frustración.

Admite no tener total claridad sobre los beneficios específicos que se buscan en este preacuerdo. Sin embargo, la idea de que se puedan otorgar beneficios legales al presunto asesino de su madre resulta incomprensible y profundamente dolorosa para él y su familia.

“La verdad, en este momento no tengo claridad sobre los beneficios específicos que buscan. La Fiscalía está dialogando con ellos para entender el alcance del preacuerdo. Personalmente, no comprendo cómo se justifican beneficios legales en un caso tan claro como este, no me queda claro qué beneficio puede recibir si es el único responsable de lo que ocurrió. Es muy doloroso que a uno le hayan matado la mamá y la persona responsable vaya a obtener rebaja en la pena tras haber cometido un crimen de esos”.

Para él, en este momento es fundamental que el caso sea tratado como un feminicidio. “Hay algo que tengo claro y es que por cómo sucedieron los hechos y por lo ocurrido antes, que se trató de un feminicidio, espero que el marco jurídico se mantenga así porque sí cumple todas las condiciones para que sea tratado así”, señala.

Agrega que en este momento tanto él como el resto de su familia se enteran del caso a través de su apoderado, por lo que no conoce los pormenores, pero enfatiza en que el objetivo que busca con este proceso es que Ricci sea condenado a la pena máxima que permite la justicia colombiana.

“Para mí, una pena justa sería la máxima imposición de la ley. Yo sí creo que en la vida pienso que hay cosas que pueden ser reversadas, enmendadas, hasta algunos crímenes, pero un asesinato, acabar con la vida de otra persona es algo de lo que no se puede regresar, nadie ni nada nos la va a devolver. Entonces para ario Valencia, la máxima pena es lo apenas lógico, pero eso depende del sistema judicial, no de mí”.

Es ahí cuando reflexiona sobre el sistema judicial norteamericano y concluye que no es un disparate cuando un juez condena a un delincuente a dos o más cadenas perpetuas.

“Yo no entendía el razonamiento detrás de eso porque el condenado no va a vivir para pagar su pena completa, pero ahora comprendo que se trata más de un recordatorio de que hay ciertos tipos de crímenes que no se alcanzan a pagar en la vida que tienes ni para resarcir los daños causados. No estoy diciendo que estoy a favor de que exista la pena de muerte, pero entiendo que es importante en estos casos resaltar que hay crímenes que no deberían de tener beneficios”, concluye.

La de Mario no es la única voz de la familia de Luz Mery que se alza en contra del posible acuerdo que busca Ricci. Vicky Tristán, hermana de la víctima, también hizo énfasis en que su interés principal es que el hecho sea juzgado como feminicidio.

“Lo que sabemos es que, dentro del marco de la ley y la constitución, todo acusado tiene derecho a pedir un preacuerdo, pero lo único que estamos diciendo es que ningún preacuerdo puede ser menor a lo que nosotros estamos pidiendo; que el caso sea juzgado como un feminicidio”, señaló y agregó que en este momento el temor que tiene es que el presunto verdugo de Luz Mery no reciba todo el castigo de la justicia.

Preacuerdos y polémica

En Colombia, los preacuerdos han generado polémicas y debates intensos. Entre abogados constitucionalistas y expertos en derecho penal existen diversas opiniones al respecto.

Según la firma jurídica Colombia Legal Corp, los preacuerdos tienen como objetivo descongestionar los despachos judiciales, beneficiando tanto al acusado como a la administración de justicia.

Estos acuerdos se basan en una aceptación negociada de cargos entre la Fiscalía y el acusado, donde el procesado renuncia a su derecho de refutar la acusación a cambio de una reducción sustancial en su pena.

La Corte Suprema de Justicia ha enfatizado que los preacuerdos deben tener límites razonables. No se puede cambiar la calificación de un delito solo para conceder rebajas punitivas excesivas, y es fundamental que los jueces participen activamente en la supervisión de estos acuerdos para garantizar su legitimidad.

El jurista Francisco Bernate sostiene que aunque el sistema acusatorio nacional favorece los preacuerdos, es crucial que estos no vulneren los derechos de las víctimas ni conduzcan a la impunidad.

Subraya la importancia de basar los acuerdos en evidencia suficiente y en la búsqueda de una justicia auténtica, mientras que el abogado Andrés Felipe Peláez argumenta que los preacuerdos deben considerar no solo los intereses de la Fiscalía y la defensa, sino también los de las víctimas y la sociedad.