Tráfico de armas e invasiones ilegales: los cabos sueltos de la masacre de Llano Verde

El pasado 11 de agosto cinco menores, de entre 14 y 16 años, fueron asesinados en Llano Verde, un barrio ubicado al oriente de Cali. Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas murieron por disparos a la cabeza en un cañaduzal de la hacienda Las Flores.

Solo dos semanas después, el 28 de agosto, el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Iván Duque viajaron a esa ciudad y anunciaron la resolución del caso. “Dieciséis días bastaron para que el equipo investigativo lograra esclarecer los hechos y la captura de Yefferson Marcial Angulo y Juan Carlos Loaiza”, dijo Barbosa complacido. Gabriel Alejandro Bejarano, el principal sospechoso, sigue en fuga.

Pero Álvaro Caicedo, padre de uno de los jóvenes, no está satisfecho. “Me mataron a mi hijo; he buscado justicia. Fueron cinco niños que asesinaron aquí. Somos un pueblo entero clamando justicia”, dijo cuando visitó el lugar de la masacre. Ese 11 de agosto los cinco chicos salieron de sus casas a comer caña y a elevar cometas en los cañaduzales junto a Llano Verde, un barrio construido hace menos de diez años, donde viven víctimas del conflicto, desplazados y reinsertados de grupos ilegales.

La Liga Contra el Silencio habló con familiares de uno de los jóvenes y uno de sus abogados; entrevistó a varios investigadores; revisó las necropsias; leyó las entrevistas a dos detenidos y un testigo, así como informes de cuatro allanamientos. También visitó la escena del crimen y los puestos de vigilancia de la empresa Control Interno y Transporte, antes llamada Búho, donde trabajaban Loaiza y Bejarano.

El resultado de la investigación contiene hipótesis que se cruzan sin respuesta. Un entramado que une a personas con antecedentes judiciales y detenciones domiciliarias, con redes de invasores de predios y traficantes de armas.

Mientras las versiones oficiales intentaban responder con capturas inmediatas, diversas notas se publicaron sobre el asesinato de los adolescentes. Pero nada se ha dicho sobre la red de crimen organizado que rodea el caso, los cabos sueltos y las omisiones del sistema judicial con el principal implicado.

La investigación arrojó que Bejarano, alias ‘El Mono’, fue quien supuestamente disparó cinco tiros de un revólver calibre 38 contra los jóvenes. Así lo aseguraron los detenidos, Angulo y Loaiza. El primero trabajaba como operario de máquinas en AIRO, una empresa de ingeniería que realiza obras en el jarillón del río Cauca (una barrera construida por la Corporación Autónoma Regional para evitar inundaciones). El segundo era vigilante de la empresa Control Interno y Transporte, subcontratada para cuidar las máquinas y acompañar a los ingenieros de estas obras, ubicadas junto a la finca donde hallaron los cadáveres.

Bejarano, por su parte, no tenía un empleo formal. A veces trabajaba como vigilante para Control Interno y Transporte. Él recomendó a Loaiza para su actual cargo en esa empresa. Sobre Bejarano confluyen dos estructuras delincuenciales: una red de invasores de tierra y otra de tráfico de armas.

Sin embargo, la hipótesis que el fiscal Barbosa resaltó tras el múltiple homicidio es simple: en un ataque de intolerancia, Bejarano mató a los menores porque entraron sin permiso al lugar para comer caña. Bejarano, delgado y de baja estatura, es un hombre callado, pero en los barrios Pizamos III, Villaluz y Villa Mercedes, donde vivió varios años, muchos le temen. Angulo y Loaiza también.

Uno de los investigadores dice que Bejarano inspira temor porque, según los vecinos, “tiene muchos muertos encima”. Además, dos familias ligadas a los negocios de invasiones ilegales lo protegen.

Cuando ocurrió la masacre, Bejarano vivía en una habitación del barrio República de Israel, pero su familia ya había vivido en la zona de Pizamos III y en Villa Mercedes. En este sector la Policía lo capturó dos veces por porte ilegal de armas. En 2011 fue detenido con un maletín donde llevaba un revólver 38 con seis cartuchos y una pistola CZ Browing 7,65 con silenciador. En 2012 lo detuvieron con un revólver 38. Según el reporte, Bejarano opuso resistencia y golpeó a uno de los policías, mientras varias personas del barrio atacaron a los uniformados para evitar la captura.

Tras el primer hecho lo condenaron a tres años y tres meses de prisión por los delitos de tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, pero le dieron prisión domiciliaria. Por el segundo caso la condena fue de siete años, 10 meses y 15 días. El juez lo envió a la cárcel de Villahermosa en Cali.

Según el proceso de la rama judicial, con los expedientes de los jueces de ejecución de penas, en enero de 2013 le negaron la detención domiciliaria, pero luego fue concedida. El dato no aparece en el proceso y se desconoce la razón del beneficio.

En el expediente de Bejarano se indica que en mayo de 2013 le revocaron esa detención domiciliaria. Según un informe publicado en septiembre pasado por El Tiempo, perdió el beneficio porque el Inpec no lo encontró en su casa. Tres años después, en enero de 2016, recibió otra vez casa por cárcel. Entonces no le pusieron brazalete. El Tiempo citó a una fuente del Inpec: “En 2018 los guardianes que fueron a verificar la situación de Bejarano notificaron que en dos ocasiones no lo encontraron en su casa”, dijo. Se desconoce por qué no suspendieron el beneficio.

Tras la masacre, el abogado Jonathan Velásquez Sepúlveda, quien representa a cuatro de las cinco familias, ha cuestionado tanto al Inpec como a la justicia por la grave falta de controles. Cuando ocurrió la masacre, Bejarano ya había cumplido su condena. En el listado de decisiones aparece una anotación de pena cumplida. Esta anotación, fechada el 8 de agosto, fue subida al sistema después de la masacre. Otra anotación, del 20 de agosto, pide a la cárcel de Villahermosa las actas de visita al domicilio de Bejarano. La última, del 28 de agosto, menciona dos visitas del Inpec a esa vivienda, el 27 de agosto y el 14 de septiembre pasado.

Los antecedentes de Bejarano son otra pieza del rompecabezas. En el historial de la rama judicial un detalle llama la atención: en ambos casos lo defendió Germán Bolaños, un conocido penalista caleño investigado en 2014 por concusión (delito cometido cuando un servidor público presiona a alguien para que entregue dinero al mismo servidor a un tercero) y luego absuelto. Bolaños trabajó en casos como el de 13 presuntos miembros de una red de testaferros de las Farc, y en el de alias ‘El Inválido’, señalado como narcotraficante pedido en extradición.

“No es un abogado barato. Un delincuente de poca monta no puede pagar sus honorarios”, dijo un colega penalista. “Es abogado de personas medio pesadas, no de cualquiera”, confirmó un investigador del CTI experto en narcotráfico.

Las autoridades han realizado varios allanamientos en busca de Bejarano. En uno de ellos, realizado el 28 de agosto en una vivienda del barrio República de Israel, donde tenía alquilado un cuarto, el dueño de la casa dijo que al arrendar la habitación, Bejarano le entregó una carta de recomendación de la empresa Búho. En la alcoba hallaron un chaleco con el logo de esa empresa. El documento, fechado en septiembre de 2019 y firmado por John Vera, coordinador de Talento Humano, indica que Bejarano tiene contrato desde 2016 como escolta. Es decir, trabajó allí mientras estaba en detención domiciliaria. Aunque dicen que ya no es su empleado, Bejarano visitaba la empresa con frecuencia y llevaba un radio de ellos el día de la masacre.

Vera dio a la Fiscalía información que llevó a la captura de Angulo y Loaiza, los dos testigos. El 26 de agosto pasado dijo a las autoridades que había visto muy nervioso a Loaiza, uno de sus vigilantes, y le preguntó qué pasaba. El testigo confesó que habían presenciado el asesinato de los jóvenes, cometido por Bejarano.

Según Vera, en la mañana del 11 de agosto vio a Bejarano en uno de los puestos de control de la empresa. Allí estaban Loaiza y Leonador Aristizábal, hermano del propietario y conductor que transporta a los ingenieros de las obras. Vera también dijo que a Bejarano lo ha visto desde 2017, pues trabajaba con el antiguo dueño de la empresa, Luis Aristizábal.

Aunque la evidencia no lo relaciona con la masacre, Aristizábal está condenado por liderar una banda de traficantes de armas. En octubre de 2019 las autoridades encontraron en su casa un arsenal: fusiles AK47, pistolas Sig Sauer y Glock, y revólveres Smith and Wesson. Decomisaron 12 armas de fuego, 26 radios de comunicación y 1,7 toneladas de marihuana. La Policía dijo que Aristizábal simulaba ser comerciante de calzado y era propietario de la empresa de seguridad Búho, que le servía de fachada, y con ella obtuvo contratos para la vigilancia de obras en Cali.

Aristizábal firmó a comienzos de este año un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por concierto para delinquir y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerza Militares. Está detenido en la estación de Policía El Lido, donde lo entrevistaron los investigadores, a quienes negó su relación con la masacre.

Según los certificados de Cámara de Comercio Búho y Control Interno figuran en la misma dirección. La primera fue creada en 2013 y el representante legal era Luis Aristizábal. La segunda, creada en enero de 2020, tiene como gerente y representante a Ana Mildred Muñoz, su esposa.

Aristizábal ya había estado preso. En la rama judicial figuran dos condenas por tráfico de armas en 2004 y 2005. ¿Cómo una persona con estos antecedentes se convierte en el dueño de una empresa subcontratada para prestar servicios de transporte y seguridad en obras públicas de Cali?

Otra pista que los investigadores siguieron es que en ambas empresas trabaja un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia con un amplio prontuario. Esta persona vigila uno de los puestos de control de la empresa. Ya cumplió su condena en Justicia y Paz, y no se detectó ninguna relación con la masacre.

Apenas ocurrió la masacre, los criminalistas del CTI realizaron la inspección de la escena. Un grupo de investigadores hizo entrevistas en Llano Verde. Como los familiares insistieron en que encontraron policías en la escena y les pareció sospechoso, los investigadores verificaron la presencia de uniformados y vigilantes del cañaduzal.

Esa noche, mientras Ruby Cortés y Álvaro Caicedo buscaban a sus hijos, empleados de la finca Las Flores hallaron los cadáveres en ese predio. Los trabajadores llamaron al CAI de la Policía de Ciudad Jardín, quienes llegaron al sitio. Esto se prestó para una confusión, pues el lugar es jurisdicción policial de una estación diferente.

Todo esto fue reconstruido por los investigadores del CTI, quienes descartaron la participación de policías y empleados de la finca en la masacre. Así lo confirmó uno de ellos. El abogado Elmer Montaña, quien ha tenido acceso al proceso como defensor de la familia Caicedo, corroboró esta conclusión.

Otro grupo de investigadores entrevistó a habitantes de Llano Verde. Una persona contó que semanas atrás, unos jóvenes que cruzaban el sector fueron interceptados por dos hombres. Los hicieron tender en el piso y les tomaron fotos. Uno de ellos envió las imágenes por su celular. Cuando recibió respuesta, los dejó ir. Al parecer buscaban a alguien. Los peritos realizaron un retrato hablado de esos dos hombres.

Otro grupo recopilaba información de las fincas cañeras y de los trabajadores del jarillón. El lugar donde encontraron a las víctimas está junto a una carretera paralela que desemboca en el río Cauca. Allí AIRO Constructores, una empresa de Tunja, realiza obras. Esta empresa contrató a Control Interno y Transporte para servicios de seguridad y transporte.

Ese grupo de investigadores fue el que habló con Jhon Vera, y con ese testimonio allanaron en la madrugada del 28 de agosto tres viviendas en los barrios República de Israel y Marroquín II en busca de Loaiza, Angulo y Bejarano. Los dos primeros fueron detenidos, pero Bejarano no estaba en su habitación. A los detenidos les imputaron los delitos de homicidio agravado y porte de armas. Aunque no aceptaron los cargos, en una entrevista con la Fiscalía reconocieron que presenciaron el crimen.

En sus testimonios señalaron a Bejarano como la persona que disparó contra los jóvenes. Angulo dijo que a las 11:00 de la mañana estaba a menos de un kilómetro del cañaduzal. Allí Bejarano lo invitó a fumar marihuana. Llegaron al cañaduzal y encontraron a unas personas. “‘Él (Bejarano) coge un radio y llama a un compañero y le dice venga que acá unos manes van a robar. El muchacho llega”.

Según Angulo, Bejarano hizo arrodillar a los jóvenes, con el rostro hacia abajo y las manos hacia arriba. “Les decía que no lo miraran, que los iba a matar. Yo llegué y voté los cuchillos para el monte como un lado y escuché cinco detonaciones”.

El testimonio de Loaiza es similar, aunque con algunas contradicciones. Los investigadores creen que la participación de estas dos personas en el caso no es del todo inocente. Los disparos salieron de una sola arma, pero uno de ellos tenía golpes en el abdomen y otro dos heridas en el cuello.

Además, los expertos en morfología del CTI encontraron coincidencias entre un retrato hablado mencionado anteriormente y el rostro de Loaiza. Al parecer fue él quien detuvo semanas atrás a otros jóvenes en esa misma zona.

Los interrogatorios de Angulo y Loaiza arrojaron otra pista. Ambos aseguraron que Bejarano, luego del crimen, los visitó para amenazarlos. “Cuando llegué a mi casa como a las cinco de la tarde de laborar, llegó Alejandro en una camioneta azul oscura. Me hace subir en la parte de atrás, (...) me empieza amenazar y me muestra el revólver”, contó Loaiza. La persona que conducía fue identificada por las autoridades como Daniel Jiménez. Esta no es la única relación de Jiménez con Bejarano.

El 29 de agosto la Policía allanó una vivienda del barrio Villa Luz, una invasión junto a Pizamos III. Tenían información de que allí se escondía Bejarano, pero alcanzó a escapar. En el lugar encontraron un revólver Colt 38, 23 cartuchos de Indumil calibre 38 y ocho cartuchos de 7,65. La casa tenía un circuito cerrado de cámaras. También hallaron una prótesis y un bastón. Creen que con esto se disfrazaba para evadir a las autoridades.

La vivienda es propiedad de la familia Jiménez, conocidos como ‘Los Mercado’. Una fuente de inteligencia asegura que están relacionados con negocios de invasión en Villamercedes y Villaluz. “Ellos protegían a Bejarano porque él, al parecer, les hacía trabajos”. En realidad son dos familias relacionadas con invasiones ilegales que protegen al prófugo, según las autoridades.

El pasado 5 de octubre Daniel Jiménez y su padre Rafael fueron detenidos en el barrio El Guabal. Aunque el caso no se hizo público, la Fiscalía les imputó el delito de homicidio como le confirmaron a La Liga fuentes de esa entidad y de la Policía.

Según las investigaciones, padre e hijo pueden tener relación con el asesinato de Pedro Fernando Raiz, cometido a pocas cuadras de la casa donde se escondía Bejarano.

Los informes de la Policía indican que el crimen se cometió en una pelea por un lote de invasión. Raiz había salido meses atrás de la cárcel, donde estuvo preso desde el 2012 por tráfico de armas, secuestro simple y hurto calificado. Según la rama judicial, en enero de 2019 le dieron detención domiciliaria. En el mismo sistema figura que en marzo pasado le imputaron el delito de fuga.

La Fiscalía señala a los Jiménez como presuntos coautores del asesinato de Raiz, aunque ellos no dispararon contra él. Los informes de Policía e incluso una nota publicada en el periódico Extra indican que la persona que disparó fue alias ‘Piolín’. En Pizamos III, Villamercedes y Villaluz a Bejarano también lo conocen por ese apodo. Los investigadores creen que fue él quien, presuntamente por orden de los Jiménez, cometió este asesinato.

El homicidio ocurrió el 12 de agosto, un día después de la masacre de Llano Verde. Al parecer, el revólver encontrado en la casa de los Jiménez fue usado para cometer este otro crimen. Aunque no fue la misma arma con la que mataron a los menores de Llano Verde.

Hoy, casi dos meses y medio después de la masacre, y aunque el fiscal Francisco Barbosa consideró esclarecido el caso, son demasiadas las preguntas que siguen sin respuesta. ¿Mataron a cinco adolescentes solo por entrar a un lote para volar cometas y comer caña? ¿Los mataron por la simple “intolerancia de unos vigilantes”?  “Esta investigación parece un rompecabezas de un millón de piezas. Lo que tenemos claro es que Gabriel Alejandro Bejarano trabaja para muchas personas. Dicen que tiene muchos más muertos encima”, admitió uno de los investigadores.

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