Judicial
Muerte de Lucas Villa: coronel en retiro del Ejército a responder ante la justicia
La Fiscalía imputó cargos por mensajes amenazantes contra el joven mientras este se debatía entre la vida y a muerte.
Más de dos años después de la muerte de Lucas Villa, uno de los líderes de la protesta social ocurrida en 2021, el teniente coronel el retiro Hesnard Eduardo Ramírez Rojas responderá ante la justicia por emitir mensajes amenazantes contra este y otros integrantes más de los movimientos sociales en la ciudad de Pereira.
A pesar de que el oficial se declaró inocente ante la Fiscalía General de la Nación, la entidad le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.
Entre las pruebas que sustentan la imputación, el ente investigador señaló que pudo ser comprobado que el teniente coronel hizo varias publicaciones durante la época del paro nacional en diferentes redes sociales, no solo descalificando la labor de Villa y de otros manifestantes, sino también justificando el grave ataque del que el joven fue víctima en el viaducto César Gaviria Trujillo de Pereira, en la noche del 5 de mayo de 2021.
De acuerdo con Hugo Tovar Pérez, director especializado contra las violaciones a los Derechos Humanos, un día después del atentado, el 6 de mayo de ese año, mientras Lucas Villa ya se encontraba en la cama de un hospital con un estado de salud crítico por los impactos de bala que recibió, el oficial Ramírez Rojas publicó un mensaje amenazante y ofensivo contra el joven.
El uniformado en retiro se negó a esto nuevamente, pero las pruebas recolectadas comprobarían que, para ese momento, el teléfono desde el cual eran emitidas las publicaciones, así como la línea del mismo, era utilizado por el comandante de un Batallón Nacional con sede la ciudad de Pereira.
La Fiscalía General de la Nación agregó que, con estas acciones, el coronel sembró zozobra y miedo no solo al líder estudiantil, sino también a la comunidad en general que se manifestaba, representando un riesgo para la integridad y la vida de Lucas Villa y de otras personas.
Frente a la decisión del ente investigador, Sidssy Uribe, hermana del joven, manifestó que “mientras mi hermano Lucas Villa se batía entre la vida y la muerte, el entonces teniente coronel del Batallón de Pereira, a través de su WhatsApp, lanzó este mensaje: ‘ojalá a los demás marchantes les pasara lo mismo’”.
Mientras mi hermano @lucasvilla se batía entre la vida y la muerte, el entonces teniente coronel del batallon de pereira a través de su WhatsApp lanzó este mensaje "ojala los demas marchantes les pasara lo mismo".
— Sidssy (@sidssy) June 23, 2023
Será que fue uno de los que marchó en contra de petro? https://t.co/VpTikXCKb7
Investigación revela que 10.931 estudiantes han sido criminalizados en los últimos 22 años en Colombia
La Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano presentó la segunda parte de la investigación ‘Criminalización de estudiantes en Colombia’, en la que se revelan datos, casos y testimonios de la judicialización de los jóvenes estudiantes colombianos, la estigmatización y persecución que han sufrido durante los últimos 22 años (desde 2020 hasta 2022) por parte del Estado y grupos paramilitares, a causa de sus posturas políticas o su activismo social.
La primera parte de esta investigación periodística se presentó el 23 de marzo de 2021, en una entrega formal a la Comisión de la Verdad como insumo en el riguroso proceso investigativo que realiza la entidad. Para esta segunda parte se avanzó en fenómenos poco estudiados como: la criminalización, persecución, asesinato, desaparición y exilio de estudiantes en Colombia; para ello se han seguido de cerca los hechos de los últimos años, ya que las cifras e historias siguen siendo alarmantes.
Dos de los puntos centrales del informe indican que, entre 2000 y 2022 se abrieron aproximadamente 10.931 procesos judiciales a jóvenes entre 15 y 26 años por delitos como rebelión (9.486 casos) y terrorismo (1.445 casos). De hecho, del total de casos, el 42 % se encontró en etapa de instrucción, el 34 % en indagación y un 5 % en investigación preliminar; es decir, el porcentaje más alto de los casos no llegó a una investigación. A juicio solo llegó un 5 % y a ejecución de pena el mismo porcentaje.
“En 22 años el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95 % del total de jóvenes señalados por rebelión y terrorismo, entre los que cuentan casos que ya se cerraron, unos pocos que aún esperan un fallo o que fueron declarados inocentes. Cabe anotar, además, que aunque esta cifra es aterradora y elocuente, no refleja la verdadera dimensión del fenómeno”, aseguró Lizeth León, periodista que trabajó de la mano con los estudiantes investigadores de la institución universitaria Politécnico Grancolombiano.
Se señaló que estas historias suelen ser vistas como hechos aislados o representaciones exclusivas de una de estas tipologías, pero pueden estar conectadas.
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