Muertos en zona de guerra: el rastro de cadáveres que deja el conflicto en el norte del Cauca y sur del Valle

La intensidad de la guerra en el suroccidente colombiano forma espantosos escenarios entre la población civil de los departamentos de Valle del Cauca y el Cauca: ahora recoger los cadáveres de esta confrontación armada es una cuestión de honor militar y hasta un acto para mandar mensajes a los rivales.

Como sucedió en días pasados en el sector del corregimiento de Timba, donde por orden de uno de los grupos armados ilegales que ahora se disputan esta parte del norte del Cauca, límites con el Valle, un cadáver permaneció casi una semana sobre un costado de la carretera, nadie podía recogerlo, menos las funerarias, porque existía la amenaza de muerte contra la persona que así lo hiciera.

“Esa vereda, donde está ese cadáver, pertenece al Cauca y nadie, absolutamente nadie, se ha hecho cargo de esta situación, la cual ya tiene a una familia con su vivienda desalojada, ya que no aguantan los olores”, fue la denuncia que realizó la comunidad al exponer que la víctima, al parecer, fue asesinada en el municipio vecino de Jamundí y después su cadáver arrojado en esta parte de Timba, jurisdicción rural de Buenos Aires, esto como una forma de enviar un mensaje intimidante al grupo armado ilegal contrario.

A raíz de estos casos, ya son varias las denuncias de la comunidad sobre cómo la intensa confrontación entre las disidencias de las Farc, la guerrilla del ELN, la Segunda Marquetalia y el frente 57 Yair Bermúdez pone en riesgo a las personas que, por razones humanitarias, sacan los cadáveres de dicha zona hacia las morgues de los hospitales cercanos para que las autoridades después adelanten las correspondientes investigaciones.

De hecho, se conocieron las denuncias sobre estos horrores en Jamundí, sur del Valle del Cauca, y en el Cauca, donde varios líderes sociales y comunales de estos sectores que señalan que las disidencias de las Farc ejercen un macabro control que no permite adelantar estas acciones humanitarias, de ahí que muchos cadáveres quedan sobre zonas apartadas de estos municipios. En otros casos, la fuerza pública aprovecharía esta situación para manipular los reportes de homicidios en estas zonas.

Incluso, y de acuerdo con voces de líderes comunitarios de corregimientos como Robles, Guachinte y Timba, zona rural de Jamundí y frontera con el vecino departamento del Cauca, hay irregularidades en las diligencias de inspección a los cadáveres dejados en esa zona, en algunos casos, por las disidencias de las Farc.

“Lo que se ha documentado es que integrantes de la Sijín les pagan a dos funerarias de Jamundí, las únicas autorizadas por las disidencias para recoger cuerpos en esta zona, para que muevan los cadáveres algunos metros hacia el Cauca; con eso, ese homicidio no queda en el conteo oficial de Jamundí, sino de municipios como Santander de Quilichao y Buenos Aires”, denunció la revista Semana, a partir de testimonios de líderes sociales.

De acuerdo con esta denuncia, las disidencias y otros grupos armados ilegales asesinan a personas, las dejan sobre la vía, pero solo a esa zona pueden entrar dos funerarias para recoger los cuerpos sin vida.

Esas entidades, a su vez, le reportan a la Sijín. “Los policías saben quiénes son. Les pagan a los trabajadores de las funerarias y ellos van y tiran el cuerpo al Cauca, luego eso se vuelve un martirio para las familias porque en la morgue de Santander de Quilichao tampoco los quieren recibir”.

En otros momentos, y de acuerdo con los líderes de estas zonas, los cadáveres que quedan muy cerca del río Cauca son empujados por trabajadores de las funerarias, al parecer por orden de integrantes de la Sijín, para que el afluente se los lleve. Con eso, de acuerdo con el testimonio del denunciante, quedan blanqueados los informes de homicidios.

“Aquí hay un trasteo de muertos”, sentencian los líderes a ese medio. En uno de esos casos macabros que están documentos con pruebas, la comunidad alega que el pasado 31 de diciembre asesinaron a cuatro hombres en la vía hacia La Balsa, aún jurisdicción de Jamundí. Al lugar llegaron las dos funerarias avaladas por las disidencias, cada una recogió dos muertos y los llevaron a la morgue de Santander de Quilichao.

En el informe informaron que los homicidios no ocurrieron en el Valle, sino en Cauca. En el municipio de Santander de Quilichao, las autoridades, sabiendo de la situación, se negaron a recibir los cuerpos; en Jamundí tampoco los recibieron. Entonces ambas funerarias fueron hasta Timba y La Balsa, Cauca, y arrojaron sobre la vía los cadáveres nuevamente. Los restos de las cuatro víctimas permanecieron a la intemperie durante varias horas hasta que, por orden de las disidencias de las Farc, fueron recogidos de nuevo. Lo mismo ocurrió el pasado fin de semana cuando un joven fue asesinado en Timba, pero en este caso, el grupo armado ilegal rival de las disidencias amenazó a las personas para que no recogieran el cadáver.

La funeraria pretendía movilizar el cuerpo hacia el Cauca y, ante la negativa de la comunidad, no recogieron el cadáver y ninguna autoridad llegó a realizar el levantamiento porque no existían las condiciones de seguridad. A los vecinos de ese corregimiento les tocó ver por seis días cómo los restos se iban descomponiendo.

“El negocio de las funerarias con la Sijín perjudica a los familiares de las víctimas. Por un lado, sufrimos con las disidencias, que nos matan a un ser querido, y, por el otro, con la revictimización de que no podemos recoger los cuerpos”, señala una habitante de la zona rural de Jamundí.

Por otro lado, en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, la revista Semana tiene en su poder denuncias que involucran a una reconocida funeraria de este municipio. De acuerdo con lo expuesto a este medio de comunicación, la entidad fúnebre tiene alianzas con el frente disidente que delinque en esta zona, en este caso, el frente Jaime Martínez de las Farc.

“Lo que conocemos es que la funeraria, la única autorizada para transitar en la zona rural, recoge los muertos de las disidencias y, con el beneplácito de la Sijín, los arregla en la misma zona para que sean enterrados rápidamente. Es decir, ante la ley, esa persona no figura como muerta. Eso es muy grave”, señaló un defensor de derechos humanos.

En contraste con esta situación, integrantes de la Sijín de la Policía le indicaron a esta casa periodística que a raíz de la intensa confrontación entre todos estos grupos armados ilegales, la orden de las autoridades es que funcionarios judiciales de esta entidad, así como del CTI de la Fiscalía, no se desplacen hacia las zonas rurales.

“Nosotros solo podemos realizar nuestras funciones cuando los cadáveres ingresan a las morgues, luego que las funerarias los rescatan de esas zonas porque son las únicas autorizadas por los grupos armados ilegales, porque nosotros, por seguridad, no podemos hacerlo, ni siquiera con el acompañamiento del Ejército. Nosotros tenemos cero relación con estas empresas. En otros casos, son las Juntas de Acción Comunales las que realizan estas actividades humanitarias y solo nos informan cuando el cuerpo sin vida ingresa a las salas patológicas de los hospitales y accedemos a la poca información que suministran”, explicaron funcionarios de la Sijín que laboran en esta zona de país.

Y es que este escenario genera entonces una dificultad para acceder a información sobre lo que está sucediendo en esta parte del país, porque como bien explican los funcionarios de la Sijín, “a veces ni los trabajadores de las funerarias dan información, menos los líderes sociales que recogen esos cadáveres, todo por el terror que hay por este tema del conflicto y nosotros reportamos los casos con la escasa información a la que podemos acceder”.