Néstor Osuna, Ministro de Justicia: “El prohibicionismo y el enfoque punitivo no dio resultado en la lucha contra las drogas”

En la segunda jornada de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que se realiza en Cali, se debatió sobre las nuevas perspectivas de la política de drogas en Colombia, que será presentada mañana sábado por el presidente Gustavo Petro.

Del evento hizo parte el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien debatió junto con Felipe Tascón y la directora del Centro de Estudios sobre seguridad ciudadana, María Alejandra Vélez.

Uno de los principales anuncios que se realizó durante la conferencia, fue que en el marco de la nueva política antidrogas que ejecutará el Gobierno del Presidente Gustavo Petro se realizará un plan piloto en López de Micay, uno de los 42 municipios del departamento del Cauca.

“Nos la estamos jugando en el Cañón de Micay, ese lugar está rodeado de cultivos ilícitos, por grupos ilegales violentos y no podemos decirles a sus habitantes que de un momento a otro pasen a sembrar café. Allí lo primero que se está haciendo es que están haciendo presencia las Fuerzas Armadas para garantizar seguridad y que impere el derecho. Una vez que el Ministro de Defensa nos diga que la situación ha mejorado, entrarán los diferentes ministerios a intervenir la zona”, explicó el titular de la cartera de Justicia.

El Ministro de Justicia explicó que al Cañón de Micay “llegará todo el Estado, la reforma agraria, carreteras, educación, agua potable y se le ofrecerá a sus habitantes el tránsito a un mundo de economía legal, que puede ser el uso licito de la hoja de coca para fertilizantes, alimentos, cosméticos y textiles, pero también pueden ser, si la zona lo permite, otras actividades que sean económica y ambientalmente sostenibles. Es claro que sin seguridad humana no se puede dar esta política”.

En medio de la conferencia, el ministro Néstor Osuna dijo que la nueva política antidrogas está pensada para ser ejecutada durante los próximos 10 años, sin embargo, aclaró que en cuentas que han hecho en su dependencia piensan que si esta política la pueden llevar a cabo en los tres años que quedan de este Gobierno, “podremos movilizar de las economías ilegales a las legales a 50.000 familias. Llegarle a 50.000 de las 115.000 familias que se espera impactar es solucionar casi el 40% del problema en tres años”.

Según el funcionario, la hoja de pasta de coca está caída de precio en este momento y eso incentivará a los campesinos a transitar a otras actividades, pues “si otra actividad le da mejor calidad de vida e ingresos, seguro que se irán a otro lado”. Además, aclaró que el nuevo plan no concentrará sus esfuerzos punitivos contra la hoja de coca, sino que se enfocarán hacía el gran negocio de la cocaína y hacia esos actores es que habrá persecución penal.

“No sabemos por qué está caído el precio de la hoja de coca, unos dicen que hay nuevas rutas y nuevas drogas sintéticas. Incluso, hay expertos que dicen que esto pasará a ser historia de Colombia porque los consumidores ahora se enfocarán en otras sustancias”, comentó Osuna.

Según el funcionario, esta nueva política de drogas tiene una ventaja clave y es que fue construida con una enorme participación de los afectados ya que casi 3.000 personas, a lo largo de todo el territorio nacional, hicieron oír su voz para ayudar a la construcción de esta política.

Legalización del alcohol, un buen ejemplo

Los panelistas también manifestaron que es urgente que se transite hacia una legalización de las drogas y según una cifra entregada por la directora del Centro de Estudios sobre seguridad ciudadana, María Alejandra Vélez, solo el 2% de las incautaciones recientes de cocaína en Colombia son mayores a 2 toneladas, lo que demuestra que la guerra está prácticamente perdida.

“Espero que transitemos a un mundo sin economías ilegales de drogas. La regulación actualmente existente de alcohol es un buen precedente, eso podría señalarnos cómo podríamos transitar hacia un mundo de regulación”, explicó Osuna, y añadió que el prohibicionismo y enfoque punitivo no dio resultado. “El consumo de tabaco se redujo en los años recientes gracias a una regulación que parte de datos de salud pública y campañas de prevención, hacia allá esperamos que ahora transite el mundo”.

Al ser consultado sobre cómo se realizaría esa transición de economías ilegales a las legales, dijo que “la política de drogas es para ponerla en ejecución ya y el plan que hemos diseñado se mueve en unas coordenadas políticas que nos obligan a ser tímidos y que caben dentro del código penal actual”.

“Esto está articulado con la Paz Total porque el músculo financiero de nuestras guerras está atravesado por las economías ilegales. Lo primero que tiene que hacer el Estado es llevar seguridad humana, tranquilidad y paz, para luego si proponer ese tránsito hacia economías legales”, concluyó.