"No existió abuso de militar estadounidense a niña en Guaviare": Fiscal General Barbosa

Yo no soy subalterno del Presidente de la República, yo soy subalterno de la Constitución y la ley. El Mandatario tiene el derecho de solicitar con fundamento de sus competencias el levantamiento de las órdenes de captura con fines de extradición, y yo tengo la facultad de decir que no, cuando no encuentro razones suficientes”.

Con estas palabras el fiscal general, Francisco Barbosa, se refirió a su negativa frente a la propuesta de que hizo el Gobierno de darle estatus de legalidad a 16 integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, que fueron nombrados voceros para adelantar negociaciones con el Ejecutivo.

En entrevista con Caracol Radio, Barbosa aclaró que “la Fiscalía apoya la Paz Total, pero tiene que haber unos límites y las denominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son organizaciones criminales, no tienen un carácter político. Esta es una decisión que se fundamenta en la Constitución y la ley”.

Lea aquí: Investigan a seis militares por presunta violación de una menor indígena

Y precisó que si se llegara a presentar una solicitud de extradición con relación a alguno de los capturados, él no incurriría “en delitos de obstrucción a la justicia en Estados Unidos, firmando la suspensión de esas órdenes de captura. No voy a manchar el nombre de la Fiscalía, haciendo actos que van en contra de la institución y la ley”.

El Fiscal General también mencionó que espera, más allá de participar en discusiones políticas, que el Gobierno Nacional presenté una ley de sometimiento acorde con la jurisprudencia vigente en el país.

Barbosa incluso comentó que ha conversado con el presidente del Congreso, Roy Barreras, y que este le ha expresado su respaldo a la decisión de la Fiscalía de no levantar las órdenes de captura contra los miembros de esas organizaciones”.

La polémica se desató luego de que el ente acusador, a través de un documento firmado por la vicefiscal general, Martha Mancera, expresara las razones por las que se negaba a aceptar la solicitud del Ejecutivo.

En el comunicado, el ente acusador señaló que no procedería con la petición del Gobierno, dado que las autodefensas mencionadas no corresponden a grupos armados organizados, sino a organizaciones “sin carácter político y por eso únicamente pueden someterse a la justicia”.

También explicó que esas organizaciones “no pueden tener los mismos tratamientos judiciales, penales y/o penitenciarios. Lo anterior, en la medida en que el reconocimiento de un estatus político es excepcional, mientras que el sometimiento a la justicia es la regla general”.

Y, por ello, “una interpretación diferente conllevaría a desnaturalizar la política criminal contra el crimen organizado y la diferenciación adoptada por el legislador y, por la jurisprudencia de las Altas Cortes, pondría en tela de juicio el principio de legalidad”.

Al respecto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró el viernes pasado que respeta la decisión de la Fiscalía, pero que esa solicitud puede ser posible, porque la Ley 2272, que modificó la 418, facultó al Presidente de la República para adelantar también procesos de paz con estas organizaciones.

“Es una nueva figura que no está contemplada en los decretos que reglamentaron en el 2012 y el 2015 esa figura. Al ser nueva, se aplica directamente la ley”, aclaró el vocero del Ejecutivo.

Y mencionó que el Gobierno Nacional pretende aclararle al ente acusador que las solicitudes para levantar las órdenes de captura a los líderes de esas organizaciones no quieren decir que se les esté reconociendo un estatus político.

“Esas competencias están claramente definidas en la Ley 2272. Le hemos hecho la solicitud a la Fiscalía General de la Nación para que avance en la suspensión de las órdenes de captura de esas personas que van a participar en las mesas de diálogo para hacer esa exploración”, agregó.

Y reiteró su deseo de adelantar un diálogo directo con esa entidad para explicarle que el argumento del Gobierno está fundamentado en decretos que reglamentaron la Ley 418, que se acabó de modificar, y que los decretos que se expidieron en el 2012 y en el 2015 no están diseñados para levantar órdenes de captura a organizaciones armadas de alto impacto”.