No para la violencia contra firmantes de paz: Van 15 asesinados en 2024

Durante 2024 han sido asesinados 15 firmantes de los acuerdos de Paz en Colombia, cinco de ellos en el departamento del Cauca, el más afectado durante el primer semestre según el Instituto para el desarrollo y la Paz, Indepaz.

A pesar de las políticas de protección, los asesinatos contra esta población continúan, especialmente en las zonas rurales del país. Huila y Putumayo, con dos homicidios cada uno, también se han visto afectados por estos hechos violentos, mientras que en el Valle, Meta, Arauca, Sucre, Norte de Santander y Caquetá se ha registrado un caso en cada uno.

Según Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, esta problemática no es nueva, es más, nació desde la firma del proceso de Paz, cuando se delimitaron zonas donde los guerrilleros activos se reunirían para iniciar su incorporación a la vida civil, ya que no quedó clara la dinámica de reincorporación.

Aunque los firmantes empezaron diferentes proyectos productivos con la ayuda de los gobiernos locales, fundaciones y agencias internacionales, los reincorporados han sido estigmatizados tanto por miembros de la guerrilla que no se desmovilizaron como por la población civil, lo que los convirtió en blanco de ataques, añadió el experto.

Por ello, desde que se firmaron los acuerdos de paz han sido asesinados 423 reincorporados, siendo los años más críticos 2019 y 2020 con 78 y 77 homicidios respectivamente, según los datos de Indepaz.

De la misma manera, Carvajal aseguró que es complejo para los firmantes seguir habitando sus territorios ya que quienes siguen delinquiendo amenazan, especialmente en el departamento del Cauca, donde opera la disidencia Jaime Martínez. “A pesar de que muchos tienen voluntad de paz, reincorporarse a la vida civil, entrar a proyectos productivos lícitos y ganarse la vida correctamente fuera de la guerrilla, la Jaime Martínez los acosa mucho, los persigue y los sigue desplazando”, denunció.

Por su parte Néstor Rosanía, investigador del conflicto armado y experto en seguridad, dijo que así como en el asesinato de líderes sociales, en el caso de los firmantes de Paz existen múltiples causas, entre ellas la defensa de los derechos sociales, temas personales o ajustes de cuentas.

“Es multicausal, y eso es importante porque podría desmitificar que existe una amenaza sistemática, como en la Unión Patriótica, que por el simple hecho de ser firmantes los estén asesinando, pues hasta ahora esa hipótesis no está técnicamente comprobada”.

Los expertos coincidieron en que otros problemas que hacen del Cauca el blanco para la violencia contra los reincorporados es el portafolio de economías ilegales relacionadas con el narcotráfico que existe en la zona, así como conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.

No hay mecanismos funcionales de protección

A pesar de que existen rutas de protección y protocolos de seguridad para atender a los firmantes de los acuerdos de paz a través de la Unidad Nacional de Protección, UNP, según los expertos en la práctica no se están ejecutando en los territorios.

Rosanía explicó que existe una sobrecarga en la UNP, la cual tiene otras prioridades, además, muchos funcionarios tienen esquemas de seguridad innecesarios dejando desprotegidos a los líderes y firmantes en los territorios.

Además, muchos municipios de quinta y sexta categoría no tienen los recursos para actuar frente al tamaño de la problemática, por lo que mientras esperan ayuda desde el Gobierno Nacional, los firmantes son asesinados. “Estos sucede porque este es un país muy burócrata arriba y muy inoperante en territorio”, sostuvo Carvajal.

Por estos motivos, los especialistas aseguraron que hace falta revisar los filtros de las rutas de protección, para que el apoyo llegue a las personas que realmente lo necesitan. “Hay un volumen muy grande de recursos y capacidades del Estado que se están perdiendo porque el tema de la camioneta y el escolta en la cultura colombiana representa un estatus y muchas veces no se vé como una necesidad para quienes realmente los requieren”, añadió Néstor Rosanía.

Además, Iván Carvajal concluyó expresando la necesidad de que los municipios tengan el dinero para enviar a los amenazados fuera del territorio y que sean resguardados en hoteles mientras la Unidad Nacional de Protección opera, así se podrían salvar más vidas.