COLOMBIA
Ocho militares aceptaron responsabilidad en 'falsos positivos' en Dabeiba, Antioquia
Por escrito, los 10 imputados en esta investigación se refirieron a la imputación que les hizo la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Dos de ellos no aceptaron los delitos.
Ocho de los 10 integrantes del Ejército que fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hace cerca de tres meses, por su responsabilidad en varios asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba entre 2002 a 2006, aceptaron su responsabilidad escrita en estos hechos.
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Entre los militares que aceptaron su responsabilidad se encuentran los coroneles Efraín Enrique Prada y Edie Pinzón Turcios, el sargento viceprimero Hernando Cómbita, los mayores en retiro Yair Leandro Rodríguez Giraldo, y Hermes Mauricio Alvarado; los sargentos retirados William Andrés Capera, Fidel Iván Ochoa y Jaime Coral Trujillo; y el soldado profesional en retiro Levis de Jesús Contreras Salgado.
Entre sus reconocimientos los ocho comparecientes “ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz”, también aceptan responsabilidad individual” y “reconocen su participación en calidad de máximos responsables”. Asimismo, muestran su disposición de realizar acciones tareas y actividades “con la finalidad de reparar los daños causados”.
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Tras este reconocimiento los ocho comparecientes deben pasar del reconocimiento escrito a hacer un reconocimiento público en una audiencia pública de reconocimiento de verdad, en la cual se deben referir públicamente sobre los hechos y conductas consignadas en el auto de imputación, tal como ha sucedido con los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Por su parte, los coroneles Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la Brigada Móvil 11) y David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) manifestaron que no aceptan su responsabilidad por los crímenes que les imputó la JEP. Ante este escenario se enfrentan al proceso adversarial, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en donde de ser hallados culpables se exponen a penas hasta de 20 años de cárcel.
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