Paro armado del ELN: El drama que está viviendo el Chocó contado por su gobernadora, Nubia Carolina Córdoba

Isabella Piraza Pizario, de un año y cuatro meses de nacida, fue la primera víctima del paro armado que el ELN decretó, desde hace una semana en el departamento del Chocó. La pequeña no pudo recibir atención médica debido al bloqueo guerrillero de los ríos por los que se comunican los habitantes de esta región.

En diálogo con El País, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, reveló el drama que hoy vive la región y pidió más ayuda por parte del Gobierno Nacional.

¿Cómo se encuentra el departamento del Chocó hoy, luego de casi una semana de paro armado por parte del ELN?

El departamento del Chocó hoy está confinado porque el paro armado que anunció el ELN se está manifestando en que la ciudadanía no está haciendo ningún tipo de movilización, no está desplazándose por la principal artería fluvial y medio de comunicación que es la cuenca media del río San Juan. Debido a esto hay carencias de abastecimiento como los alimentos, no hay servicios educativos y tampoco atención en los centros básicos de salud. Así estamos.

¿Se han comunicado con usted desde el Ministerio de Defensa? ¿Le han dicho algo desde el Gobierno Nacional?

Realmente nadie se ha comunicado conmigo hasta ahora, ni el Ministerio de Defensa ni nadie. Yo me voy dirigiendo en este momento al municipio de Belén de Bajirá porque el Presidente de la República anunció una visita al Darién y voy hacia allá para ver si ese puede ser el medio que debo utilizar para llamar la atención de las necesidades que tenemos y lograr una mejor articulación con el Gobierno Nacional.

Una situación humanitaria como esta difícilmente puede ser solucionada por una sola persona. Estamos hablando de siete municipios impactados, lo que se traduce en 50.000 personas confinadas.

Expliquemos a quienes no conocen el Chocó, ¿por qué el ELN anuncia un paro en los ríos San Juan, Sipí y Cajón? ¿Por qué estos afluentes son claves para la movilidad?

En el comunicado la razón que dan los integrantes del ELN para realizar el paro armado es el avance del Clan del Golfo en los territorios de la zona media y baja de la región San Juan. Esta zona ha tenido una presencia histórica del ELN. Todo lo que es la cordillera que va hacia el Valle del Cauca ha tenido un control territorial armado e ilegal por parte de este grupo.

Hoy el Clan del Golfo está generando una presión importante para aumentar su control territorial en el departamento del Chocó y la disputa territorial entre ellos y el ELN es lo que está poniendo en vilo los derechos humanos de la población que habita en estas comunidades.

En estas zonas hay un interés económico por parte de estos dos grupos porque hay economías ilícitas de las cuales ellos se sirven y proveen sus procesos. La razón por la que ellos han declarado este paro armado es porque buscan evitar el avance del Clan del Golfo, pero al mismo tiempo están generando crímenes de lesa humanidad como por ejemplo que el territorio está minado.

Hay minas antipersonal y en lo que va del 2024 hemos sacado a tres hombres jóvenes que, mientras se dirigían a sus parcelas o casas, cayeron en estos artefactos y han debido ser evacuados por el Ejército y por las autoridades municipales. Esto es un desgaste muy grande porque la realidad de la mina es lo que aterroriza a la comunidad en el sentido de que no los deja movilizar.

Sin duda la instalación de minas antipersonal es una de las principales problemáticas del Chocó. ¿Se ha avanzado en la desinstalación?

Nosotros hemos hecho la solicitud formal diciendo que necesitamos desminado en el territorio, pero para eso hay que proveer unos recursos adicionales para promover el desminado.

Instalar una mina tarda 15 minutos, pero quitarla requiere de mucho trabajo de exploración y cuidado.

A nosotros se nos ha dicho que trabajemos en la educación para el riesgo de minas, pero por más de que nosotros estemos haciendo esto, si en el territorio hay una mina, hay un factor de lesa humanidad para la comunidad y esto, a pesar de que se le haya explicado a las personas como evitar caer en estos artefactos, no implica que no pueda ser víctima de uno de ellos, pues los tienen cerca de su casa.

Sí hemos hecho énfasis en la necesidad que tiene el departamento del Chocó con todo lo relacionado con el desminado porque la guerra y la disputa territorial no está solo en el río San Juan, también está en la zona de Bojayá, del Alto Baudó y próxima a la costa Pacífica nuestra.

Hace un tiempo se planteó, por parte de la Uarp, un piloto de maqueta humanitaria que permitiría la intervención general de las necesidades básicas de la comunidad. Además, allí también figuraba la transición de economías ilegales a economías lícitas como alternativa que permitiera la construcción de paz. Sin embargo, hoy nada de esto ha ocurrido.

¿Desde cuándo se tenía planeado iniciar a implementar esta maqueta humanitaria?

Desde el año pasado se generó una caravana humanitaria con presencia de los observadores internacionales y muchos de los embajadores de la Unión Europea que hoy están haciendo parte del proceso de paz, fue allí que se anunció todo. Esto fue anterior a mi llegada como gobernadora y en estos ocho meses que llevamos no se ha podido concretar.

¿Sabe por qué no se ha concretado?

Realmente no lo sé. Créame, este es el segundo paro armado formal que me toca a mí asumir. Las situaciones de emergencia en el departamento son permanentes, los alcaldes están desgastados y nosotros estamos agotados financieramente porque en las emergencias de todo tipo nosotros somos los primeros que tenemos que responder.

Yo he hecho requerimientos para darle voz a las comunidades en los procesos de paz o que las negociaciones sean trasladadas, en algún momento, al territorio para ver realmente cómo ha evolucionado o no el proceso en torno al cumplimiento del cese de hostilidades contra la población civil.

Usted dice que un proceso con el ELN, Clan del Golfo u otro grupo que no tenga en cuenta la voz del territorio, está condenado a que pase lo que está ocurriendo hoy en el Chocó con el paro armado…

Nosotros hemos dicho sí a la paz y a la salida negociada del conflicto, tanto con el ELN y el Clan del Golfo porque hay cinco puntos en la región que se están disputando estos grupos y las personas quieren la paz. Sin embargo, notamos que los procesos de negociación, aun cuando sean las exigencias de una de las partes, se hacen de manera externa y sin ver lo que estos grupos están haciendo realmente en el territorio. Aquí se ha hablado de cese al fuego, pero contra la comunidad nunca ha habido un cese de hostilidades, nunca se ha terminado de establecer un protocolo claro de Derechos Humanos.

En ese sentido hemos pedido que la voz del territorio esté y que las comunidades puedan dar cuenta realmente si se está avanzando en el proceso. Si no hacemos esto no veo cómo se pueden garantizar los derechos de la gente, que a fin de cuentas es lo más importante al momento de negociar.

El Ejército Nacional anunció la llegada de 5000 hombres al departamento. ¿Ya están allá?

Nosotros estamos a la expectativa, entendemos cuál es la situación general en el país, lo complejo que está el orden público y sabemos que el pie de fuerza se mueve a diferentes zonas en la medida en que se necesite.

Sin embargo, yo insisto en que la manera en cómo se hace esto es no solo con Fuerza Pública, sino permitiendo que los procesos de concertación avancen y eso no pasa si no se muestra que hay voluntad de transformación de los territorios, pues cuando la institucionalidad deja los espacios y las tropas que llegaron se van, el territorio queda en las mismas condiciones.

Permitir las condiciones para la presencia institucional es lo que aleja realmente a los armados y estamos a la espera de que llegue el refuerzo militar para algo de tranquilidad de la ciudadanía, aunque ellos saben que cuando los militares se retiran quedan igual de expuestos a la violencia.

¿De cuánto es el presupuesto de seguridad del departamento?

Cuando llegué a la gobernación el recaudo estaba en 300 millones de pesos porque el fondo de seguridad depende de un recaudo que estaba absolutamente en el piso cuando lo recibí. Con 300 millones no puedo ni comprar el combustible que requieren las tropas en un año, por lo que he tenido que hacer un gran esfuerzo por levantar el recaudo, ya voy mejor, no he llegado todavía a los 2000 millones de pesos pero voy en 1500 millones de pesos y aspiro a más.

Usted entenderá que el departamento, con un recurso propio de 60.000 millones de pesos no es mucho lo que pueda hacer. Nos agotamos atendiendo y comprando alimentos por emergencias diarias que ocurren en muchos municipios y el desarrollo no puede llegar cuando hay crisis.