Paz Total: muchos diálogos abiertos, pero pocos avances en la negociación

La Paz Total es una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, a dos años de que se termine su mandato, no está claro si será posible sacar adelante los procesos de diálogos que se han iniciado con ocho grupos armados, la mayoría de los cuales han tenido subidas y bajadas desde agosto del 2022.

Según expertos, mantener conversaciones simultáneas con tantas organizaciones es un reto para el Ejecutivo, ya que cada una tiene dinámicas complejas e intereses distintos.

Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, explicó que, desde el punto de vista político, tener abiertas oficialmente todas las mesas de diálogo en el país es posible. Sin embargo, en la práctica no lo es.

“En el territorio es absolutamente inviable, no hay ninguna posibilidad de éxito con tantos frentes de obra abiertos. Es como que con poca capacidad se quisieran construir diez edificios al tiempo. Es decir, es muy poco probable que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, así como está organizada en este momento, lo logre”, aseguró.

En dos años, el Gobierno ha conversado con grupos armados al margen de la ley como el ELN, las disidencias de las Farc Estado Mayor Central (hoy fraccionadas) y la Segunda Marquetalia; el Clan del Golfo y los Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Además, inició procesos con bandas locales como Los Shottas y Los Espartanos, de Buenaventura, y grupos delincuenciales de Quibdó como Los Mexicanos, Los Locos Yam y RPS, y con los combos de Medellín y el Valle de Aburrá.

¿Tendrán beneficios?

A pesar de que se mantienen las conversaciones con todos los grupos, solo la guerrilla del ELN está en miras de un posible acuerdo de paz, en tanto que los demás deberán acogerse al sometimiento de la justicia.

“El que haga el proceso de paz tiene los mismos derechos que las extintas Farc, es decir, tener un partido político, una curul en el Congreso, pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y tener penas mínimas”, explicó Néstor Rosanía, investigador y corresponsal de conflictos armados.

Sin embargo, Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, afirmó que “en cuanto al proceso con el ELN, tras el paro armado en el Chocó, y la fracción del Estado Mayor Central, es crucial evaluar la viabilidad de continuar con el diálogo. La fragmentación de la estructura podría complicar las negociaciones y es esencial considerar la cohesión interna de la organización y su capacidad para comprometerse con el proceso de paz”.

En el caso de los demás grupos armados ilegales, no tendrían beneficios políticos, pero están negociando las penas que se les impondrían en la justicia ordinaria, no en la JEP, aseguró Rosanía y añadió: “Ahora bien, los que no están en proceso de paz intentan entrar a las buenas o a las malas, es por eso que el Clan del Golfo rompió el cese al fuego, porque no los han dejado pasar al lado de los beneficios políticos, que es lo que ellos quieren”.

Cabe resaltar que no todas las estructuras que están conversando con el Gobierno Nacional tienen una ideología política, como es el caso del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que, según Carvajal, son bandas narcotraficantes que están bajo “el disfraz ideológico y político de los paramilitares”.

Por otra parte, los procesos urbanos tienen sus propios retos. Las mesas abiertas en Antioquia para la delincuencia citadina no han tenido avances, expresó Iván Carvajal. Sin embargo, en Buenaventura Los Shottas y los Espartanos, a pesar de ser bandas complejas, sí han tenido compromisos de paz territorial.

A pesar de los avances lentos, Néstor Rosanía expresó que estas conversaciones en las regiones son importantes, porque, “el concepto de Paz Total, el Gobierno lo interpretó como una escalera: el proceso de paz es el más grande y tiene un estatus político, como en el caso del ELN. El otro escalón es el sometimiento a la justicia, donde están el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales grandes, y el último escalón, que es algo que no había pasado antes, es el espacio para los grupos delincuenciales, sean rurales o urbanos”.

Según el investigador y corresponsal de conflictos armados, estos diálogos, aunque han logrado reducir el delito, como en el caso de Buenaventura, donde se ha presentado una disminución de los homicidios, son más difícil de manejar porque, ante el volumen de ganancias que les dejan las rentas ilegales, muchas de estas bandas no quieren un sometimiento a la justicia.

Ante este panorama, “como está plantada la estrategia, es inviable por la poca capacidad que tiene el Alto Comisionado para la Paz y todo recae sobre esa Oficina. Realmente Otty Patiño puede tener toda la voluntad, incluso la experiencia, pero no tiene la capacidad para atender todas esas metas de diálogo abiertas”.

¿Qué pasa con las comunidades?

Todos los grupos armados que dialogan con el Gobierno son generadores de violencia en los territorios, perjudicando a la población civil y los expertos indicaron que, cuando los procesos fracasan, hay un aumento en las acciones delictivas, como sucedió con el paro armado en la subregión del San Juan, Chocó, a manos del ELN.

“Se incrementa el asesinato del líderes sociales, aumentan los desplazamientos masivos y, en general, en todos los hechos victimizantes del conflicto, en especial uno que es despreciable e impacta negativamente a las comunidades y es el reclutamiento de menores por parte de grupos delincuenciales”, dijo Carvajal.

Asimismo, Rosanía afirmó que muchas de estas organizaciones ilegales que conversando con el Gobierno no tienen una verdadera voluntad de paz. “Algunos no tienen una plataforma política ni ideológica, lo que les interesa es la plata. Por eso entraron, para ver qué podían pescar en río revuelto y finalmente se han salido de los procesos, pero siguen siendo generadores de violencia en las comunidades con delitos como la extorsión”.

Por ello, Felipe Fernández concluyó que la implementación de la Paz Total en los dos años restantes del Ejecutivo es un objetivo ambicioso que requiere un enfoque integral “que aborde las causas profundas del conflicto y la participación activa de todos los actores involucrados”.