Policías capturados por las ‘chuzadas’ telefónicas a la niñera de Laura Sarabia no aceptaron cargos

Los cinco policías presuntamente involucrados en el escándalo de las `chuzadas’ telefónicas a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, y capturados por los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y violación de ilícita de comunicaciones, no aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía.

Los servidores públicos implicados fueron identificados como Alfonso Quinchanegua, intendente; Carlos Andrés Loaiza Correa, capitán; Dana Alejandra Canizales Bonilla, Fredy Alexander Gómez Bustamante y Jhon Fredi Morales Cárdenas.

En medio de la audiencia, la Fiscalía dio detalles de las presuntas acciones criminales cometidas por los uniformados, por ejemplo, Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua habrían falsificado el informe de Policía Judicial y de esa manera se habría logrado la orden para poder acceder a los teléfonos de dos de las para poder lograr orden de una fiscal e interceptar los teléfonos de las exempleadas de Laura Sarabia por medio de interceptaciones.

“A través de engaño consiguieron que la fiscal 101 del Grupo de Investigación de Hurtos de la Seccional Bogotá ordenara la interceptación de los abonados celulares (...) pertenecientes a Marelbys del Carmen Meza Huertas, quien trabajaba en la casa de la señora Laura Sarabia como niñera del hijo de aquella, y a Johson Pineda Sarmiento, persona cerca de la señora Meza Huertas”, dio a conocer la Fiscal del caso durante la audiencia.

Adicional, en la misma audiencia se conoció que según lo relatado por la misma Fiscal, en el “informe del 30 de enero lo entregaron unas personas a Alfonso y Dana, incluso al primero le fue remitido el informe a su correo electrónico por parte de Germán Alonso Cabana, pero este informe fue modificado por ustedes dos tanto en su fecha y hora, como en su contenido, incluyendo una actividad que no se hizo en actos urgentes”, recalcó la Fiscal.

De la misma manera, una persona cercana a Marelbys Meza, le expresó a la juez su deseo de ser declarada como víctima porque ella también fue objeto de ‘chuzadas’ telefónicas y, supuestamente, los uniformados la hicieron pasar como parte del Clan del Golfo para poder acceder a su celular personal.

En las dos horas que duró la audiencia de imputación de cargos para los policías capturados, y el particular, la Fiscal fue enfática en decir varias veces que hubo un complot con varias personas que se encargaron de dar instrucciones para que cada uno de los implicados cumpliera una función diferente, con el objetivo final de lograr que los teléfonos chuzados se relacionaran con la investigación que se adelanta contra alias `Siopas`, uno de los comandantes del Clan del Golfo.

En la misma audiencia la defensa de la señora Marelbys Meza le dijo que se declarara víctima de toda esta situación, toda vez que le pusieron un alias, interceptaron su línea telefónica ilegalmente y la hicieron ver como si hiciera parte del Clan del Golfo.

De la misma manera, la defensa de la exniñera Marelbys Meza, también solicitó que ella sea declarada como víctima en este proceso, pues en el momento que la requirieron para hacerle la prueba del polígrafo, ella entregó su teléfono personal desbloqueado, oportunidad que habrían aprovechado para comenzar a espiarla y a su familia y amigos, de la misma manera, Meza denunció haber sido víctima de maltratos a raíz de la supuesta pérdida de la maleta con dinero que se encontraba en el domicilio de Laura Sarabia.

Asimismo, el Fiscal General anunció con anterioridad que para poder acceder a los teléfonos personales de las mujeres, los uniformados les habría atribuido alias, en el caso de Marelbys Meza, fue nombrada como alias de ‘La Cocinera’ y la exempleada Fabiola Perea, que trabajaba por días en la casa de Sarabia, fue nombrada como ‘La Madrina’. Además, afirmaron que las extrabajadoras eran parte del círculo cercano de alias ‘Siopas’, excomandante del Clan del Golfo.

La audiencia próxima audiencia se realizará quedó para el próximo lunes 4 de septiembre, en la que se dictará la medida de aseguramiento que determinará si los uniformados irán a la cárcel.