Por irregularidades en contrato entre el Fondo Único de TIC y Centros Poblados, Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $67.970 millones: Emilio Tapia y Karen Abudinen, exentos de responsabilidad

Un nuevo caso de corrupción se dio a conocer este jueves cuando la Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, imputó responsabilidad fiscal en cuantía de $67.970 millones, a miembros del consorcio, interventores y algunos funcionarios del Fondo de las TIC y Centros Poblados.

De acuerdo con la Contraloría, la imputación se da por irregularidades en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020, “como consecuencia de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna”, al no cumplirse con la entrega total de equipos para llevar internet a zonas rurales del país.

Según el comunicado, esta situación impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado asociados con el proyecto Centros Digitales, “cuyo objeto iba encaminado a instalar 7.277 centros digitales del proyecto en la región B, distribuidas en los 16 departamentos del país, así como, deficiencias en el control y seguimiento adelantado por la interventoría en cumplimiento del contrato 1045 de 2020″.

Con esa información recaudada, se determinó entonces imputar responsabilidad en contra de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, quienes en calidad de contratistas no ejecutaron el contrato 1043 de 2020 en los términos pactados.

El documento explicó que esta falta en la culminación del proyecto, conllevó a la terminación anticipada del contrato “que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud a la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo”.

Adicionalmente, la Contraloría General de la Nación manifestó que se imputa responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor pues fueron ellos quienes dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que la soportaban.

No obstante, los funcionarios pasaron por alto solicitar reunión extraordinaria del comité fiduciario para que el ordenador del gasto hubiera evitado el giro de los recursos, “en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución del contrato 1043 por falta de disponibilidad de los equipos”.

Por último, según el comunicado oficial emitido por el ente de control, la imputación de responsabilidad fiscal también fue para los funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, “al omitir sus deberes que le eran exigibles conforme al manual de funciones de la entidad”.

Cabe decir que, el ente de control desvinculó y archivó el caso a 15 presuntos responsables fiscales “en tanto que su actuar no comportó gestión fiscal”. Entre ellos, quedó libre de responsabilidad el contratista Emilio Tapia por el caso de Centros Poblados, y Karen Abudinen, exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), al no ser gestores fiscales en ese proyecto.

Llama la atención que Tapia ha sido considerado como uno de los cerebros del escándalo que dejó sin internet a los niños de las escuelas en las zonas más apartadas del país. Y de hecho, según publicó Semana, del anticipo entregado por el MinTic, Tapia se habría quedado con más de 6.000 millones de pesos, que repartió entre los representantes legales de las empresas que prestaron su nombre para el entramado de corrupción y la compra de excentricidades como vehículos de alta gama, obras de arte, apartamentos y hasta los honorarios de unos abogados.