Por medio de tutela, magistrado de la Corte Suprema le pide al presidente Petro presentar una nueva terna para fiscal general

La terna presentada por el presidente de la República, Gustavo Petro, para la elección de la nueva cabeza de la Fiscalía General de la Nación enfrenta una nueva discusión judicial. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Botero instauró una tutela con la que pide al Consejo de Estado ordenar al mandatario presentar una nueva terna para fiscal general que incluya un hombre, en aras de la equidad de género.

Según el documento presentado por el magistrado Botero, el pasado 14 de septiembre la Sala Plena de la Corte Suprema negó un recurso que presentó Belisario Jiménez Duque, con el que le pidió al alto tribunal devolver la terna, al considerar que violaba el derecho a la igualdad y la equidad de género.

En la tutela, se expone que en esa decisión, el magistrado Gerardo Botero Zuluaga salvó su voto y advirtió que se vulneraba su derecho porque “no le permite optar por una persona de distinto sexo o género”.

“Una lista integrada por solo mujeres limitaba mi posibilidad de escoger entre la diversidad de géneros, para finalmente direccionar la elección en forma obligatoria e inexorable en una persona del sexo femenino”, explica en el documento.

“Debo destacar que el derecho a la equidad e igualdad de género no puede limitarse únicamente a las mujeres, pues su enfoque busca comprender y abordar las diferencias, desigualdades y roles de género en la sociedad, lo que incluye no solo a las mujeres, sino también a los hombres y a las personas de género no binario o de diversas identidades de género”, agregó.

¿Quiénes son las ternadas?

Como se recordará, el presidente presentó una lista con los nombres de tres mujeres el pasado primero de agosto. Aunque a finales de septiembre, solicitó a la Corte Suprema de Justicia cambiar uno de los nombres de la terna que había enviado en principio, las candidatas siguen siendo tres mujeres.

El mandatario pidió cambiar el nombre de Amparo Cerón por el de la exmagistrada Luz Adriana Camargo, quien trabajó junto con el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, pero mantuvo los nombres de Ángela Buitrago y Amelia Pérez.

Luz Adriana Camargo Garzón trabajó junto al hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuando era magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La nueva ternada también hizo parte del grupo de abogados que acompañó a Velásquez en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Por otro lado, Ángela María Buitrago es abogada del Externado y fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia entre 2008 y 2010, tiempo en el que fue la encargada de investigar a altos mandos militares por la retoma del Palacio de Justicia. Por su despacho pasaron los expedientes del coronel Alfonso Plazas Vega y los generales Jesús Armando Arias e Iván Ramírez.

Buitrago es especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Además, tiene especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas del Externado, y es magíster en Derecho Penal y doctora en Derecho y en Sociología de la misma universidad.

Amelia Pérez fue coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos y llevó investigaciones contra paramilitares y altos mandos militares; en particular, contra Carlos Castaño y Salvatore Mancuso por las masacres de Itagüí, Trujillo, El Aro y Mapiripán, casos que comprometían a miembros del Ejército.

Por sus investigaciones, recibió amenazas y tuvo que huir del país hacia Canadá, donde actualmente se desempeña como consultora. En abril de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares de protección a ella y otros fiscales, entre los que también se encontraba Amparo Cerón Ojeda.