Preocupación por posible plan pistola contra policías

Un nuevo hecho violento sacudió al país cuando la patrullera de la Policía Paula Cristina Ortega, de 27 años, fue asesinada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta en el barrio Calixto, en Neiva, cuando ella se disponía a iniciar su turno el pasado miércoles. Los homicidas hurtaron su arma de dotación y huyeron del lugar.

El mismo día los presuntos responsables, registrados en las cámaras de seguridad de la zona, fueron capturados por uniformados. “En tiempo récord, resultado de una operación candado que ordené en todo Neiva, capturamos a los dos presuntos responsables de asesinar esta tarde a nuestra patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba”, señaló el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca.

Cabe mencionar que los sujetos, capturados en el corregimiento San Antonio de Anaconia, zona rural de Neiva, portaban una granada de fragmentación y dos armas de fuego, una de ellas era de la víctima.

Uno de los puntos más preocupantes es que los presuntos autores materiales del crimen serían parte de las disidencias de las Farc, y que la muerte de Paula Cristina sería el primer asesinato a sueldo de los muchos que estaría planeando este grupo ilegal.

Y es que Iván Mordisco, quien está al mando del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, habría iniciado un plan pistola contra la Policía y estaría ofreciendo hasta cuatro millones de pesos por cada uniformado asesinado.

Esta ola de violencia contra la Fuerza Pública se estaría llevando a cabo como venganza por las acciones que los uniformados están realizando en todo el país, lo que ha golpeado a la estructura criminal.

Además, Iván Mordisco ofrecería un pago por el robo de armas y equipos utilizados por las Fuerzas Armadas.

Se encienden las alarmas

Aunque se puede pensar que el anuncio de esta maquinaria para acabar con la vida de los uniformados en el país es nueva, esto ya ha ocurrido.

“El plan pistola ha sido histórico en el conflicto colombiano, lo han usado varios grupos, buscando generar una percepción de inseguridad o debilidad institucional y fortaleza armada por parte del grupo”, explicó Néstor Rosanía, investigador y corresponsal de conflictos armados.

De la misma manera, el exuniformado de la Policía y experto en seguridad, Héctor Herrera, consideró que “estamos en un punto similar al de la década de los 90, cuando la guerra de Pablo Escobar le empezó a poner precio a la cabeza de los uniformados, con el objetivo de debilitar a la Fuerza Pública”. Además, afirmó que el propósito de estas estructuras es hacerse visibles causando terror y caos.

Por su parte, el coronel (rva), Carlos Soler, exsecretario de Seguridad de Cali, abogado y experto en temas de seguridad y defensa, comentó que es necesario hacer claridad en que existen dos disidencias: el Residual Primero de las Farc, conocida como Gentil Duarte, cuyo líder es Iván Mordisco, y la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez.

“Las dos disidencias tienen confrontaciones entre ellas mismas en el territorio, también confrontan con el ELN y con el clan del Golfo”, explicó Soler.

El exsecretario de seguridad añadió que “estas disidencias han sido golpeadas por la Fuerza Pública, en especial por la inteligencia de la Policía. Entonces que haya un plan pistola para vengar algunos resultados que se han dado no es un tema descabellado”.

Según el especialista, esta dinámica siempre se presenta a puertas de negociaciones entre los grupos ilegales y el Estado, ya que, “tratan de mostrar fortaleza con explosivos y con ataques a la Fuerza Pública para mostrarse fuertes en la mesa y poder exigir más”.

Lo más preocupante para los expertos es que, con estos actos, las disidencias de las Farc no estarían en una dinámica de Paz Total, “porque si hay compromisos por parte del Gobierno y baja la intensidad de las operaciones para generar confianza, mal harían del otro lado buscando asesinar a miembros del Estado”.

Otras amenazas

La banda delincuencial Los Cancerberos lanzó un comunicado amenazante, dirigido a cinco uniformados y una patrullera de la Policía en Tuluá, Valle del Cauca, después de señalarlos como colaboradores de la organización delictiva La Oficina, que según ellos, controla la zona.

De acuerdo con los criminales, estos uniformados habrían recibido sobornos y sueldos por parte de la otra estructura ilegal y por ello son “objetivo militar”, por lo que si los miembros de la Fuerza Pública no salen del territorio serían asesinados.

Por esta razón, los especialistas coinciden en que las autoridades deben estar en posición defensiva, entendiendo el momento coyuntural al que se enfrentan y negarle oportunidad de éxito a los grupos armados.

Néstor Rosanía es claro en que las Fuerzas Militares deben “redoblar las acciones de inteligencia y contrainteligencia, además de poner en acción el protocolo de autoprotección que tiene la Policía para estos casos”.

“Ellos deben defender sus vidas, las de sus familias y la de la población civil”, concluyó Soler.