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Procuraduría sancionó a exdirector de la cárcel de Tuluá por incendio en el que murieron 56 internos
El organismo de control advirtió que las omisiones de los funcionarios agravaron la tragedia.
María Camila Renteria
Comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, con experiencia en medios digitales y en radio. En El País se desempeña como periodista multifuente desde el año 2022.
30 de dic de 2024, 07:21 p. m.
Actualizado el 30 de dic de 2024, 07:21 p. m.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo al exdirector encargado de la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, y a tres guardias del Inpec por su responsabilidad en el incendio que causó la muerte de 56 internos en junio de 2022.
La decisión disciplinaria responsabiliza a los funcionarios por omisiones en sus funciones que habrían agravado la situación durante el motín que desencadenó el fatal incendio. Según el ente de control, una riña entre internos por el control del microtráfico en el patio 8 del penal generó el fuego que se propagó rápidamente.
El Ministerio Público determinó que el exdirector del centro penitenciario, Arely Julián Fernández Torres, no garantizó las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad dentro del establecimiento carcelario.
A pesar de conocer las constantes disputas entre los líderes de las bandas criminales, el entonces directivo no implementó acciones efectivas para prevenir incidentes de esta magnitud.
Por su parte, los guardias Javier de Jesús Orozco Gómez, Luis Felipe Cruz Arredondo y Edilson Alberto Marín Marín fueron hallados culpables de omitir sus deberes de vigilancia y custodia. Su omisión contribuyó a que la situación se saliera de control y terminara en una tragedia.
“Las pruebas de campo realizadas nos permitieron evidenciar que el efecto propelente (aerosol) que tienen los componentes de la granada lacrimógena utilizada el día de los hechos para expulsar el agente químico o gas CS, sirvió como multiplicador del fuego producido por las colchonetas que previamente habían sido encendidas presuntamente por el personal privado de la libertad”, concluyó el organismo de control en su momento.
Las sanciones impuestas a los funcionarios van desde nueve hasta 11 meses de suspensión en el ejercicio de sus cargos, pues la Procuraduría calificó las faltas cometidas como graves con culpa grave.
Sin embargo, los sancionados aún pueden apelar esta decisión ante la Sala Ordinaria Disciplinaria de Juzgamiento.
María Camila Renteria
Comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, con experiencia en medios digitales y en radio. En El País se desempeña como periodista multifuente desde el año 2022.
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